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Cuando era joven mi madre me enseñó que cuando uno no quería hacer algo simplemente encontraría una excusa tras otra para evitar enfrentarlo y asumir su responsabilidad...

Pues bien, ayer vía Monumental los costarricenses nos enteramos de que según Luis Fernando Salazar, magistrado de la Sala Constitucional, las acciones de inconstitucionalidad que buscan legalizar las uniones de hecho y el matrimonio homosexual —con retrasos de hasta cinco años— no se han podido votar porque la Sala lleva tres años con una plaza de magistrado titular vacante.

Es decir, de acuerdo con Salazar, en breve, la culpa es de los diputados. En declaraciones a Monumental, Salazar dijo:

La Sala Constitucional no ha podido resolver asuntos complejos esperando que el Congreso nombre la vacante del anterior presidente, don Gilbert Armijo, que ya cumplió tres años, y resulta que nosotros no podemos conocer acciones de inconstitucionalidad que afectan al país porque teníamos pendiente uno... y tiene tres años el concurso de Armijo desde que se jubiló, y ya tenemos otra vacante de don Ernesto Jinesta Lobo, también presidente”.

Esta afirmación violenta los principios más básicos de justicia pronta y cumplida establecida en nuestra constitución y además nos demuestra que cualquier argumento se puede utilizar aunque no tenga validez alguna. La Sala Constitucional tiene magistrados y magistradas suplentes que tienen la misma potestad jurídica que cualquier magistrado titular, de hecho las afirmaciones hechas por el señor magistrado Luis Fernando Salazar, denigran la labor y la capacidad de los magistrados suplentes existentes en la sala constitucional. ¿Acaso no están en la capacidad de suplantar a cualquier titular en cualquier momento? ¿Acaso no es precisamente eso lo que hacen?

Me pregunto ¿qué dirán los magistrados suplentes al escuchar tales declaraciones? ¿Simplemente guardarán silencio dando razón al magistrado Salazar o se manifestarán defendiendo su posición y su trabajo?

Por otra parte hay que señalar que es claro en las declaraciones dadas por el señor Salazar que la Asamblea Legislativa ha violentado los plazos legales y razonables establecidos por la ley para nombramiento de los magistrados titulares que han dejado ya un total de 8 plazas vacantes. Pero argumentar que ese incumplimiento del Poder Legislativo es válido para dejar en un estado de vulnerabilidad aquellos que acuden a solicitar justicia claramente violenta el principio de independencia de poderes y de la continuidad de acción del Estado.

No podemos seguir buscando argumentos para evadir la toma de una decisión que tiene una relevancia social y política para toda la ciudadanía costarricense.

Hacemos un llamado respetuoso y vehemente a los magistrados de la Sala Constitucional y en especial al señor magistrado presidente en ejercicio, don Fernando Cruz, para que convoque las acciones pendientes y sean vistas por la Sala. Las decisiones más difíciles y controversiales de la historia siempre estuvieron rodeadas de cuestionamientos o dificultades para ser tomadas, pero personas visionarias vieron más allá del presente y avanzaron hacia el futuro.

El tiempo correcto es hoy y Costa Rica así lo exige.