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Cuando en el 2017 se presentó en la Asamblea Legislativa el Presupuesto ordinario y extraordinario 2018 por parte del Ejecutivo, era presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso. En ese entonces, los argumentos del Ministerio de Hacienda para su defensa aludían que la baja en el presupuesto en un 3,2% obedecía a la contención de gasto y austeridad, por un mal llamado estado de necesidad.

Detección de faltante

De forma responsable procedimos a realizar un análisis detallado del presupuesto 2018, y detectamos que alrededor de 1.500 subpartidas de las 8.500 contenidas, fueron subestimadas entre un 40% o 50% menos, en comparación con los valores realmente ejecutados en las mismas partidas de años anteriores. Principalmente en partidas que tienen un comportamiento casi igual todos los años, por corresponder a gastos fijos como marchamos, cuotas patronales, no incluyeron incremento de cuota del Estado a pensiones, disminuciones importantes en infraestructura, salud, entre otros.

Así fue como descubrimos una disminución en el renglón de amortizaciones de la deuda en un 13%, lo cual generó serias dudas sobre dicha proyección. Dicho análisis fue expuesto al gobierno quienes por ley tienen la responsabilidad de la formulación del presupuesto y sus proyecciones; quienes nos aseguraron que el contenido del presupuesto era suficiente, y que obedecía a contención de gasto. Inclusive en audiencia con personeros de Hacienda, la viceministra de egresos manifestó en actas que la proyección de deuda se presupuestó considerando el canje del 50% de la misma y que por eso disminuía, lo cual es una práctica sumamente riesgosa ya que podrían quedarse sin presupuesto, como está sucediendo. Sin embargo, nuestras dudas prevalecieron y las dejamos plasmadas y documentadas en el informe de minoría de la subcomisión de presupuesto y en el dictamen de minoría de la comisión de asuntos hacendarios, así como lo manifesté en el Plenario Legislativo y en diferentes medios de comunicación.

Hoy el tiempo nos da la razón, surge la necesidad de presentar un nuevo presupuesto para poder hacer frente a la deuda y los gastos del gobierno, y por sorprendente que suene, el Gobierno se anuncia que este no será suficiente, existiendo la necesidad de otro presupuesto extraordinario para ajustar la disminución en la captación de ingresos.

Adicionalmente, el actual gobierno conocedores de la situación de la deuda no informó oportunamente, y procedió a realizar pagos de amortización sin el contenido presupuestario que viola el artículo 110 inciso f de la ley de administración financiera de la república y presupuestos públicos.

Cálculo político

A la hora de elaborar un presupuesto se debe cumplir con los principios de anualidad, de transparencia y respetar la técnica presupuestaria, los cuales a todas luces no fueron respetados. Así las cosas, nos preguntamos entonces ¿por qué no se reflejó nunca la realidad fiscal en los presupuestos del pasado gobierno? ¿Por qué tratar de simular que hubo contención de gasto, sin decir la realidad de que obedecía a una reducción de partidas a seis meses y disminución en la proyección de la deuda? Dejándole al siguiente gobierno la responsabilidad de resolverlo. De lo que no nos queda ninguna duda es que el presupuesto tenía un alto contenido de cálculo político en un año electoral.

Tema fiscal

Es curioso que fuera el mismo gobierno del PAC el que a inicios de su administración consideró que el tema fiscal no era de temer. Igualmente, llamativo resulta que fuera este partido, uno de los acérrimos enemigos de la solución fiscal promovida durante la administración Chinchilla Miranda, que finalmente se traerían abajo a través de la Sala Constitucional.

El Gobierno hizo caso omiso a los llamados que en varias ocasiones hicimos desde el primer año de la administración anterior, en búsqueda de una reforma fiscal integral, que mejorará la recaudación, contuviera el gasto público y controlara sus disparadores, reactivara la economía y replanteara las cargas tributarias. Todo fue ignorado.

Por el contrario, en febrero del 2017 retiró el proyecto de empleo público a complacencia de varios sectores sindicales, para apaciguar las calles y evitar las huelgas, pero sacrificando la viabilidad política de la reforma fiscal.

Contención de gasto

Fue la oposición quien tuvo las iniciativas de abordar el tema de gasto en la Asamblea, hicimos grandes esfuerzos para impulsar proyectos para este fin, como por ejemplo los 5 proyectos de pensiones con cargo al presupuesto entre ellos pensiones de lujo y de la Corte Suprema de Justicia; se le dieron instrumentos y herramientas a la administración tributaria para mejorar la recaudación; se trabajó el tema de transferencias que no se ejecutan vuelven a caja única; ley contra el contrabando, contra fraude fiscal, entre otros.

Dejamos redactadas y con tres lecturas las reglas fiscales constitucionales, además presentada la regla fiscal para incluir el principio de responsabilidad presupuestaria, las cuales son fundamentales para ordenar las finanzas del país.

A nueve meses de terminar la anterior administración, el Gobierno anuncio medidas que debieron ser tomadas desde el día uno del mandato presidencial, pero el deber ser y el deber hacer, sucumbieron a los deseos de resguardar la popularidad y aspirar a ser Gobierno nuevamente.

El pueblo les encomendó encontrar una solución a la crisis fiscal, que amenaza la tranquilidad económica de los costarricenses. Pero, por el contrario, la acrecentaron: al posponer por tres años medidas para contener el gasto y el desmesurado e irresponsable aumento en el gasto público.