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Imagen principal del artículo: El voto de un país sin flota
Foto: Valentin Schönpos víaPixabay

El voto de un país sin flota

El viernes 4 de diciembre, si el calendario se mantiene, las Partes del Anexo VI del Convenio MARPOL podrán votar en Londres la adopción del llamado Marco de Cero Neto, un conjunto de enmiendas que establecería el primer sistema mundial que combina límites de intensidad de emisiones y un mecanismo de precio al carbono para el transporte marítimo. Costa Rica podrá participar en esa decisión después de haberse incorporado a MARPOL en 2025. Aunque las nuevas obligaciones no se incorporarían automáticamente al ordenamiento nacional, debido a la reserva formulada por el país respecto del procedimiento de enmiendas, lo que se decida tendrá consecuencias para su comercio exterior.

El marco combina dos instrumentos. El primero es una norma mundial de combustible, que obliga a los buques de más de cinco mil toneladas de arqueo bruto, responsables de cerca del ochenta y cinco por ciento del dióxido de carbono del transporte marítimo internacional, a reducir gradualmente la intensidad de gases de efecto invernadero de la energía que consumen. El segundo es un mecanismo económico mediante el cual los buques que excedan determinados límites deberán compensar su déficit de cumplimiento, utilizando créditos o realizando contribuciones a un fondo administrado por la propia OMI. El proyecto contempla dos niveles iniciales de precio, de cien y trescientos ochenta dólares por tonelada de dióxido de carbono equivalente.

La historia del texto explica por qué la votación de diciembre importa más que su contenido técnico. El Comité de Protección del Medio Marino lo aprobó en abril de 2025 con el apoyo de sesenta y tres Estados, y la adopción formal debía producirse en octubre de ese año. Sin embargo, tras una semana de presiones encabezadas por Estados Unidos, Arabia Saudita pidió votar un aplazamiento y lo obtuvo por 57 votos contra 49, con 21 abstenciones y ocho ausencias, mientras delegaciones de las islas del Pacífico abandonaban la sala en protesta. En aquella ocasión no se votó la adopción del marco, sino la suspensión de la reunión. A inicios de mayo de 2026, el comité mantuvo vivo el proyecto y fijó una nueva fecha, y el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, reconoció que estaban de vuelta en el camino correcto, pero que debían reconstruir la confianza. La reunión de trabajo de setiembre terminó sin resolver las diferencias, especialmente las relacionadas con el mecanismo económico y el destino de los recursos.

La adopción requiere dos tercios de los votos de las Partes del Anexo VI presentes y votantes, y si no se alcanza esa mayoría, la decisión podría volver a postergarse. Hay quien teme algo más grave que un nuevo aplazamiento, pues una votación profundamente dividida podría debilitar a una organización que ha funcionado durante décadas procurando el consenso. La alternativa a una regla mundial son las reglas regionales, como las que la Unión Europea ya aplica al transporte marítimo que opera en sus puertos, y ese es el escenario que los países pequeños tienen más razones para temer, porque en él no participan de las decisiones.

En octubre escribí en este espacio que un país pequeño, sin flota y sin refinería, figura entre los que pagan sin haber combatido las guerras que encarecen su diésel. La votación de Londres plantea la situación inversa, y por eso merece atención. Parte del costo de reducir las emisiones, o de compensar aquellas que excedan los límites establecidos, podrá trasladarse al flete y pesar más sobre las economías alejadas de sus mercados y sobre los productos de bajo valor por tonelada y alta exigencia de frío, como el banano y la piña que salen de Moín hacia Europa y Estados Unidos. Costa Rica no cuenta con una flota mercante oceánica significativa que deba adaptarse, de modo que no pagará principalmente como armador, pero sí podrá hacerlo como exportador, importador y consumidor.

La otra mitad de la cuenta es el fondo. Una parte de lo recaudado se destinaría a apoyar la transición en los países en desarrollo, lo que incluye infraestructura portuaria, suministro de combustibles de emisiones bajas o nulas y formación de personal. La existencia del fondo, sus condiciones de acceso y el destino de los recursos constituyen precisamente algunos de los aspectos más discutidos del proyecto. Para un país que acaba de incorporarse a MARPOL y que todavía debe fortalecer su capacidad para aplicarlo, esos mecanismos podrían representar una oportunidad de financiamiento, aunque no exista garantía de recibir recursos ni de cubrir con ellos todos los costos de la transición.

En la OMI, cada Parte del Anexo VI habilitada para votar sobre las enmiendas dispone de un voto, y el de un país sin una gran flota mercante pesa jurídicamente lo mismo que el de una potencia naviera. Costa Rica no es aquí la periferia que absorbe decisiones ajenas, como ocurre con el diésel, puesto que tiene la posibilidad de participar en la decisión. Lo que no he logrado encontrar en las fuentes públicas es una explicación de la posición que sostuvo el país frente al aplazamiento de octubre de 2025 ni qué instrucción llevará su delegación el 4 de diciembre. Tampoco tengo noticia de que el tema haya sido objeto de una discusión pública con la Asamblea Legislativa, el sector exportador o las autoridades portuarias. Las presiones internacionales que rodean esta negociación hacen comprensible su sensibilidad diplomática, pero no justifican que la posición nacional permanezca fuera del conocimiento público.

Hay tres tareas que sí nos corresponden. La primera es que el Gobierno diga cuál es la posición del país y quién la definió, porque un voto que puede comprometer el costo de las exportaciones no debería decidirse entre una cancillería y una embajada sin que los sectores afectados conozcan sus fundamentos. La segunda es estimar lo que el marco podría costar y lo que el fondo permitiría financiar, un cálculo en el que deberían participar el Ministerio de Comercio Exterior, el MOPT y las autoridades portuarias, y que no conozco publicado. La tercera es preparar los puertos para los combustibles que vienen, puesto que, se adopte o no el marco en diciembre, el régimen europeo ya alcanza parte de las emisiones de los viajes entre sus puertos y los de terceros países, incluidos los realizados por los grandes buques que operan en el comercio exterior costarricense. La disponibilidad de combustibles alternativos y de infraestructura adecuada tendrá una importancia creciente en las decisiones de las navieras.

Nada de lo que se vote en Londres dependerá exclusivamente de Costa Rica, cuyo voto es uno entre más de un centenar. De ella depende, en cambio, llegar a la sala sabiendo lo que le interesa, y que sus ciudadanos sepan lo que su representante votó en su nombre.