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En medio del trajín electoral que tiene de cabeza al país, el Poder Judicial desarrolla un proceso de elección de una importancia central para nuestra democracia: la escogencia de la persona que dirigirá la Fiscalía General de la República. Este órgano auxiliar asume un rol determinante en la administración de justicia: la persecución de la criminalidad, es decir, la presentación y seguimiento a causas penales. A pesar de los alcances de esta competencia, el proceso de elección ha pasado desapercibido para la ciudadanía y la prensa; no así de la clase política, la cual no solo entiende la importancia del cargo, sino también desea influir sobre la decisión que por mayoría absoluta adoptarán las y los magistrados en próximos días.

El popularmente conocido escándalo de El Cementazo dio pie a una de las mayores crisis de legitimidad en la historia reciente del Poder Judicial. Los problemáticos vínculos que paulatinamente fue evidenciando la prensa pusieron en jaque la credibilidad de las altas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, incluido el antiguo fiscal general, cuya labor en varios procesos de investigación había sido abiertamente cuestionada. Como parte de la (tardía) reacción de Corte plena frente a estos hechos, los y las magistradas acuerdan primero apartar al ahora retirado fiscal general de las investigaciones en el tema, y posteriormente y de manera unánime, suspenderlo por tres meses del cargo. El carácter inédito de esta última medida responde a la gravedad de la situación que indignaba al país. El involucramiento de figuras de los supremos poderes en un posible tráfico de influencias llenaba titulares desde hacía meses, sin embargo, la Fiscalía mostraba una pasividad que cuando menos despertaba dudas razonables.

La llegada de Emilia Navas representó un rayo de esperanza para quiénes veíamos cada vez con más rabia e impotencia la sucesión de hechos que apuntaban no solo a un tráfico de influencias de alto nivel, sino que también daba indicios de impunidad en las investigaciones respectivas. Desde sus primeros días, el trabajo de la nueva titular interina de la Fiscalía contrastó con el de su antecesor, avanzando en procesos claves y mostrando un perfil activo y dinámico en su accionar, lo que se ha mantenido hasta la fecha. La labor valiente y objetiva de la señora Navas reafirma la importancia de que quién dirija la Fiscalía destaque por su independencia, su imparcialidad y su tenacidad para enfrentar los grandes desafíos propios del cargo.

Los y las magistradas tienen en sus manos una elección que definirá el futuro de las investigaciones en curso, así como de la independencia de un órgano clave para el sistema de justicia. El peso de esta decisión recae incluso sobre personas que están siendo investigadas por la propia Fiscalía, lo que en principio debería traducirse en necesarias inhibiciones por parte de esos magistrados y magistradas. Al mismo tiempo, es fundamental que la decisión final se efectúe con base en criterios objetivos. Cualquier injerencia indebida sobre el proceso solo profundizaría la peligrosa crisis de legitimidad que padece el Poder Judicial, con las repercusiones sistémicas que esto acarrearía.

Como ciudadano hago un llamado al sentido cívico de los y las magistradas, para que tomen conciencia de la responsabilidad de sus actos, y escojan de manera libre y objetiva a la persona que dirigirá la Fiscalía. Costa Rica atraviesa momentos de gran polarización social, lo que, dependiendo de los resultados del 1 de abril, podría agravarse aún más. En ese escenario, será el Poder Judicial el llamado a tutelar el respeto a los derechos y garantías fundamentales, es decir, la última línea de defensa de nuestro Estado social de derecho. La elección de la Fiscalía puede marcar un paso en el fortalecimiento de la independencia judicial, o un retroceso hacia una justicia corrompida y vulnerable a presiones externas.