Un informe de la Contraloría concluyó que el AyA no ha sido eficiente en la gestión de proyectos.

La Defensoría de los Habitantes señaló que la situación crítica en relación con el suministro de agua potable que enfrenta el país, se debe a causas multifactoriales que incluyen desorden territorial, falta de protección en las zonas de recarga acuífera, inadecuada planificación, falta de ejecución de proyectos y descoordinación a lo interno del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Estos factores, aunados al cambio climático y las modificaciones en el comportamiento de las lluvias, han contribuido a crear la severa problemática de abastecimiento que actualmente impide satisfacer la demanda de este servicio a nivel nacional.

La crisis hídrica se refleja en el país en los extensos racionamientos programados y no programados en comunidades como Hatillo, Mata Redonda, Coronado, Desamparados y Alajuelita, entre otros.

El AyA ha informado de las acciones implementadas para abordar los problemas relacionados con el suministro de agua, particularmente en el Gran Área Metropolitana, entre las que se incluyen horarios de racionamiento, suministro con camiones cisternas, la incorporación de nuevos pozos al sistema del acueducto metropolitano, la instalación de tanques en las zonas de alta vulnerabilidad para acceso de los vecinos y otras medidas paliativas para atender la situación en el corto plazo.

Al respecto, la Defensoría considera que los esfuerzos realizados no han sido suficientes y que una adecuada o más eficiente planificación y ejecución de proyectos de infraestructura a mediano y largo plazo para el mejoramiento de la capacidad hídrica e hidráulica de los sistemas de acueductos habrían podido contribuir a satisfacer la demanda del servicio de agua potable, aún en la época seca.

Recordaron que la Intendencia de Agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Público (Aresep) elaboró en 2022 un diagnóstico de estudio tarifario del AyA, en el cual se concluyó que la institución presenta un 57% de pérdidas de agua potable, que la ejecución de proyectos u obras de inversión no es completa y toma de 10 a 15 años, y que el 80% de los medidores presenta un subregistro del consumo.

Además, Aresep advirtió sobre la ausencia de registros de grandes consumidores y de niveles de consumo, así como de planificación institucional orientada a la sustitución de activos, junto con el rechazo en las disponibilidades de servicios, y que un 70% de los sistemas de acueductos presentan estrés hídrico.

También añadieron que hay incumplimientos en la verificación de la calidad del agua en todos los prestadores de servicio del país, y la ausencia de una estrategia para mantener actualizada de forma anual la información de calidad del agua, por parte del Laboratorio Nacional de Aguas.

Finalmente, el diagnóstico resalta la necesidad de un refinanciamiento de las obligaciones crediticias asociadas a proyectos u obras de inversión.

La Defensoría puntualizó que años atrás han llamado la atención del AyA por la falta de previsión e implementación de medidas para la satisfacción de las necesidades de abastecimiento de la población, de modo que se garantice el suministro de agua a las comunidades que, año tras año, sufren de racionamientos por períodos extensos y otras afectaciones del servicio, con el consecuente impacto negativo que esto implica para el pleno disfrute del derecho humano al acceso al agua potable, al derecho a la salud y a la educación y al desarrollo, entre otros.

Aunado a lo anterior, detallaron que las personas han denunciado reiteradamente el incumplimiento de los horarios de abastecimiento y la falta de comunicación clara y asertiva de parte del AyA, en detrimento del derecho a la información de todas las personas que habitan en las comunidades afectadas, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, tales como niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, enfermos encamados y otras.

La Defensoría adelantó que elaborará un informe específico sobre cada una de las comunidades que han denunciado la afectación del suministro de agua potable, con el fin de que el AyA tome las medidas e implemente las acciones requeridas para realizar una planificación integral de las necesidades de inversión y mejora de la prestación del servicio y una ejecución eficiente de los proyectos y obras de infraestructura necesarias para satisfacer la demanda actual y futura del servicio a nivel nacional, en aras de que se garantice efectivamente el derecho humano al acceso al agua potable.

Contraloría señala inadecuada gestión de inversión en AyA

La Contraloría Genera de la República emitió un informe de auditoría este 18 de abril acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA.

Resulta relevante la revisión del tema considerando que los planes de inversión vigentes ascienden a más de ₡801 mil millones y que dentro de las competencias del AyA, se encuentra garantizar el abastecimiento de agua potable y el saneamiento de aguas residuales, para atender las necesidades actuales y futuras del país y se impulse el desarrollo sostenible con mejores condiciones sociales, económicas y de salud para la población".

El informe concluye que el AyA no ha sido eficaz ni eficiente en la gestión de este portafolio de proyectos, limitando la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida.

Dentro de los hallazgos relevantes se destaca que una deficiente atención de las comunidades más vulnerables. Solo el 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país tienen inversiones programadas en saneamiento y solo el 16,7% en agua potable.

La CGR también enfatizó en retrasos en la conclusión de un 57% de los proyectos que debían finalizar en enero 2024, afectando a 2.8 millones de personas en todo el país. Esto deja afectaciones importantes en construcción de alcantarillados sanitarios, eliminación del déficit actual de agua potable, entre otros.

También se encontraron con un diseño y gestión incipiente del portafolio, que dificulta la resolución de problemáticas apremiantes, las cuales permitirían atender los retos asociados por ejemplo a desigualdad en el acceso a servicios de agua potable y saneamiento, conflictos sociales por el uso del agua, entre otros.

Sobre las deficiencias en la gestión de la información afectan la administración del tiempo, costo y alcance del portafolio, encontraron discrepancias importantes en datos registrados para proyectos de 3 y hasta 6 años; y las diferencias totales en los costos reales reportados ascendieron a ₡103 mil millones para agua potable y ₡137 mil millones para saneamiento.

Además, destacaron que la gestión del portafolio ha llevado al AyA a una situación de fragilidad, en la que se proyecta insostenibilidad financiera ante la falta de reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios.