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Crecex pide celeridad al Tribunal Contencioso para resolver suspensión de modernización de Puerto Caldera

Una medida cautelar por un reclamo ambiental mantiene suspendidas temporalmente las negociaciones del contrato con el Consorcio Sunset.

La Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras (Crecex) pidió al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda resolver con celeridad la medida cautelar que mantiene suspendidas las negociaciones del nuevo contrato de concesión para la modernización de Puerto Caldera.

La organización empresarial señaló que respeta la independencia judicial, la legislación ambiental y el derecho de las personas a acudir a los tribunales, pero consideró necesario que el proceso se resuelva con “la mayor diligencia y sentido de urgencia posibles”.

El presidente de Crecex, Rodney Salazar, señaló:

Costa Rica no puede permitirse que proyectos estratégicos permanezcan indefinidamente atrapados entre procedimientos administrativos y judiciales”.

La medida cautelar surgió a partir de un reclamo de naturaleza ambiental y obligó a detener temporalmente las negociaciones contractuales mientras el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda resuelve el asunto.

El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) adjudicó la concesión al Consorcio Sunset. La Contraloría General de la República rechazó en julio los recursos de apelación contra el acto final, con lo que la adjudicación quedó firme en vía administrativa.

Crecex sostuvo que los cuestionamientos ambientales deben analizarse con rigurosidad, pero afirmó que los atrasos en infraestructura portuaria generan consecuencias sobre los costos logísticos, las cadenas de suministro y la competitividad del comercio exterior.

Salazar indicó:

Por eso, cada nuevo atraso tiene un costo económico real. Se traduce en mercancías que deben buscar rutas alternativas, mayores costos de transporte, incertidumbre en las cadenas de suministro y pérdida de competitividad para exportadores e importadores”.

El dirigente añadió:

No estamos solicitando que se omitan controles, requisitos ambientales ni garantías procesales. Todo lo contrario: queremos que estos sean atendidos con rigurosidad. Lo que Costa Rica necesita es que esos controles también operen con sentido de oportunidad. Un proyecto estratégico para el país no puede quedar durante meses o años en incertidumbre mientras empresas y consumidores continúan pagando el costo de una infraestructura que requiere urgentemente modernización”.

Proyecto ronda los $600 millones

El proceso de licitación internacional para la nueva concesión de Puerto Caldera comenzó en octubre de 2024. La nueva concesión contempla una inversión cercana a los $600 millones para ampliar y modernizar la terminal.

Entre las intervenciones previstas se encuentran nuevos muelles, mayor profundidad de atraque, ampliación de patios y áreas de almacenamiento, modernización del equipamiento, mejoras en los accesos y herramientas tecnológicas para la operación y trazabilidad de mercancías.

Crecex también pidió abrir una discusión sobre los plazos que requieren los grandes proyectos de infraestructura pública en Costa Rica.

Salazar añadió:

Costa Rica no puede normalizar que una obra estratégica necesite años para superar sucesivamente estudios, permisos, objeciones, apelaciones, adjudicaciones, refrendos y procesos judiciales antes siquiera de comenzar su construcción".

El presidente de Crecex concluyó:

Puerto Caldera no es un proyecto de un Gobierno, de una institución o de un concesionario. Es infraestructura estratégica para Costa Rica. El país necesita seguridad jurídica, necesita controles y necesita protección ambiental; pero también necesita decisiones oportunas. Después de tantos años de rezago, el factor tiempo debe convertirse también en una variable de interés público”.