Ante las noticias y propuestas que se están realizando sobre el déficit fiscal y la deuda pública, es pertinente hacer algunas aclaraciones. Tengo claro que la mayoría de profesionales en la materia las manejan, pero es conveniente que otros ciudadanos las conozcan.
Así, el déficit fiscal es un flujo de dinero que se genera al realizar el Estado gastos mayores a los ingresos que se generan a través de los impuestos. Por su parte, la deuda pública es un fondo que se alimenta por el déficit fiscal que se acumula año tras año.
Mientras se generen déficits, por pequeños que sean, la deuda continuará aumentando. Por tanto, no es extraño que en años de crisis, cuando merman los ingresos públicos, la deuda aumente.
Los ingresos fiscales son fundamentales, Costa Rica no cuenta con rentas generadas en recursos naturales como petróleo, cobre o un canal interoceánico en manos del Estado, siendo que la única ventaja (dividendo) que tiene el país no deviene de la naturaleza, proviene de no tener ejército1, por lo que el sector privado y su crecimiento es clave en el crecimiento de la recaudación.
Primero: reactivar la economía y el empleo
Ahora bien, teniendo en cuenta que la deuda pública ha alcanzado niveles casi inmanejables, parece llegado el momento de preocuparse por su aumento y al menos analizar cómo podría reducirse. Así, parece ser que la forma más inmediata y primera vía es a través de un crecimiento de la actividad económica y del empleo (el desempleo sigue estancado en un 9%), lo que permitiría aumentar la recaudación de impuestos. Para eso necesitamos eliminar burocracia y trabas en el sector privado: el sector público debe ser un facilitador de la generación de riqueza.
Aunado a lo anterior, y tal cual recomienda la OCDE, se debe revisar el impacto de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en los ingresos públicos y en el crecimiento de la economía. En ese sentido, en el 2014 las contribuciones a la CCSS sumaban el 34% de la recaudación tributaria total, muy por encima del promedio de América Latina e incluso por encima del promedio de los Estados miembros de la OCDE.
Según apuntaba la OCDE2, la debilidad del mercado de trabajo persiste, con un desempleo alto y una tasa de informalidad creciente. Se requiere una estrategia integral para reforzar la aplicación de reglamentos laborales dedicados a reducir la informalidad, aligerar la carga administrativa para las nuevas empresas y reducir los aportes a la seguridad social, sobre todo en sectores clave como los de la construcción y la agricultura, donde la informalidad está más extendida.
No llamemos a engaño, la CCSS es un baluarte de la paz social y debe protegerse, pero también es cierto que es necesario atender distorsiones e ineficiencias y de paso —pero no menos importante— profesionalizar a todo su alto mando, sobre todo a quienes integran su junta directiva.
Por otra parte, contrario a lo que se ventila en sectores políticos —incluido el propio Presidente de la República— los ingresos fiscales del Estado costarricense se han mantenido constantes en torno al 24% del PIB. Según el informe Análisis de Políticas Fiscales de la OCDE: Costa Rica 2017, el cual evalúa de manera exhaustiva el sistema tributario costarricense, entre 2008 y el 2013 el gobierno incrementó los gastos globales a consecuencia del aumento de las remuneraciones en el sector público. Estos gatos no fueron acompañados de nuevos ingresos... pero eso no implica que Costa Rica mantenga niveles de tributación como país africano o bajo, siendo que incluso es superior al promedio de la región latinoamericana (22,8% del PIB en 2015):
El informe Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe muestra que existen amplias diferencias en los ratios de impuestos/PIB entre países. Estos oscilan entre un 12,4% en Guatemala y 13,7% en la República Dominicana hasta un 32,0% en Brasil, 32,1% en Argentina y 38,6% en Cuba, siendo este último país el único con un ratio superior al promedio de la OCDE (34,3%).
La diferencia entre lo proclamado por el Gobierno y las estadísticas de la OCDE, se dan por el error de excluir las cotizaciones a la seguridad social del porcentaje de ingresos, lo cual baja casi en 8% el monto de recaudación con relación al PIB. Y es un error hacerlo, dado que para el sector productivo, las cargas sociales son una erogación económica que deben cumplir y que afectan su estructura de costos, y además constituyen un tributo que pesa sobre el contribuyente.
Que el Estado costarricense haya optado por trasladar el recaudo y administración de las cargas sociales a una institución autónoma no debe verse como una distorsión para la determinación de las estadísticas tributarias. ¡El contribuyente mes a mes debe pagarlas!
Segundo: reformas fiscales en ambas vías
La segunda vía seria introducir reformas fiscales tanto en los ingresos como en los gastos. Puede hacerse con ampliaciones en la base impositiva y modernización del impuesto sobre las ventas a un impuesto sobre el valor agregado. En cualquier caso, cualquier modificación del sistema fiscal, debe hacerse teniendo en cuenta la competitividad del país, dado que cualquier desviación significativa podría tener movimientos nefastos de capitales y empresas hacia otros países.
La tarifa general de impuesto sobre la renta corporativa es alta (30%), superior incluso al promedio de la OCDE (24,7%) en 2016, pero la recaudación por ese concepto es baja, como consecuencia de la elevada evasión y la existencia de un gran sector de la economía informal.
Según datos recientes (Bachas y Soto, 2016), las tarifas reducidas del impuesto sobre la renta generan un alto nivel de evasión, derivado en gran medida del error técnico de determinar la tarifa sobre los ingresos brutos y el impuesto aplicando dicha tarifa a la renta neta lo cual se convierte en un incentivo perverso a que la empresa oculte ingresos al acercarse a cada tramo o simule gastos al superarlo.
En la opción de reducción de gastos ya se han hecho recortes, pero sí debe analizarse otras posibilidades como el coste excesivo y heterogéneo de los pluses salariales y la duplicidad en instituciones improductivas y costosas.
El sector público de Costa Rica está altamente fragmentado, y en consecuencia, la Asamblea Legislativa aprueba menos de la mitad del gasto total del sector público. Además, no existe un mecanismo efectivo para garantizar que los objetivos de las entidades están alineados con los del Gobierno central. Por lo que creo es necesario fortalecer el control del Ministerio de Hacienda sobre el gasto del sector público y racionalizar las transferencias a las entidades del sector público fuera del gobierno central, lo cual podrá dichosamente hacerse en gran medida con la aprobación del proyecto de Ley 20.203.
El presupuesto en remuneraciones del sector público para el 2017 ascendió a ¢5.881.392 millones, 1,2% más que el presupuesto inicial de 2016 y 4,1% más que el monto aprobado al finalizar el ejercicio. Si bien este rubro ha perdido dinamismo, continúa siendo uno de los componentes inerciales y de mayor magnitud en la estructura de egresos del sector público (representó un 24,7% de los egresos aprobados para 2017). Pese a la importancia de este gasto, persiste la necesidad de una reforma profunda en materia de empleo público, que abarque lo relacionado con la remuneración, la rectoría y la evaluación del desempeño, entre otros tópicos.
Tercero: combatir el fraude fiscal
Una tercera vía, pero no menos importante es la lucha contra el fraude fiscal, la cual debe empezar desde la educación en solidaridad fiscal a nuestros estudiantes en las escuelas y colegios. Las reformas legales introducidas durante la administración Chinchilla Miranda otorgaron nuevas, agresivas y modernas herramientas de control a la Dirección General de Tributación (DGT), así como un régimen sancionador muy agresivo con sanciones de hasta el 150% del monto dejado de pagar.
Por otra parte, la DGT ha ido implementando con buen tino herramientas tecnológicas de control del contribuyente, como la facturación electrónica en varios sectores. Gran parte de la lucha contra el fraude fiscal pasa por la modernización de la DGT y la especialización de sus auditores, así como una sana y objetiva relación con el contribuyente, no todos son evasores y una gran mayoría lucha por cerrar cada periodo fiscal con vida.
En conclusión, debemos preocuparnos por el aumento de la deuda pública ya en niveles muy elevados, proceder a un análisis detallado de los gastos públicos tocando privilegios así como a establecer mecanismos de control eficientes que impidan los gastos superfluos e improductivos del Estado y que dificulten la corrupción en las instituciones.
1 Gutierrez Saxe, M. 2017”La política fiscal en Costa Rica y sus márgenes de acción”. Friedrich Ebert S.
2 OCDE: Costa Rica: Evolución Económica Reciente en algunos países de la OCDE y Países No Miembros
3 Ley de Transparencia Fiscal y Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria
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