1.
La Corte se metió en camisa de once varas
— Ayer la colega Hulda Miranda escribió: “Una minoría de magistrados del Poder Judicial decidieron que su presidente y otros miembros de Sala III pueden ignorar prueba, avalar una mentira, desestimar una causa contra diputados, y que eso solo amerita una llamada de atención. Deberíamos tener derecho a conocer sus nombres”.
— Deberíamos, sí. Este es solo un ejemplo más de los varios serios problemas que presenta el procedimiento con el que actualmente se conocen las causas administrativas en la Corte. ¿Cómo es posible que la votación y la discusión sea secreta? ¿Por qué se le tiene tanto pavor en este país a la transparencia cuando se trata de los más altos funcionarios del Estado? Es inadmisible.
— Por eso tiene toda la razón Eli Feinzaig cuando escribe:
“La reputación del Poder Judicial ha amanecido hecha trizas por la vergonzante decisión de la Corte Plena -tomada bajo el cobarde velo protector del voto secreto- de apenas sancionar con una cartita a los magistrados de la Sala Tercera que el año pasado desestimaron la causa seguida contra algunos exdiputados por sus muy evidentes y profusas relaciones con el empresario Juan Carlos Bolaños, de triste y cementada reputación, haciendo caso omiso de la abundante evidencia presente en el expediente”.
— La lista de irregularidades en torno a este procedimiento va más allá. Basta con preguntarse con qué cara se pide a los amigos del presidente que lo juzguen. ¿En qué cabeza cabe? La debacle del vergonzoso fallo trasciende lo moral y lo ético y alcanza lo legal. Quien piense lo contrario no sacó su título en derecho y si de algo estamos seguros es de que los 22 magistrados tienen mínimo uno bajo el brazo.
— “La Corte entra en coma”, escribió ayer José Manuel Arroyo, quien dice “Hace rato que la Corte Suprema de Justicia es un organismo gravemente enfermo”. Lo sabrá él, que fue su vicepresidente. Lo sabrá él, que salió de la Sala Tercera poco después de que a Costa Rica, representada por sus diputados, se le ocurrió que era una extraordinaria idea nombrar a Celso Gamboa como magistrado.
— Gamboa, que pareciera hoy tener más dignidad que su excompañeros, pues él mismo supo leer la treta que pensaban aplicar en este caso. Recordemos que a inicios de mes dijo: “el hecho de que la Corte no aceptara la inhibitoria de Rocío me permite prever que no va a pasar nada con la investigación de la Sala III”. Vaya que tuvo razón.
— “¿Qué capacidad de liderazgo podrá tener un cuerpo enfermo, empantanado en el más absoluto descrédito?” La pregunta es del propio Arroyo y la suscribimos, aunque se enojen los magistrados, los suplentes y hasta los letrados. Si la Corte Suprema de Justicia piensa que esto no le mancha la cara más allá de lo que cualquier pensión de lujo pueda tapar no hace otra cosa que caer en desgracia a partir de la soberbia. Eso y por supuesto, subestimar al pueblo, muy bien representado en las palabras de Gloria Navas:
“Vergüenza nacional y ajena nos produce y se nos revuelven las entrañas del rechazo que sentimos ante conductas que ni nada más ni nada menos, provienen del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y de los cinco integrantes en total de la Sala Tercera, la SALA PENAL, la más sancionadora, en conjunto con el ya exhibido, investigado y despedido Juez Magistrado Celso Gamboa”.
— En la misma dirección, el más reciente editorial de Silvia Ulloa (directora de CR Hoy), no pudo ser más contundente: “En un país como el nuestro, deseoso de transparencia y claridad, la decisión tomada ayer no es más que una burla”. El texto, que recomiendo lean de cabo a rabo —no como leyeron los magistrados el infame expediente— ofrece un cierre que lo dice todo: El desencanto es total. Señores magistrados, ¿no les da pena? A mí sí, pena ajena y dolor.
— Por lo pronto, las investigaciones por la vía penal continúan. A lo interno del Poder Judicial, células revolucionarias empiezan a hacer efervescencia. En la ciudadanía... también. ¿En el Congreso? Ya desde el PAC y el PUSC se ha enviado un mensaje muy claro a los magistrados: pueden ir olvidándose de ser reelectos. Es de esperar que las otras bancadas hagan lo propio.
— Curiosamente, tal salida, por la puerta de atrás, será mucho más bochornosa que la sanción de dos o tres meses que podrían haber recibido si sus compañeros hubieran tenido un mínimo de vergüenza. Porque no ser reelecto en una magistratura es mucho, pero mucho peor que ser suspendido. Lo primero es producto de un error, que ninguno de nosotros está por encima de cometer. Lo segundo, de la pérdida de confianza del pueblo costarricense y francamente no se me ocurre peor deshonra que esa.
— Bonus track: Ya inició en redes el movimiento #CRExigeSaber que tendrá un solo resultado: sabremos. Por acá les explican cómo participar.
— Hidden track: En Semanario: Exdiputados de la comisión investigadora reprueban ‘leve’ castigo contra los magistrados de la Sala III.
2.
El FEES regresa
— El día de ayer, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) publicó que hoy el Gobierno tiene pensado firmar el acuerdo para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del año 2019, con un crecimiento proyectado del 3%. El anuncio lo hicieron en base a la exposición del rector Henning Jensen del tema al Consejo de Rectoría Ampliado.
Dato D+: El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) es el monto que asigna el Estado para financiar la educación pública universitaria y se reparte entre 4 universidades públicas del país (UCR, UNA, TEC y UNED).
—Las negociaciones del FEES arrancaron el 28 de junio y ya se tenía información de que estaban prontas a terminar con un acuerdo. Así lo había anunciado la semana pasada a Columbia el rector de la UNA, Alberto Salom:
“Todavía no hemos llegado a un finiquito de las conversaciones. Estamos, como digo, a punto de llegar a un acuerdo, que no va a ser muy [favorable] para las universidades esta vez, por razón del contexto en el que estamos”.
Dato D+: Según la Constitución Política el FEES debe negociarse cada 5 años, en los años divisibles entre 5. Sin embargo, desde el año 2015 las negociaciones se han venido haciendo anualmente.
— El tema de fondo era el encuentro entre la posición del Gobierno de no aumentar presupuestos para el 2019 contra la de las universidades que reclamaban el derecho a un incremento y a acercarse al 1,5% que les corresponde. Hay que recordar que en 2016, el Gobierno de Luis Guillermo Solís se había comprometido a un plan de ajustes paulatinos para que al 2020 el FEES alcanzara ese 1,5%. En aquella ocasión el Gobierno había señalado que para llegar a eso, era necesaria la aprobación de nuevos impuestos por parte de la Asamblea Legislativa, algo que 2 años después todavía no ha ocurrido.
— El mensaje de la FEUCR también señala la supuesta intención del Gobierno de incluir en la reforma fiscal los presupuestos del INA y las Redes de Cuido, para alcanzar el 8% del presupuesto nacional dedicado a la educación que establece la Constitución.
— Sin embargo, hay que señalar que a la fecha, dicha medida no es parte del proyecto en discusión ante la Asamblea Legislativa. Adicionalmente, vale recordar que la Sala IV ya se había manifestado en 2012 en contra de que se incluyera el presupuesto del INA dentro del calculo de educación, al no provenir los recursos del Gobierno Central.
Dato D+: La acción de inconstitucionalidad de 2007 que declaró inconstitucional la inclusión del presupuesto del INA en el cálculo del porcentaje del PIB asignado a Educación fue interpuesta por la entonces Contralora General de la República y actual ministra de Hacienda: Rocío Aguilar Montoya.
— De concretarse el aumento del 3% al FEES, el mismo subiría a una suma de 511.167 millones de colones, lo cual representaría aproximadamente un 1,36% del PIB, lejos del aspirado 1,5% y menos del 1,46% que alcanzó en 2017 cuando más se acercó a ese 1,5% del PIB.
— Por último, es importante rescatar el mensaje final que realizó la FEUCR a las autoridades universitarias:
En estas circunstancias de problemas financieros, hacemos un llamado a hacer un análisis interno de la distribución y gasto de las universidades, en especial nuestro caso como Universidad de Costa Rica. Esto para lograr una utilización más efectiva de nuestro presupuesto. Es importante hacer autocrítica y tratar de mejorar nuestro papel como generadores de movilidad social, para devolver a Costa Rica todo su aporte.
— Este mensaje es clave para las universidades públicas donde los salarios y beneficios representan el 60% del presupuesto, porcentaje razonable para instituciones que dependen del capital humano para operar. Sin embargo, es sabido que las disparidades salariales entre propietarios e interinos crean comunidades de dos clases: los primeros con salarios exorbitantes gracias a sus pluses salariales y los segundos -68% de la comunidad docente en el caso de la UCR- en condiciones mucho más desfavorables.
— No se trata, naturalmente, de que todos tengan acceso a beneficios injustificados, sino de que se le ponga limites a los abusos. Más allá de los salarios, por supuesto: todos los recursos universitarios deben ser usados para que se les saque el mayor beneficio posible para la sociedad.
3.
Calienta la disputa por la Defensoría
—“Un candidato a la @defensoriacr usa el hashtag #NoViolenciadeGénero para justificar su recurso de amparo contra el hecho de que tres mujeres tuvieron mejores calificaciones que él. Tiene que ser una muy mala broma que con esa perspectiva de género pretendiera asumir la DHR”.
— La frase es del diputado Enrique Sánchez, quien alude a Carlos Hidalgo, jefe de prensa del ministerio de Seguridad que presentó ayer un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. Hidalgo reclama que la Comisión de Nombramientos del Congreso seleccionó a tres mujeres en la terna finalista que recomendó al Congreso para el puesto de mando en la Defensoría de los Habitantes. ?
— Naturalmente, como bien indica Luis Madrigal en la nota que publicamos ayer —compilando los dos insólitos reclamos que se han presentado vía judicial—, la Sala le recordará a don Carlos que la terna es solo una recomendación y el Plenario no está obligado a designar a ninguna de las tres candidatas...
— En efecto, distintas fuentes del Congreso nos han confirmado que las tres candidatas no tienen precisamente allanado el camino hasta Barrio México así que por ahora... nada está dicho.
— Bonus track: De Cristian Cambronero: Dudas sobre candidata con más votos para Defensora de los Habitantes.
4.
Barra de prensa
La Asamblea Legislativa tiene pendientes de realizar 15 nombramientos de magistrados propietarios y suplentes de todas las salas de la Corte Suprema de Justicia. Algunos llevan esperando desde el año 2015 y por el momento, no hay señales de que los diputados tengan la voluntad de hacer esas designaciones en el corto plazo. Todos los detalles en Barra de Prensa (Sección exclusiva para suscriptores de Delfino +).
5.
Barbas en remojo
El editorial de hoy no es mío. Lo escribe Jorge Cornick, a quien se lo robo:
Salarios, pensiones e impunidades.
Grupos de funcionarios públicos que, sin tener ni la responsabilidad de generar los ingresos de sus propias instituciones, ni la de velar por el balance de las finanzas públicas, decretan para sí mismos beneficios salariales escandalosos y pensiones de privilegio, sin límite y sin rendir cuentas ante nadie.
Grupos de funcionarios públicos que decretan su propia impunidad ante faltas graves en el ejercicio de sus deberes, aunque no dudaron en sancionar faltas semejantes cuando fueron cometidas por sus subordinados.
La urgencia de un régimen único de salarios en el sector público, por justicia, por imperativo de supervivencia fiscal, y por decencia, nunca ha sido tan clara como en este momento.
Y la urgencia de una reforma profunda del poder judicial no es menos evidente.
La impunidad de unos al abusar en beneficio propio del erario público, y la de otros que evalúan sus propias faltas en votación secreta y deciden imponerse sanciones que tienen, si acaso, valor simbólico, ponen en peligro algo más grave aún - y ya esto es mucho decir - que la estabilidad de las finanzas públicas: ponen en peligro la confianza básica de los ciudadanos en las instituciones públicas.
Por este camino, solo se llega al despeñadero y a las lágrimas.
Todavía hay tiempo para corregir, pero no mucho.
6.
Palabras Prestadas
Definitivamente, Costa Rica padece de una grave y profunda crisis, de la cual la situación fiscal es tan solo un síntoma. Lo que tenemos es un enorme superávit de descaro.
— Eli Feinzaig.
Todos los que vivimos indignados por la perversión del poder tenemos un límite. Molestarse está bien y decir lo que nos hace sentir lo que otros dicen y hacen también. Primero desnuda nuestra humanidad y segundo, a partir de ese dolor, ponemos un límite al otro. En suma, hacemos lo mejor conforme a nuestros ideales y de ese modo, a nuestro modo, procuramos hacer de este mundo, un lugar mejor.
— Una voz amiga, que necesitaba mucho ayer.
Esta noche nos sentamos con Radio Ok! y Hombres Trans Costa Rica para llegar a una serie de acuerdos y medidas de reparación y de no repetición. Nunca es tarde para rectificar errores. El diálogo y el entendimiento siempre serán grandes acompañantes.
— Luis Salazar.
Qué alegría! La presión por fin dió frutos: la radio ahora sí reconoce su error y se compromete a tomar medidas para q no se repita. Excelente precedente! Tomen nota los demás medios: la discriminación ya no será ignorada.
Nos querían invisibles y nos les volvimos invivibles. Y así seguirá siendo, porque no tiene uno por qué vivir con la majadería. Herramientas, educación, espacios sobran: el que quiera aprender a convivir en paz puede hacerlo.
7.
Botonetas
— Sebastián Alba Vives y Erick Arrieta Torres son los emprendedores de la semana. Visiten su página en Facebook y conozcan su historia. ;)
— En Delfino.CR una nueva entrega de nuestro canal Cívica 2.0 : La libertad de expresión no es irrestricta (para suscriptores D+).
— Patricia Mora, rendición de cuentas, gira por el Caribe: “Las mujeres afro costarricenses y las mujeres gnäbe saben que el INAMU trabajará por sus derechos”.
— Comunicado de Hombres Trans, luego de la disculpa de OK! FM y El Circo.
— En Delfino.CR: Corte IDH reitera deber de los Estados de acatar lo que diga en sus opiniones consultivas.
