Si hoy no se protege a los más vulnerables, mañana puede ser usted.

Tengo 75 años y ya son muchas noches en vela pensando si tendré lo suficiente para seguir adelante con un poco de autonomía.

No se trata de ambición ni de ingratitud. Sé que nuestros hijos nos apoyan con cariño, pero como muchas personas mayores, valoro poder cubrir mis propios gastos. Nuestros ahorros no son un lujo: en mi caso, eran mi seguridad, mi derecho a envejecer con un mínimo de independencia. Porque después de toda una vida dedicada al hogar, al cuidado de otros, sin salario ni pensión, lo que tenía ahorrado era todo lo que tenía.

Confié en una entidad financiera formal, autorizada y supervisada. Nunca imaginé que esa confianza terminaría traicionada. Y mucho menos que las decisiones que tomarían priorizarían sólo el cumplimiento mínimo de la ley, sin preguntarse quiénes éramos los ahorrantes ni qué impacto tendría esto en nuestras vidas.

Como muchas mujeres de mi generación, no tengo pensión ni ingresos fijos. Pero sí tenía una esperanza: poder envejecer en un país que siempre se enorgulleció de su paz, su solidaridad y su compromiso con los derechos humanos. Por eso vine hace más de 20 años a Costa Rica, vendiéndolo todo y trayendo los ahorros de toda mi vida para pasar aquí una vejez tranquila.

Desde que comenzó la crisis de Desyfin, hace más de un año, vivo con angustia. Esta semana se informó que el 74 % de los ahorrantes recuperará el 100 % de lo que tenía. Pero quienes superamos los ₡6 millones solo recibiremos el 48,97 % del excedente. Una pérdida dolorosa.

Más dolorosa aún al saber que no se evaluó la situación de quienes, como yo, habíamos invertido todo lo que teníamos, sin respaldo estatal ni red de seguridad.

¿Es justo que quienes más confiamos, seamos quienes más perdamos? ¿Cómo es posible que los ahorros de toda una vida se sacrifiquen para proteger la estabilidad del sistema, sin exigir responsabilidades? Después de lo ocurrido con Coopeservidores y con Desyfin, ¿aún podemos ahorrar con confianza?

Esto no es solo una injusticia financiera. Es una violación silenciosa a derechos humanos esenciales que deben guiar toda decisión pública:

  • El derecho a una vejez digna y protegida.
  • El derecho a la seguridad social y financiera.
  • El derecho a medidas de equidad para personas mayores y mujeres sin pensión.
  • El derecho a la tranquilidad emocional y familiar.
  • El derecho a reparación cuando el sistema falla.

Muchas adultas mayores como yo, a quienes este país llama con orgullo “ciudadanas de oro”, hemos vivido décadas de trabajo silencioso y cuidados no remunerados. Hoy, en el tramo final de la vida, se nos deja de lado ante una pérdida que nunca debimos asumir.

Por eso pido que se reconsideren estas decisiones con criterios de justicia social, no solo de conveniencia contable. Que se fortalezcan los mecanismos de protección para los ahorrantes más vulnerables. Y que este caso no quede como una triste anécdota más, sino como un punto de inflexión para construir una Costa Rica mas justa, que no abandona a quienes ya lo dieron todo.

No pido privilegios. Pido justicia. Pido que nuestra dignidad importe. Porque una vejez digna no debería depender de la suerte ni de la caridad, sino del respeto que una sociedad le tiene a quienes la construyeron.

Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.