El 17 de julio de 1998, pocos minutos antes del final de la Conferencia de Roma, contra todo pronóstico, se aprobó el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI). Su construcción, durante años, tuvo muchos peones: Ben Ferencz, Cherif Bassiouni, Richard Dicker, Bill Pace, Chris Hall y tantos otros que armaron un andamiaje entre academia, Estados y sociedad civil para construir un mecanismo permanente de combate a la impunidad por atrocidades que por lo general cometen los poderosos.

Como decía su primer fiscal, Luis Moreno-Ocampo, en ese momento no se creó solo una corte, sino un sistema, en el que los países asumen la responsabilidad principal de investigar y juzgar crímenes que conmueven la conciencia de la humanidad: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. La CPI solo entra a investigar y juzgar cuando un Estado no tiene la voluntad o la capacidad para hacerlo.

Veinte años después, la CPI y los Estados que forman parte del sistema, aún mantienen deudas con las aspiraciones con las que nació. Algunos de sus casos distan de ser referentes de los más altos estándares de investigación y juzgamiento, y la larga duración de las investigaciones y procesos, a pesar de su complejidad probatoria y procesal, sigue siendo difícil de justificar. Uno de los elementos más novedosos del Estatuto, la participación y reparación de víctimas, es aún hoy incomprendido, visto como “no esencial” y hasta incómodo por algunos países.

Aun así, el efecto de la existencia de la CPI es innegable. Su primer caso generó una intolerancia global hacia la utilización de niños y niñas por grupos armados; sus políticas han promovido una mayor conciencia sobre la violencia sexual y de género en las guerras, y en todo el Mundo, los poderosos saben que existe un mecanismo para evitar la impunidad por los crímenes más graves.

Una Corte muy tica

El aporte de Costa Rica al desarrollo de la CPI es incuestionable. Elizabeth Odio Benito tuvo un desempeño estelar como jueza del Tribunal. Sus votos salvados y sus sentencias siguen siendo base importante para el trabajo de la Corte y estudios académicos en relación con los derechos de las víctimas, los crímenes contra niñas y niños, y la visibilización de la violencia sexual como arma de guerra. Para ello contó con la asistencia de otra tica, la doctora Cynthia Chamberlain.

Del 2005 al 2008, Bruno Stagno, primero como Embajador ante la ONU y luego como Canciller, fue presidente de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma. Durante su membresía al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de 2008 a 2010, nuestro país mantuvo un discurso fuerte de combate a la impunidad por las atrocidades más graves, manteniendo su compromiso con el papel de la CPI.

Aún recuerdo al personal de la Fiscalía frente a un televisor, escuchando a Stagno pronunciar un discurso en el Consejo de Seguridad sobre el combate a la impunidad de las atrocidades cometidas en Darfur, Sudán. Ese discurso, y el trabajo de la delegación de Costa Rica en Naciones Unidas y del embajador Jorge Urbina, fueron fundamentales para que el Consejo remitiera esa situación a la CPI superando los posibles vetos de los miembros permanentes. La remisión abrió la puerta para que se emitiera la primera orden de aprehensión en la historia de un presidente en ejercicio por el presunto crimen de genocidio.

En 2010 se aprobó la tipificación del crimen de agresión, de importancia para un país sin ejército, pues castiga el inicio injustificado de una agresión militar sobre otro país. La insistencia de Costa Rica para su aprobación y su entrada en vigencia en 2017, ha sido crucial para superar las resistencias de países poderosos.

Más recientemente, es Costa Rica quien ha llevado la voz de fuerza en la defensa de la capacidad presupuestaria de la Corte y los embates de varios países que quieren proteger a sus dirigentes con inmunidades contrarias al derecho internacional.

Esas acciones, han hecho de Costa Rica un actor importante en el marco del CPI, pero deben ser correspondidas por otras internas.

Deudas con la CPI

El pasado 5 de abril se aprobó la Ley de Cooperación con la Corte Penal Internacional, supliendo un vacío importante para formar parte de ese “sistema” internacional y marcando una vez más la pauta, con el sistema legal de cooperación con la CPI más amplio que se haya adoptado en el Mundo.

Esta ley, sin embargo, debe ser complementada con un fortalecimiento de los mecanismos de protección a víctimas y testigos, así como la capacidad del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial para investigar crímenes masivos y sistemáticos y analizar estructuras criminales sumamente complejas. Ese fortalecimiento puede contribuir, además, al combate de otros flagelos, como el crimen organizado, el narcotráfico y la legitimación de capitales.

Para poder fungir plenamente como parte del sistema de la CPI, nuestro país debe poner al día la tipificación del genocidio y los crímenes de lesa humanidad, revisar su régimen de inmunidades e incluir un capítulo sobre crímenes de guerra, y plantear modificaciones a los delitos sexuales a la luz de la jurisprudencia de ese Tribunal, entre otras modificaciones al Código Penal.

Estas acciones son esenciales para asegurar esa “capacidad” que exige el Estatuto de Roma para investigar y juzgar crímenes de su competencia, pero también para asegurar la coherencia y legitimidad necesarias para seguir desempeñando un rol protagónico a favor de la justicia internacional y las víctimas de las peores atrocidades que enfrenta la Humanidad.

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