El análisis recomienda crear un sistema nacional de información, actualizar políticas públicas y establecer evaluaciones permanentes sobre el desempeño de los operadores.
Un estudio sobre el marco jurídico, regulatorio e institucional del agua potable en Costa Rica identificó debilidades en la coordinación entre instituciones, la planificación sectorial y el intercambio de información, y planteó una serie de medidas para mejorar la gobernanza del servicio en el país.
El análisis contó con apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y sus resultados se presentaron el pasado 11 de agosto ante representantes de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Según el comunicado de la Aresep, el estudio examinó de manera integral la distribución de competencias entre las entidades encargadas de la rectoría, regulación, protección del recurso hídrico y prestación de los servicios de agua potable. El documento concluye que los principales desafíos no requieren necesariamente redistribuir esas competencias, sino mejorar la forma en que las instituciones coordinan y comparten información.
El trabajo se desarrolló mediante el programa Escalando Medidas de Adaptación basada en Ecosistemas en América Latina Rural (EbA LAC) y forma parte de un proceso para fortalecer tanto la Intendencia de Agua de la Aresep como el Comité de Rectoría y Regulación del Agua (Correa), espacio creado para articular a las instituciones relacionadas con el sector.
Proponen sistema nacional de información
Entre sus principales recomendaciones, el estudio plantea actualizar y armonizar las políticas públicas relacionadas con agua potable, fortalecer los espacios de coordinación entre instituciones y desarrollar un Sistema Nacional de Información que concentre datos relevantes para la gestión del sector.
También recomienda establecer mecanismos permanentes para evaluar el desempeño de los operadores y reforzar las capacidades técnicas y regulatorias de las instituciones competentes. Según el análisis, disponer de mejores herramientas de seguimiento y evaluación permitiría respaldar la toma de decisiones con información más consistente.
El estudio señala además la necesidad de mejorar la protección de las fuentes de abastecimiento de agua mediante protocolos de coordinación entre instituciones, especialmente ante presiones ambientales y de desarrollo que puedan afectar la continuidad, calidad y sostenibilidad del servicio.
Hoja de ruta se construirá a partir de recomendaciones
Sobre las conclusiones, Aresep indicó que servirán como insumo para construir una hoja de ruta destinada a fortalecer la gestión del agua potable. El estudio también plantea una implementación gradual de las medidas.
El análisis reconoce que Costa Rica cuenta actualmente con un modelo en el que participan instituciones públicas, operadores de servicios y organizaciones comunitarias con competencias diferentes. A partir de ese esquema, la propuesta se enfoca en mejorar su articulación, planificación e intercambio de información antes que en modificar la estructura institucional existente.
Según el ente regulador, el objetivo final de las recomendaciones consiste en generar condiciones que permitan una gestión más coordinada y sostenible del agua potable y fortalecer las capacidades institucionales para garantizar la prestación del servicio en el tiempo.