Una vez más, un estudio presenta cifras sobre la producción agrícola costarricense que no resisten un análisis técnico serio. Publicado en la revista Environment International y retomado en una nota periodística del pasado 20 de octubre, titulada “Estudio estima que cultivos de Costa Rica utilizan casi el doble de plaguicidas por hectárea que el indicador oficial”, el estudio atribuye al banano la mayor intensidad promedio de uso de plaguicidas del país: 78,88 kilogramos de ingredientes activos por hectárea al año. La cifra es llamativa, pero no proviene de las fincas bananeras.
El problema de fondo es sencillo de explicar: el uso de plaguicidas no se puede medir a partir de las importaciones. Las estimaciones del estudio se construyeron con datos de importaciones, exportaciones y registros de productos autorizados en el país, es decir, con información sobre movimientos comerciales y permisos, no sobre lo que efectivamente se aplica en el campo. Un kilo importado no equivale a un kilo aplicado. Ninguno de esos valores corresponde a mediciones directas de las aplicaciones realizadas en las fincas ni a registros reales.
Y si medir el uso con base en importaciones ya es inadecuado, pretender segregar esas cantidades por cultivo específico lo es todavía más. El modelo reparte las cifras nacionales entre los distintos cultivos mediante supuestos metodológicos, como si la autorización de un producto para un cultivo demostrara que efectivamente se utiliza en él. No es así: un mismo ingrediente activo puede estar autorizado para varios cultivos. El caso del mancozeb lo ilustra bien: los autores lo asocian estrechamente con el banano para el control de la Sigatoka negra, pero presentan una cifra global sin aclarar que este ingrediente también se utiliza en papa, hortalizas y café.
A ello se suman comparaciones fuera de contexto. El banano es un cultivo perenne que se produce durante todo el año en zonas de alta precipitación y bajo la presión constante de la Sigatoka negra. Los rangos de aplicación varían según factores como las condiciones climáticas. Además, basta con comparar el tamaño de las plantas: una planta de banano alcanza varios metros de altura, con hojas de gran superficie y una biomasa muy superior a la de una planta de cebolla, de papa o incluso a la de un arbusto de café. Es lógico que una planta de esas dimensiones requiera más nutrientes y más productos para su protección por hectárea. Comparar su intensidad de uso con la de cultivos de ciclo corto o de menor porte, sin considerar estas particularidades, distorsiona los resultados, conduce a conclusiones equivocadas y vuelve a evidenciar la falta de contexto y el tono acusatorio del estudio.
Tampoco es posible derivar de estas cifras conclusiones sobre riesgo. El estudio no incluye monitoreos ambientales ni biomonitoreo de personas, por lo que no existe fundamento técnico para determinar un riesgo real por exposición únicamente a partir de la cantidad de ingredientes activos. Para hacerlo sería indispensable considerar la frecuencia y el modo de aplicación, la persistencia, la toxicidad y el comportamiento ambiental de cada ingrediente.
Nada de esto es nuevo. Desde hace años, Corbana ha venido señalando, de forma reiterada, que los cálculos de uso de plaguicidas basados en importaciones no reflejan la realidad del campo y que no permiten atribuir cantidades a cultivos específicos. Sin embargo, el mismo enfoque reaparece cada cierto tiempo, con los mismos errores, y vuelve a ocupar titulares sin las advertencias metodológicas que exige. Que un argumento técnicamente refutado se repita una y otra vez demuestra únicamente un interés en afectar la imagen de la producción agrícola nacional.
Y esa imagen no es un asunto menor. La agricultura es una de las bases de la economía nacional y una fuente fundamental de empleo rural. Cuando se difunden cifras sin sustento sobre su desempeño, no solo se golpea la reputación de un sector productivo, sino también la de miles de personas y familias que dependen diariamente de esta actividad y la del país en los mercados internacionales donde compite.
La realidad de la actividad bananera es muy distinta a la que sugieren estos modelos. Se trata de una industria altamente regulada, tanto por la legislación nacional como por certificaciones internacionales que establecen requisitos para el uso responsable y controlado de los productos fitosanitarios. Las aplicaciones están sujetas a la regulación del Servicio Fitosanitario del Estado, y el 100% de las fincas exportadoras de banano cuentan con certificaciones como Rainforest Alliance y GlobalG.A.P., que exigen registrar cada aplicación, restringen determinados ingredientes activos y requieren planes de reducción.
El país merece información seria. Presentar como hechos lo que son proyecciones de un modelo no informa a la ciudadanía: la confunde y perjudica injustamente a quienes producen.