El informe de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) que libró al expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, de responsabilidad por los hechos del cementazo está de nuevo en el ojo del escarnio público por la forma en la que fue manejado en el directorio de la Asamblea Legislativa.

El diario digital CRHoy reveló en la madrugada de hoy que el informe estaba en manos del directorio del periodo constitucional anterior, presidido por el evangélico Gonzalo Ramírez, desde el 27 de abril, tres días antes de que los diputados cesaran en sus funciones.

Una vez llegado el informe, empezó a correr el plazo de tres días hábiles que estipula el Reglamento a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública para presentar apelaciones a la resolución.

Ramírez, junto a la entonces primera secretaria, Carmen Quesada Santamaría (exlibertaria) sesionaron para declarar secreto el informe de la Procuraduría el 30 de abril y ordenar a la Dirección Ejecutiva distribuir copias del informe a los 57 diputados. Ese mismo día sesionaron de nuevo para dejar en firme el acto.

A la hora de cumplir el mandato, la Dirección Ejecutiva, encabezada por Antonio Ayales, advirtió a Gonzalo Ramírez -según él en reiteradas ocasiones- que en el informe faltaban dos páginas. Según la presidenta legislativa, Carolina Hidalgo, no hubo respuesta; Ayales dijo en AmeliaRueda.com que Ramírez le indicó que él no tenía esas páginas faltantes.

El tema renació con la llegada de los nuevos congresistas, el 1 de mayo. La dirección ejecutiva notificó a la presidencia del Congreso de forma verbal, entre el 14 y 16 de mayo, de que ese informe existía y que faltaban dos páginas, por lo que Hidalgo solicitó a la Procuraduría de la Ética enviar el documento completo, el 17 de mayo.

Una vez llegado el informe completo el 22 de mayo y hechas las copias, se distribuyó a los 57 diputados en un sobre sellado con la leyenda de "Confidencial" el 28 de ese mes. Aunque la oposición pretendía preparar la apelación a la resolución de la PEP, se dieron cuenta que el plazo había expirado.

SOLÍS REACCIONA

El expresidente Solís expresó en su página de Facebook molestia por las revelaciones de la prensa y afirmó que las actuaciones de las autoridades políticas y administrativas de la Asamblea del periodo anterior eran "deplorables".

"Este asunto pudo haber sido conocido en la sesión del Plenario celebrada el 30 de abril. Personalmente habría sido el más interesado en incluir las conclusiones del informe absolutorio en mi rendición de cuentas del Dos de Mayo. Es absurdo pensar lo contrario. Sobre lo anterior, exijo que las instancias correspondientes investiguen y aclaren lo ocurrido", declaró el mandatario.

A pesar de que la absolutoria ya tiene firmeza, Solís dijo estar dispuesto a que la Procuraduría de la Ética conozca cualquier apelación a la resolución.

Por su parte, la presidenta legislativa dijo en un comunicado de prensa que es "inadmisible" que se le acuse de querer ocultar un informe que para ese momento no tenía conocimiento. "La Dirección Ejecutiva fue omisa en informarme sobre el plazo que estaba corriendo", afirmó.

EN RESUMEN

  • Lunes 23 de abril del 2018: La Procuraduría de la Ética exime a Luis Guillermo Solís de responsabilidad por el cementazo.
  • Viernes 27 de abril del 2018: La PEP envía la resolución a la Asamblea Legislativa. Empieza a correr el plazo de 3 días hábiles para que se presenten apelaciones.
  • Lunes 30 de abril del 2018: Gonzalo Ramírez y Carmen Quesada, presidente y secretaria del Directorio, sesionan extraordinariamente para declarar secreto el informe y ordenan a la Dirección Ejecutiva entregar copias a cada uno de los diputados.
  • Lunes 30 de abril del 2018: Antonio Ayales, director del Congreso, afirma que le advierte a Gonzalo Ramírez que al informe de la PEP le faltan dos páginas. Ramírez responde (según Ayales) que él no las tiene.
  • Martes 1 de mayo del 2018: Asume la nueva Asamblea Legislativa, donde se elige a Carolina Hidalgo como presidenta.
  • Miércoles 2 de mayo del 2018: Sesiona el nuevo directorio del Congreso. La Dirección Ejecutiva no informa que existe el informe de la PEP y que está incompleto. Vence el plazo para presentar apelaciones a la resolución.
  • Lunes 14- Miércoles 16 de mayo del 2018: La Dirección Ejecutiva notifica de forma verbal, en algún día durante ese lapso de tiempo, que al informe de la PEP le faltan dos páginas.
  • Jueves 17 de mayo del 2018: La Presidenta del Congreso pide a la Procuraduría de la Ética enviar el informe completo.
  • Martes 22 de mayo del 2018: La Procuraduría de la Ética envía nuevamente el informe de desestimación de la denuncia contra Solís. En caso de que hubiese enviado el informe incompleto la primera vez, se habría generado una nulidad en la notificación, por lo que corre nuevamente el plazo para presentar apelaciones.
  • Miércoles 23 de mayo del 2018: Carolina Hidalgo, presidenta del Congreso solicita a la Dirección Ejecutiva remitir copias del informe de la PEP a los diputados.
  • Viernes 25 de mayo del 2018: Vence el plazo potencial para impugnar la decisión de la PEP.
  • Lunes 28 de mayo del 2018: El informe con la desestimación trasciende a la prensa. La Dirección Ejecutiva  entrega el informe a los diputados en un sobre sellado con la leyenda de confidencial y hace que los diputados firmen un documento de recibido fechado el 25 de mayo.
  • Jueves 14 de junio del 2018: El diario CRHoy publica en la madrugada un supuesto manejo irregular del informe que impidió a los diputados presentar una apelación.
  • Jueves 14 de junio del 2018: Los diputados, 17 días después de haber recibido el informe, piden abrir una investigación sobre los hechos.