La reducción regirá durante todo 2027 y responde a un saldo de ₡150,86 millones a favor de los abonados, tras revisar los recursos recaudados y utilizados por el AyA en 2023 y 2024.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó una reducción promedio del 15,9% en la tarifa de protección del recurso hídrico que cobra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), luego de determinar que corresponde reconocer un saldo de ₡150,86 millones a favor de los usuarios por diferencias entre los recursos previstos y los efectivamente utilizados durante 2023 y 2024. Las nuevas tarifas comenzarán a regir el 1 de enero de 2027 y se aplicarán hasta el 31 de diciembre de ese año.
La decisión consta en la resolución RE-0018-IA-2026, dictada por la Intendencia de Agua el 2 de noviembre y publicada en un alcance extraordinario del diario oficial La Gaceta. El ajuste afecta exclusivamente el componente destinado a financiar la protección de las fuentes de agua, por lo que no representa una disminución del 15,9% en el monto total de los recibos del servicio de acueducto.
La tarifa de protección del recurso hídrico es un cargo que se incorpora a la facturación del agua potable para financiar proyectos de conservación ambiental, protección de cuencas hidrográficas y otras acciones destinadas a preservar las fuentes de abastecimiento. Entre sus objetivos figura el financiamiento de mecanismos de pago por servicios ambientales, mediante los cuales se reconoce económicamente a propietarios que conservan los bosques y otros ecosistemas estratégicos.
En la categoría residencial, el cargo por metro cúbico disminuirá entre ₡1 y ₡2, según el bloque de consumo. Para los primeros 30 metros cúbicos, la tarifa bajará de ₡5 a ₡4 por metro cúbico, una reducción del 20%. Entre los 31 y 60 metros cúbicos pasará de ₡6 a ₡5, mientras que para consumos superiores a 60 metros cúbicos disminuirá de ₡7 a ₡6.
Las tarifas comerciales, industriales, preferenciales y de grandes consumidores también registrarán reducciones. Los ajustes porcentuales oscilarán entre el 11,11% y el 20%, dependiendo de la categoría y del bloque de consumo. En cambio, las tarifas correspondientes a la venta de agua en bloque, utilizadas para determinadas operaciones de conducción, potabilización y distribución, permanecerán sin cambios.
Revisión encontró recursos que no se ejecutaron
La Aresep fundamentó su decisión en una liquidación tarifaria, procedimiento mediante el cual compara los ingresos y gastos que había estimado al aprobar una tarifa con los montos que el operador efectivamente recaudó y ejecutó. El análisis corresponde a 2023 y 2024 y toma como referencia la fijación tarifaria aprobada en diciembre de 2019.
Según el estudio, el AyA ejecutó ₡1.467,53 millones de los ₡1.706,08 millones previstos para costos y gastos relacionados con la protección del recurso hídrico. La diferencia de ₡238,55 millones refleja una ejecución inferior a la considerada originalmente al establecer las tarifas.
La revisión también encontró diferencias en el financiamiento de proyectos ambientales. Frente a los ₡349,27 millones considerados para ese componente durante el bienio, la Aresep reconoció una ejecución de ₡64,35 millones, lo que produjo una diferencia de ₡284,92 millones.
Uno de los principales componentes examinados fue el convenio entre el AyA y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) para financiar pagos por servicios ambientales. La resolución señala que, de los ₡349,27 millones previstos en ese convenio para 2023 y 2024, el AyA transfirió ₡103 millones, distribuidos en ₡50 millones durante 2023 y ₡53 millones durante 2024.
Sin embargo, la Aresep distinguió entre los recursos transferidos y los desembolsos respaldados por proyectos ejecutados. El regulador reconoció ₡1,50 millones por pagos por servicios ambientales y ₡150.000 adicionales por costos administrativos, debido a los requisitos de documentación y ejecución establecidos en la metodología tarifaria.
Por otra parte, el estudio encontró que el AyA recaudó menos dinero del que se había proyectado. Los ingresos efectivos por esta tarifa alcanzaron ₡1.691,63 millones, frente a una estimación de ₡2.064,26 millones, lo que produjo una diferencia de ₡372,62 millones a favor del operador.
Al combinar las diferencias entre los gastos, las inversiones y los ingresos, la liquidación arrojó un saldo final negativo de ₡150.857.383,61, que la Aresep determinó como un crédito a favor de los abonados. Ese monto se trasladará mediante la reducción temporal de las tarifas, en lugar de realizar devoluciones individuales de dinero.
