— Después de cuatro horas de discusión la Corte Plena votó a favor de oponerse al Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Según consideraron la mayoría de los magistrados el proyecto de ley afecta la independencia del Poder Judicial.
— En resumen, los altos jueces señalaron su oposición a las partes del 20.850 que se relacionan con:
- La obligación de seguir lineamientos técnicos del Servicio Civil en el Poder Judicial.
- Las limitaciones que impondría la regla fiscal al presupuesto del Poder Judicial en situaciones de crisis financiera.
- Que la rectoría de evaluación de desempeño sea ejercida por el MIDEPLAN.
- Las restricciones en materia salarial y en pluses para funcionarios y funcionarias del Poder Judicial.
— A pesar de que el acuerdo tomado menciona 4 puntos principales la discusión se centró principalmente en el tema de la rectoría de evaluación de desempeño por parte del Mideplan que propone la reforma. A la Corte no le bastó que Mideplan explicara que se trataría de lineamientos generales y que cada poder e institución autónoma tendría independencia de modificarlos así que le pidió a la Asamblea retirar ese punto del proyecto en el caso del Poder Judicial.
— La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, había hecho llegar una carta a Corte Plena aclarando —una vez más— que la rectoría de Mideplan respetaría las particularidades y peculiaridades del Poder Judicial en políticas salariales pero no logró convencer a los magistrados.
— El acuerdo final de Corte Plena fue tomado por 11 magistrados de 16 que votaron ya que 6 de los 7 integrantes de la Sala Constitucional decidieron abstenerse de la discusión tomando en cuenta la alta probabilidad de que el 20.850 sea enviado a consulta a la Sala Constitucional.
Dato D+: Los magistrados que votaron para oponerse al proyecto fueron: Carmenmaría Escoto y William Molinari de la Sala I; Orlando Aguirre, Julia Varela, Marcela Allón (suplente), Héctor Blanco (suplente) y Jorge Olaso (suplente) de la Sala II; Sandra Zúñiga (suplente), Jorge Desanti (suplente), Rafael Segura (suplente) de la Sala III y Fernando Cruz presidente de la Corte y miembro de la Sala Constitucional.
— Esta resolución pone al Congreso en una encrucijada: si quiere aprobar el proyecto con menos de 38 votos necesita implementar todas las observaciones hechas por la Corte; si quiere ignorarlas, necesita 38 votos a favor y eliminar el trámite 208 bis que se le venía dando al proyecto.
— Fernando Cruz, presidente de la Corte y magistrado de la Sala Constitucional, anunció al inicio del debate que en caso de que el proyecto sea enviado a la Sala se inhibiría de conocerlo, así que sí participó activamente del debate y de la votación en Corte Plena. De hecho, para ser un hombre a quien históricamente se lo caracterizó como de bajo perfil, ayer se robó el show.
— El presidente de la Corte no desaprovechó el espacio para enviar un airado mensaje a la Asamblea Legislativa y a quienes le han criticado por oponerse al proyecto, incorporando además varias frases memorables que incluso le significaron calurosos aplausos de las barras sindicales que se hicieron presentes.
— Hay que destacar que durante su participación el magistrado Cruz aseguró que iba a renunciar al índice gerencial (beneficio salarial que otorga un 97% de su salario base adicional) a fin de "tener autoridad moral para hablar".
— Cruz reventó las redes sociales a partir de una frase en particular: “¿O es que nosotros, clase media, vamos a resolver la pobreza del país?”. Incluso si se refería a todo el Poder Judicial —y no exclusivamente a los magistrados— la salida probó ser más que desafortunada. Sin ir muy lejos, es un “nosotros” más que incómodo pues su ingreso neto actual es casi 2 veces el ingreso promedio del decil 10 del país (léase: el más alto), o unas 8 veces el ingreso promedio de la clase media...
Dato D+: Incluso con la renuncia de Fernando Cruz al índice gerencial, su salario neto (₡4,9 millones) seguirá estando por encima del promedio del decil 10 del país y muy por encima del ingreso promedio de la clase media.
— En otro momento emotivo Cruz dijo: “Entonces, ahora el Poder Judicial debe resolver la pobreza. Bueno, tal vez sea otra función que nos puedan dar. Puede ser. Es posible”. Cabe preguntarse: ¿qué necesidad tenía de convertir su argumentación jurídica en un discurso político? Sabrá Dios, lo cierto del caso es que no faltó quién aplaudiera incluso esas salidas que, francamente, en este momento de evidente crisis, a nuestro parecer, sobran.
— Otra consulta, todavía más incómoda: ¿cómo ponerse de acuerdo para una reforma fiscal a los ojos del magistrado si incluso dijo que a su criterio “todo proyecto tramitado por vía rápida 208bis es inconstitucional”? ¿Qué margen de acción le está dejando a la Asamblea entonces para legislar encima en un tema en el que nunca logramos ponernos de acuerdo?
— Si un proyecto se mueve por tramite ordinario, como desea el presidente de la Corte, un solo diputado puede entrabarlo de forma permanente a punta de mociones (Otto Guevara Style). Y de todos los temas, una reforma fiscal —la que sea— siempre va a encontrar ferreos opositores dispuestos a poner cuanta traba puedan al proyecto.
— Seamos francos, si seguimos la posición del magistrado Cruz resultaría materialmente imposible que se aprueben proyectos de reforma fiscal. Mejor apague y vámonos… ¿O acaso estamos todos obviando que en serio tenemos décadas sin resolver esto?
— El evidente problema de gobernabilidad que tenemos —incomode a quien incomode— lo evidenció el magistrado Román Solís, cuyas palabras también merecen eco y quien señaló:
“Algo anda mal en el Estado costarricense. Algo hace que estas cosas no funcionen y que el engranaje de conducción política del Estado en manos del Ejecutivo y del Legislativo esté haciendo chirridos, porque es imposible que un Estado sea conducido por 22 magistrados, como también es imposible que ese mismo Estado tenga que ser conducido por 7 magistrados. Lo digo de esta manera porque las cosas hay que decirlas claras y de manera directa”.
— Y vaya si algo anda mal cuando la decisión de —tratar de— mejorar las precarias finanzas del Estado depende del visto bueno del Poder Judicial. Una. Y otra. Y otra. Y otra. Y otra vez. Lo más triste es que que resulte un “tabú” o “una falta de respeto” o un “intento de manipulación” poner el tema sobre la mesa. ¡Como si no fuera una discusión tan necesaria como válida! ¡Como si eso se tradujera a dinamitar la independencia del Poder Judicial! ¡Como si en serio se nos pudiera limitar a los costarricenses nuestro derecho a exigir conversaciones plurales y democráticas tan importantes como cada letra de la Constitución!
— En fin. La discusión en Corte Plena contó con la defensa —casi solitaria— de la magistrada Iris Rocío Rojas, quien por alrededor de 40 minutos defendió los argumentos jurídicos por los cuales desde su punto de vista el proyecto de ley no afecta la independencia judicial. Como era de esperar sus palabras, en Corte Plena, cayeron en oídos sordos.
— Evidentemente, y también para sorpresa de nadie, las reacciones por la decisión de la Corte no se hicieron esperar. La contralora general, Marta Acosta señaló al Semanario Universidad la preocupante situación en la que se vería el Estado si la discusión de una reforma fiscal termina devolviéndose al punto de partida:
"Que no tengamos Plan Fiscal pronto implica que el Gobierno no tendrá recursos frescos pronto. Y si no hay recursos frescos pronto entonces ¿cómo se va a financiar el Gobierno?".
— Posteriormente, luego de que se le preguntara por qué se ha venido “alarmando” a la población de una eventual crisis que nunca llega, la contralora fue bastante contundente:
"En aquel momento no estábamos pidiendo un 58% de endeudamiento... los números son muy críticos ahora. Si alguien les dice 'ahí viene el lobo, ahí viene el lobo', yo les informo que el lobo ya llegó y está sentado en la sala".
— Entre tanto, en la Asamblea, los jefes de fracción que se oponen al proyecto señalaron que ellos habían avisado de la posible intromisión en el Poder Judicial y que ahora lo mejor sería devolver el proyecto a comisión legislativa para de paso arreglarle varias cosas adicionales.
— Mientras tanto, los jefes de las fracciones a favor del proyecto, fueron críticos de la Corte e hicieron un llamado a lograr mayores consensos en el Congreso —para tratar de alcanzar los 38 votos— o hacer uso de otras vías legislativas para lograr la aprobación, incluyendo la posibilidad de que una eventual consulta a la Sala Constitucional pudiera pasarle por encima al criterio de la Corte Plena...
— Esto fue reafirmado por la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, quién en declaraciones posteriores a la decisión de la Corte fue cauta en señalar que la Asamblea cuenta con varias formas de solucionar el problema del criterio negativo de la Corte Plena. Ya veremos.
— Sea como sea el futuro del Plan Fiscal pende de un hilo y las miradas ahora dejan la Corte para posarse específicamente sobre la Sala Constitucional. Si ayer las finanzas del país dependían de 22 magistrados próximamente serán solo 7 los que deberán decidir el futuro del proyecto...
Bonus Track: La presentación realizada por la contralora general de la República el día de ayer a la Comisión de Asuntos Hacendarios deja en evidencia la preocupante situación fiscal que espera al país en el 2019. Acá pueden ver la presentación completa.
Hidden Track: Vía Semanario, Carlos Alvarado: “Estamos dispuestos a promover consensos” y “Muchos han utilizado el discurso de la lucha contra la pobreza para que no les toquen salarios ni privilegios”. ?
Remix: También, vía Sema: Un actual ministro y 31 exdiputados pidieron a Sala IV mantener sus pensiones de lujo.
Esta nota es parte del Reporte: De 38 días de huelga… 38 votos en el Congreso… y el lobo sentado en la sala.
