Tribunal Contencioso Administrativo rechazó una solicitud cautelar que cuestionaba una posible afectación a la Zona Protectora Tivives.
El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda revocó la medida cautelar que impedía al Estado y al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) formalizar el contrato de concesión para la modernización de Puerto Caldera, luego de determinar que la parte demandante no acreditó suficientemente el riesgo de afectación ambiental que alegó sobre la Zona Protectora Tivives.
Mediante la resolución 2026007168, del 7 de octubre de 2026, la jueza Yendri Verónica González Get dejó sin efecto la suspensión provisionalísima que había ordenado el 27 de julio y declaró sin lugar la solicitud cautelar presentada por Daniel Rojas Pochet. La decisión permite retomar los trámites de formalización de la concesión, sin que ello implique una autorización inmediata para iniciar las obras.
El procedimiento judicial surgió a raíz de cuestionamientos sobre los terrenos que comprende la concesión, cuya adjudicación dispuso el Poder Ejecutivo mediante el acuerdo 045-MOPT-H, del 17 de marzo de 2026. El demandante argumentó que parte del área del proyecto podría superponerse con la Zona Protectora Tivives, por lo que solicitó suspender los efectos de la adjudicación mientras las autoridades judiciales resuelven la controversia sobre su legalidad.
La solicitud tomó como uno de sus fundamentos la sentencia 2024-036952 de la Sala Constitucional, que anuló el Decreto Ejecutivo 42404-MINAE, mediante el cual el Gobierno había reducido la extensión de la zona protegida. La Sala ordenó restituir sus límites originales, pero el Tribunal Contencioso Administrativo consideró que esa anulación no demuestra, por sí misma, que el proyecto portuario invada terrenos protegidos.
Fuera de la Zona Protectora Tivives.
Para resolver la solicitud, el tribunal examinó documentación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), incluida una evaluación del 21 de agosto de 2026 y un análisis complementario del 23 de septiembre. Según estos documentos, el área delimitada para la nueva concesión se encuentra completamente fuera de la Zona Protectora Tivives.
La jueza también señaló que la parte demandante no distinguió suficientemente entre el límite de aprovechamiento portuario, el área específica de la nueva concesión y los terrenos que constituyen Patrimonio Natural del Estado dentro de la zona protegida. En su criterio, los elementos aportados no permitieron acreditar, con el grado de probabilidad requerido para adoptar una medida cautelar, que el proyecto ocupe terrenos protegidos.
La resolución explicó que la existencia de una controversia sobre la delimitación territorial no basta para suspender la adjudicación, pues resulta necesario aportar elementos objetivos que permitan establecer una probabilidad razonable de afectación grave. El tribunal reconoció la relevancia jurídica de los cuestionamientos ambientales, pero consideró que la documentación técnica oficial disponible contradice la hipótesis de superposición territorial.
Formalización del contrato no autoriza el inicio de las obras
Otro de los elementos que valoró la jueza fue la diferencia entre la firma del contrato de concesión y la ejecución física del proyecto. El tribunal indicó que la formalización contractual no constituye un permiso para realizar talas, rellenos, dragados, movimientos de tierra u otras intervenciones, debido a que esas actividades requieren autorizaciones ambientales, técnicas y administrativas adicionales.
La parte demandante había advertido que avanzar con el contrato podría consolidar derechos y situaciones difíciles de revertir, con posibles consecuencias sobre los manglares, humedales, la cobertura forestal y otros componentes de la biodiversidad. Sin embargo, la resolución determinó que no existían pruebas suficientes para vincular directamente la formalización de la concesión con daños ambientales graves, actuales o potenciales.
El tribunal también ponderó el interés público ambiental frente a las consecuencias de mantener suspendido el procedimiento concesional. En ese análisis, consideró que detener la modernización podría afectar los plazos de inversión, el financiamiento, la transición entre operadores y la continuidad futura del servicio portuario, mientras que el riesgo ambiental alegado no alcanzó el grado de acreditación necesario para justificar la medida.
INCOP satisfecho con el fallo
La resolución aclaró que el levantamiento de la suspensión permite continuar con la formalización de la concesión, pero no constituye una sentencia definitiva sobre la legalidad de la adjudicación. El tribunal tampoco descartó que el proyecto pueda generar impactos ambientales, por lo que las futuras obras deberán cumplir los permisos y controles correspondientes.
Tras conocer el fallo, el INCOP manifestó su satisfacción y sostuvo que la decisión permite continuar con los procedimientos de modernización de Puerto Caldera. En un comunicado, su presidente ejecutivo, Wagner Alberto Quesada Céspedes, defendió las actuaciones institucionales relacionadas con el proyecto.
Desde el inicio hemos actuado con responsabilidad, transparencia y absoluto respeto al ordenamiento jurídico, convencidos de que las actuaciones institucionales relacionadas con Puerto Caldera se han desarrollado conforme al marco legal y técnico correspondiente. Esta resolución representa un paso importante para el INCOP y una señal positiva para el proceso de modernización de Puerto Caldera, una infraestructura estratégica para Costa Rica, para el comercio exterior y para el desarrollo económico de la región del Pacífico”.
El instituto agregó que el proyecto cuenta con acompañamiento técnico de la Corporación Financiera Internacional (IFC), integrante del Grupo Banco Mundial. Según los argumentos que presentó ante el tribunal, la inversión prevista ronda los 587 millones de dólares, mientras que los contratos vigentes de operación de las terminales portuarias tienen una prórroga hasta el 31 de agosto de 2027.
Apenas hace tres días, la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras (Crecex) solicitó al Contencioso Administrativo resolver con celeridad la medida cautelar que mantenía suspendidas las negociaciones del contrato de concesión para modernizar Puerto Caldera.
La organización empresarial advirtió que los atrasos en el proyecto, cuya inversión ronda los 600 millones de dólares, podrían incrementar los costos logísticos, generar incertidumbre en las cadenas de suministro y afectar la competitividad del comercio exterior, aunque recalcó que el proceso debía respetar los controles ambientales y las garantías judiciales.