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Los que tenemos algunos años crecimos con la idea de que los bancos del Estado no pueden quebrar, que eso es imposible, pero hace más de 20 años sucedió; fue en setiembre de 1994, precisamente para las fiestas patrias; no hay más que decir que fue traumático en lo emocional para todos y muy caro de pagar en lo económico. Así fue, el Banco Anglo Costarricense, el más antiguo del país fue cerrado luego de la intervención por parte del consejo de Gobierno de la Administración Figueres Olsen.

Para ubicar a un lector que puede ser algo joven, la administración Figueres Olsen que cerró el Banco Anglo, es la misma que también cerró INCOFER y quitó la nacionalización bancaria, siendo esta fruto de la Junta Fundadora de la Segunda República encabezada por José Figueres Ferrer... padre de Figueres Olsen. Ejecutó también las medidas de los llamados Programas de Ajuste Estructural o PAE, así como otras medidas concordantes con el Consenso de Washington.

Fueron varias las razones financieras que dieron origen al cierre del Banco Anglo. Quizás las tres más importantes son: a) Las pérdidas por 8100 millones de colones de los llamados “Bonos de deuda venezolana”, b) Los 4 mil millones de colones en sobregiros a favor de cuentas de clientes, sin una aparente garantía y c) Una enorme estructura organizacional con una planilla que consumía las ganancias del banco. Posterior al cierre del banco, ordenado por el Consejo de Gobierno, la Asamblea Legislativa en sesión número 78, del 26 de setiembre de 1994, constituyó una comisión legislativa investigadora para establecer la realidad de lo sucedido con las operaciones financieras y la participación de diferentes actores sociales.

Algunos expertos indicaron que la intervención del Banco Anglo fue tardía, otros que el banco pudo haberse salvado mediante la recapitalización que tenía  que haber realizado el Gobierno por medio de los instrumentos pertinentes del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Costa Rica, así como con una necesaria reestructuración de personal para la reducción de costos.

Datos conservadores estiman el monto total que costó el cierre del banco en 35 mil millones de colones, otros expertos que  incluyen el daño social y efectos económicos indirectos, suben mucho más del monto citado; pero lo que queda muy claro, es que el costo económico de una decisión política como la que tomó el Gobierno Figueres Olsen tuvo que ser asumida por todo el pueblo costarricense, y en particular, por los empleados —y sus familiares– del antiguo Banco Anglo.

Luego del cierre del Banco Anglo en 1995 se modificó la Ley Orgánica del Banco Central y la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional. Se convirtió a la AGEF (Auditoría general de entidades Financieras) en la SUGEF que hoy tenemos; en 1998 se creó la Ley reguladora del Mercado de Valores, estableciendo el Consejo Nacional de Supervisión del  Sistema Financiero (CONASSIF), órgano que en vísperas de navidad del pasado diciembre del 2017, procedió a la intervención del Banco Crédito Agrícola de Cartago (BANCRÉDITO).

No cabe duda de que el trabajo de regulación mediante una supervisión prudencial efectuado por la SUGEF —estableciendo numerosas normas relativas, entre otras cosas, a reducir el riesgo bancario en general— así como la legislación citada no pudieron evitar el “desastre sin paliativos” de Bancrédito, o bien, el caso “Banco de Costa Rica – Cementazo”.

Considero que es razonable y hasta obligado que el ciudadano contribuyente y votante se pregunte, ¿pero cómo fue que pasó esto otra vez? ¿Falló el legislador en las leyes o falló la supervisión?  Partamos de un hecho, ¡Aquí ya no hay bonos venezolanos en juego! Se aclara porque con la legislación citada en párrafos anteriores los bancos del estado no están autorizados a invertir en activos financieros de riesgo, solamente en títulos valores del Banco Central o del Ministerio de Hacienda.

Por lo demás, vuelve a salir el tema de que las medidas correctivas del gobierno Solís Rivera llegaron muy tarde, ya que no se salvó la entidad cuando se podía ni tampoco se vendió o fusionó antes de perder la mayor parte de su valor. Cuando finalmente se tomó una posición para ver lo que se podía hacer con Bancrédito... pues no se puede decir otra cosa que las medidas fueron tardías y hasta contradictorias. El Gobierno Central retiró sus inversiones del banco y le sacó en mayo del 2017 de la intermediación financiera, restándole inmediatamente liquidez y valor al mismo; promovió una idea de transformarlo en un Banco de Fomento, pero sin cabildear políticamente en el Congreso si era factible.

No sorprenderá a muchos cuando en el informe final de la intervención solicitada por CONASSIF se evidencien al menos dos de las razones principales que también causaron el cierre del Banco Anglo; es decir, un alto volumen de créditos sin respaldo de garantías suficientes y una alta planilla, distribuida en una costosa estructura organizacional; y para complementar con el caso del “BCR – Cementazo”, tampoco me extrañaría un posible manejo inadecuado de reglamentos internos, o aparentes omisiones de requisitos en la valoración y aprobación de créditos.

Hasta donde conozco, el Gerente General de un Banco Estatal es nombrado por la Junta Directiva de este y la junta Directiva es a su vez, nombrada por el Consejo de Gobierno, si … del mismo Gobierno que durante tres años en el ejercicio ha tenido que venir interesándose por lo que pasaba en Bancrédito, de la misma forma en la que se interesó en el caso del Banco de Costa Rica y su Junta Directiva; pero es ahora cuando el mismo Gobierno por medio de uno de sus ministros, es quien dice que debido a la intervención solicitada por CONASSIF, el efecto económico de incremento en el déficit fiscal se acercará a los 100 mil millones de colones, 100 mil millones que pagaremos los ciudadanos votantes y nuestros descendientes, de la misma forma en la que hemos venido pagando lo que costó el cierre del Banco Anglo Costarricense...

El Ex Súper Intendente de la SUGEF Bernardo Alfaro y el Ex Presidente del Banco Central, Eduardo Lizano, en el año 2004, expresaron en términos generales la necesidad de que los bancos del estado cuenten con Gerentes Generales de calidad y con Juntas Directivas también de calidad, señalando en esa oportunidad que la independencia o autonomía  bancaria  resulta ser muy difícil de mantener cuando son los gobiernos de turno los que nombran a los directivos de los bancos.  Así las cosas, no es algo nuevo el tema, como tampoco lo es el hecho de que tengamos que ser los costarricenses los que asumamos el costo de las decisiones que los gobernantes elegidos por nosotros mismos toman, repitiéndose la historia lamentablemente.

Como pueblo educado y siendo la democracia más antigua de América Latina, es más necesario hoy que nunca, la reflexión y la prudencia al elegir nuestros gobernantes; esperamos que la justicia juzgue a los funcionarios que han actuado mal en el ejercicio de sus cargos, eso está bien, pero no nos quepa duda que también la historia nos juzgará como pueblo y ante las generaciones venideras, de ahí su vital importancia.

Fotografía: QCostaRica.