Once magistrados de la Corte Plena exigieron a la Asamblea Legislativa liberar al Poder Judicial de la regla fiscal, el recorte a los pluses, los topes a los salarios y de obedecer lineamientos del Ministerio de Planificación en cuanto a empleo público; todas disposiciones contenidas en el plan fiscal.

Se trata de los magistrados Fernando Cruz (Sala IV), Orlando Aguirre (Sala II), Julia Varela (Sala II), Marcela Allón Zúñiga (Sala II), Héctor Blanco (Sala II), Jorge Olaso (Sala II), Sandra Zuñiga (Sala III), Jorge Desanti (Sala III), Rafael Segura (III), Carmenmaría Escoto (Sala I) y William Molinari (Sala I).

Tras una sesión de cinco horas, los magistrados indicaron que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tramitada en el expediente 20.580, afecta la organización, funcionamiento e independencia del Poder Judicial.

Lo anterior pone al Congreso en una encrucijada: si quiere aprobar el proyecto con menos de 38 votos, necesita implementar todas las observaciones hechas por la Corte; si quiere ignorarlas, necesita 38 votos a favor y eliminar el trámite 208 bis que se le venía dando al proyecto.

Aunque en sus discursos los magistrados insistieron que la oposición no era por un tema salarial, sí incluyeron esos aspectos en sus demandas para no oponerse al proyecto.

En primer y segundo lugar, exigen que se elimine la rectoría del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) en cuanto a empleo público y la obligatoriedad de seguir lineamientos técnicos y metodológicos del Servicio Civil, para hacer las evaluaciones del desempeño de los funcionarios judiciales.

De este modo el Poder Judicial quedaría exonerado de tener que hacer evaluaciones del desempeño para otorgar las anualidades a sus funcionarios, como sí ocurre en el resto del sector público en la actualidad.

La tercer demanda es liberar al Poder Judicial de los eventuales efectos que tenga la regla fiscal contenida en el proyecto, tanto en los destinos específicos creados a su favor como en la formulación del Presupuesto Nacional.

Según el texto actual de la reforma fiscal, el crecimiento del gasto estará limitado tanto por el crecimiento del PIB, como por el nivel de deuda que tenga el Estado y en caso de una situación fiscal crítica, el Ministerio de Hacienda podrá girar los recursos obligados por destinos específicos según haya disponibilidad de dinero.

Aunque la Sala Constitucional ya ha dicho que el impacto presupuestario de una ley aprobada por el Congreso no es parámetro de constitucionalidad suficiente como para que la Corte se oponga a un proyecto, la Corte incluyó esa exigencia.

Finalmente, los magistrados demandan que se eliminen las restricciones establecidas en materia salarial y sus respectivos componentes para funcionarios del Poder Judicial, lo cual incluye el congelamiento de los altos salarios y la disminución de pluses salariales para nuevos funcionarios (prohibición, dedicación exclusiva, carrera profesional, etc.)

Con esa medida, además, el Poder Judicial pretende quedar habilitado para crear nuevos pluses sin necesidad de una ley, como sí quedaría establecido para el resto del sector público.

LA VOTACIÓN

  • EN CONTRA POR AFECTAR AL PODER JUDICIAL: 
    • Fernando Cruz (Sala IV)
    • Orlando Aguirre (Sala II)
    • Julia Varela (Sala II)
    • Marcela Allón Zúñiga (Sala II)
    • Héctor Blanco (Sala II)
    • Jorge Olaso (Sala II)
    • Sandra Zuñiga (Sala III)
    • Jorge Desanti (Sala III)
    • Rafael Segura (III)
    • Carmenmaría Escoto (Sala I)
    • William Molinari (Sala I).
  • A FAVOR, SIEMPRE  Y CUANDO SE INTERPRETE CONFORME A LA CONSTITUCIÓN Y AL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA DE PODERES: 
    • Román Solís (Sala I)
    • Jaime Robleto
    • Jesús Ramirez (Sala III)
  • A FAVOR, PUES EL PROYECTO NO AFECTA EL PODER JUDICIAL
    • Iris Rocío Rojas (Sala I)
  • A FAVOR, AUNQUE AFECTE EL PODER JUDICIAL
    • Luis Guillermo Rivas (Sala I)