Auditoría estimó en ₡65.401 millones los cargos improcedentes y advirtió que el rezago tarifario amenaza la continuidad de los servicios.
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) identificar y compensar a las personas usuarias por cobros excesivos incluidos en las tarifas de acueducto, alcantarillado e hidrantes. La auditoría estimó esos cargos en aproximadamente ₡65.401 millones.
El informe, publicado este lunes 3 de agosto, concluyó que ambas instituciones incumplieron de manera generalizada aspectos del marco normativo, técnico y de control aplicable a la gestión tarifaria. Las deficiencias afectan la actualización de las tarifas, la fiscalización de los recursos, el cálculo del valor de los activos y la sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, hidrantes, protección del recurso hídrico y servicios conexos.
La CGR determinó que el AyA mantiene desactualizadas las tarifas de cuatro de las cinco categorías examinadas. La institución acumula ocho años sin presentar un estudio tarifario ordinario para acueductos, nueve para alcantarillado, 11 para hidrantes y hasta 21 para servicios conexos, pese a que los ingresos tarifarios representan alrededor del 70% de su presupuesto.
El órgano contralor señaló que el AyA omitió presentar anualmente los estudios y las liquidaciones necesarias para comparar los ingresos recibidos con los costos reales de cada servicio. La Aresep intentó efectuar algunas fijaciones de oficio, pero archivó los procedimientos porque, según el regulador, el AyA no entregó información confiable; además, la autoridad reguladora nunca inició un estudio de oficio para hidrantes y tardó 17 años en hacerlo para los servicios conexos.
La administración superior del AyA conoció en junio de 2025 estudios tarifarios de acueducto y alcantarillado preparados por su Unidad de Tarifas, pero no los remitió a la Aresep ni justificó técnicamente la decisión. Esta falta de seguimiento impidió tramitar los aumentos que el propio instituto proponía para ambos servicios.
La auditoría calculó que las personas abonadas al servicio de alcantarillado pagaron ₡38.816 millones por 5909 activos completamente depreciados, cuya inversión el AyA ya había recuperado. En hidrantes detectó cobros por ₡511 millones asociados a 9012 bienes depreciados, mientras que en acueductos estimó cargos improcedentes por ₡26.074 millones desde 2023.
En el caso de los acueductos, la CGR determinó que la base utilizada para calcular las tarifas incluye activos sobrevalorados y bienes cuya vida útil terminó. Un análisis de 3761 activos revaluados desde 2019 encontró que el 63,1% incrementó su valor en más de un 1000%, mientras que algunas redes de distribución aumentaron hasta un 14.446% (catorce mil por ciento) pese a su deterioro operativo.
Los mayores incrementos afectaron infraestructura de la región Huetar Caribe, donde el AyA registra un 70% de agua no contabilizada, concepto que incluye fugas, errores de medición y consumos que no generan ingresos. La Aresep rechazó en 2023 reconocer parte de esas revaluaciones dentro de la tarifa porque no reflejaban las condiciones reales de las tuberías ni aportaban beneficios a las personas usuarias.
La Contraloría también cuestionó que el AyA administre los superávits de sus distintos servicios mediante una cuenta común, sin identificar su origen ni garantizar que se destinen a los fines autorizados. En 2024, el servicio de acueducto registró una pérdida de ₡9292 millones, mientras alcantarillado e hidrantes obtuvieron utilidades de ₡3687 millones y ₡243 millones, respectivamente, por lo que la mezcla de los fondos permitió cubrir las pérdidas con recursos pagados por usuarios de otros servicios.
“Podría eventualmente generar la necesidad de utilizar recursos financieros de un servicio regulado, para suplir eventuales faltantes de recursos en otros servicios”, reconoció la administración del AyA en un oficio citado por la Contraloría.
La CGR consideró que esta práctica genera subsidios cruzados no autorizados y contraviene el principio de servicio al costo, según el cual cada tarifa debe financiar únicamente los costos e inversiones necesarios para prestar el servicio correspondiente. La Aresep tampoco realizó fiscalizaciones financieras y contables orientadas a comprobar el destino de los ingresos, pese a que recibe trimestralmente la contabilidad regulatoria del operador.
Las proyecciones del propio AyA indican que el servicio de acueducto afrontaría en 2027 un déficit superior a ₡34.000 millones, principalmente por inversiones y pagos de deuda. Incluso con un aumento tarifario del 15%, el instituto calculó que mantendría pérdidas por más de ₡12.000 millones, situación que podría afectar obras como la quinta etapa del Acueducto Metropolitano y el Programa de Saneamiento en Zonas Urbanas.
La Contraloría dispuso que el AyA y la Aresep identifiquen los montos cobrados en exceso y definan los mecanismos de compensación a más tardar el 30 de junio de 2027. Las nuevas fijaciones tarifarias deberán publicarse antes del 31 de diciembre de ese año, mientras el AyA tendrá que implementar controles para separar los ingresos de cada servicio y la Aresep deberá establecer procedimientos para actuar de oficio cuando el operador incumpla su obligación de solicitar las revisiones tarifarias.