La investigación calculó un promedio anual de 21,9 kilogramos por hectárea cultivada y encontró un deterioro en varios indicadores de peligrosidad para organismos acuáticos.
Un estudio científico publicado en la revista Environment International estimó que en los cultivos agrícolas de Costa Rica se utilizan, en promedio, 21,9 kilogramos de ingredientes activos de plaguicidas por hectárea al año, casi el doble del indicador oficial que considera tanto las tierras de cultivo como los pastos.
La diferencia responde principalmente a la superficie utilizada para calcular cada promedio. Al incluir los pastos, donde el uso de plaguicidas es considerablemente menor, el indicador nacional disminuye. La investigación también encontró que la peligrosidad de las sustancias utilizadas no disminuyó de manera consistente durante el período analizado. Aunque algunos indicadores mejoraron, otros empeoraron, especialmente los relacionados con posibles efectos tóxicos sobre organismos acuáticos.
El trabajo fue elaborado por Soledad Castro-Vargas, de la Universidad de Zúrich; Santiago Álvarez-Fernández, investigador independiente; y Ryan E. Galt, de la Universidad de California en Davis, Estados Unidos.
Publicado en agosto de 2026, el estudio combinó registros oficiales de importaciones, exportaciones, productos autorizados y superficies agrícolas. Con esa información, el equipo estimó las cantidades de plaguicidas utilizadas en el país, su distribución por cultivos y las características de peligrosidad de 275 ingredientes activos.
Para ello desarrolló la Base de Datos Integrada de Plaguicidas de Costa Rica (CRIPD, por sus siglas en inglés), a partir de más de 71.000 registros comerciales del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y otras fuentes oficiales. Según explicó Álvarez-Fernández en el comunicado de presentación, el cruce con bases de datos del Ministerio de Hacienda permitió corregir más de 30.000 errores, incluidos registros duplicados y cantidades mal digitadas.
El promedio casi se duplica al excluir los pastos
Uno de los principales hallazgos de la investigación es la diferencia entre los indicadores que incluyen toda la superficie agropecuaria considerada y aquellos que se concentran exclusivamente en las tierras de cultivo. Al incorporar los pastos manejados, los investigadores obtuvieron un promedio anual de 11,07 kilogramos por hectárea, prácticamente igual a los 11,04 kilogramos reportados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Sin embargo, los pastos representaron aproximadamente la mitad de la superficie considerada en el modelo y registraron un uso estimado de apenas 1,04 kilogramos por hectárea. Cuando se excluyen esas áreas y se analizan únicamente los cultivos, el promedio asciende a 21,91 kilogramos por hectárea al año.
La nueva estimación se ubica entre dos cifras que han protagonizado el debate nacional: los 11,04 kilogramos por hectárea reportados por el MAG y los 34,45 kilogramos por hectárea estimados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a partir de metodologías y períodos de referencia diferentes.
Entre los cultivos analizados, el banano presentó la mayor intensidad promedio estimada, con 78,88 kilogramos por hectárea, seguido por la piña, el arroz, el tomate y la papa. Para el banano, el modelo calculó además un aumento de 60,68 kilogramos por hectárea en 2012 a 103,95 kilogramos en 2024.
En términos geográficos, Limón presentó los valores más elevados. La intensidad promedio provincial estimada fue de 35,77 kilogramos por hectárea al incluir pastos, y de aproximadamente 57,5 kilogramos al excluirlos. Los investigadores relacionaron ese resultado con la concentración de cultivos de exportación, particularmente banano y piña, en el Caribe.
El análisis también identificó que cuatro ingredientes activos representaron, en conjunto, aproximadamente el 51% de la cantidad anual estimada de plaguicidas: el fungicida mancozeb, el herbicida glifosato, el insecticida diazinón y el nematicida etoprofos. El mancozeb, por sí solo, concentró cerca del 36% de la carga anual promedio.
Las cifras son estimaciones, no mediciones directas en las fincas
Aunque el estudio utiliza registros oficiales, sus resultados no proceden de una medición directa de cada aplicación realizada por los agricultores.
Los investigadores calcularon primero las cantidades de ingredientes activos que permanecieron en el país a partir de las importaciones y exportaciones. Después distribuyeron esas cantidades entre cultivos utilizando información sobre productos registrados, dosis autorizadas, frecuencia de aplicación y superficie cultivada.
El modelo supone, entre otras condiciones, que las aplicaciones corresponden a las dosis máximas y frecuencias consideradas en los registros y que, para un mismo cultivo, la intensidad de uso no cambia entre regiones. Los autores reconocen que esas condiciones no siempre se cumplen. Algunas actividades agrícolas aplican cantidades menores a las consideradas por el modelo, mientras que otras pueden superar las frecuencias recomendadas.
La estimación geográfica también utiliza información del censo agropecuario de 2014, por lo que no incorpora todos los cambios posteriores en la distribución provincial de los cultivos. En consecuencia, las cifras permiten analizar patrones nacionales y aproximaciones por cultivo y provincia, pero no deben interpretarse como cantidades medidas directamente en cada plantación.
La peligrosidad de los plaguicidas no disminuyó de forma consistente
La investigación también evaluó las propiedades de peligrosidad de los ingredientes activos utilizados, considerando sus posibles efectos sobre la salud humana y distintos organismos del ambiente. Según el estudio, los 32 ingredientes activos que concentran el 90% del uso estimado presentan peligrosidad alta en al menos una de las categorías examinadas.
Los resultados muestran tendencias diferentes según el tipo de efecto analizado: algunos indicadores mejoraron, otros no presentaron cambios estadísticamente significativos y varios empeoraron, especialmente los relacionados con organismos acuáticos. Los indicadores asociados con potencial cancerígeno, alteraciones endocrinas y toxicidad aguda por contacto con la piel comenzaron el período en niveles elevados y no registraron mejoras estadísticamente significativas.
En contraste, los indicadores relacionados con ciertas propiedades de las sustancias en el ambiente, como su movilidad y comportamiento en el agua o el suelo, mostraron mejoras, aunque generalmente pequeñas.
Para los investigadores, los resultados cuestionan la idea de que la modernización agrícola necesariamente reduzca la peligrosidad mediante la sustitución de ingredientes activos antiguos por sustancias menos dañinas. La autora principal, Soledad Castro-Vargas, señaló en el comunicado que ingredientes activos de uso extendido en Costa Rica, como el mancozeb, el glifosato y el diazinón, llevan décadas en el mercado.
La investigadora vinculó esa permanencia con el crecimiento del mercado de plaguicidas genéricos, que permite prolongar la comercialización de moléculas antiguas. El equipo también cuestionó que las modificaciones al reglamento de registro de plaguicidas, vigentes desde 2023, se hayan traducido principalmente en la incorporación de sustancias nuevas.
Según datos del SFE incluidos en el comunicado de prensa, más de tres cuartas partes de los 58 ingredientes activos registrados mediante ese mecanismo hasta setiembre de 2026 ya habían contado con registros anteriores en el país. Entre esos ingredientes figuran el mancozeb, el glifosato y el herbicida 2,4-D.
Persisten vacíos sobre los efectos en ambientes tropicales
Los autores advirtieron que su análisis está limitado por la disponibilidad de información sobre la toxicidad de las sustancias, especialmente bajo las condiciones ambientales de regiones tropicales. Para determinados indicadores de ecotoxicología acuática, los datos disponibles no cubren sustancias que representan hasta el 31% de la cantidad estimada de plaguicidas utilizados.
Los investigadores también señalaron que existen grupos de organismos, como los invertebrados acuáticos tropicales, para los cuales no hay información suficiente para incorporarlos adecuadamente al análisis. Parte de los parámetros empleados internacionalmente se desarrollaron a partir de condiciones de regiones templadas, que no necesariamente representan las características climáticas y ecológicas costarricenses.
Otra limitación es que las evaluaciones convencionales suelen estudiar los ingredientes activos de manera individual, sin considerar todos los posibles efectos derivados de su aplicación conjunta. El artículo cita investigaciones anteriores que encontraron efectos neurotóxicos mayores al combinar mancozeb y glifosato, en comparación con los observados para el glifosato por separado.
Estas limitaciones impiden utilizar las estimaciones de cantidad y peligrosidad para determinar, por sí solas, los niveles reales de exposición de poblaciones humanas o los daños específicos en ecosistemas.
Investigadores proponen mejorar los registros y el monitoreo
A partir de los resultados, los autores recomendaron que Costa Rica publique por separado las estimaciones de uso de plaguicidas en cultivos y pastos, para facilitar comparaciones basadas en superficies equivalentes. También propusieron avanzar hacia un registro público de aplicaciones por cultivo y región, similar al existente en California, Estados Unidos, donde se reporta información detallada sobre los plaguicidas utilizados.
El equipo considera prioritario fortalecer el monitoreo ambiental y los estudios de exposición humana, especialmente en la región Caribe y alrededor de plantaciones de banano y piña. El coautor Ryan E. Galt destacó en el comunicado que la disponibilidad de registros públicos permite examinar las prácticas agrícolas y evaluar posibles medidas para reducir la peligrosidad de las sustancias utilizadas.
Los resultados adquieren relevancia en el contexto del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que incluye la meta de reducir a la mitad el riesgo asociado con los plaguicidas y las sustancias químicas altamente peligrosas para 2030. La investigación concluye que disponer de registros más detallados permitiría mejorar las estimaciones, identificar concentraciones de uso que los promedios nacionales pueden ocultar y orientar investigaciones para evaluar los riesgos ambientales y sanitarios.