El proceso judicial se originó por declaraciones de Chacón en 2023 sobre una supuesta gestión del entonces legislador para que el Ministerio de Salud adquiriera un terreno en Esparza.
El Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José absolvió a la exministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, en el proceso penal que enfrentaba a raíz de una querella presentada por el exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás Alvarado, por presuntos delitos contra el honor.
La decisión fue adoptada tras un juicio que comenzó el pasado 23 de octubre, luego de varias reprogramaciones desde que Nicolás presentó la querella en 2023.
El conflicto se originó en febrero de ese año, cuando Chacón todavía ejercía como ministra de Salud durante la administración de Rodrigo Chaves Robles. La entonces jerarca señaló públicamente que Nicolás había intentado promover la compra de un terreno perteneciente a un supuesto amigo suyo, en relación con las instalaciones de un Centro de Educación y Nutrición y Centro Infantil de Atención Integral (CEN-CINAI) en Esparza, Puntarenas.
El exlegislador rechazó las afirmaciones y sostuvo que sus intervenciones estuvieron dirigidas a buscar alternativas para mejorar las condiciones del servicio público, sin procurar beneficios económicos para particulares. También negó mantener una relación de amistad con el propietario del inmueble.
Nicolás consideró que las declaraciones de la entonces ministra dañaron su honor y su reputación, por lo que acudió a los tribunales mediante una querella por presuntos delitos de injurias, calumnias y difamación. También presentó una acción civil resarcitoria por ₡10 millones, con la que pretendía obtener una indemnización por los perjuicios que atribuyó a las manifestaciones de Chacón.
Defensa sostuvo que se trataba de una crítica política
Durante el juicio, la representación legal de Chacón argumentó que las declaraciones cuestionadas constituían una crítica propia del debate político y no un ataque delictivo contra el honor de Nicolás.
El abogado defensor Randall Sibaja sostuvo que la parte querellante confundía las expresiones propias de la discusión entre funcionarios públicos con conductas penalmente sancionables. También cuestionó la manera en que se había planteado la acusación y la fundamentación del reclamo económico.
Por su parte, Nicolás declaró ante los jueces que las manifestaciones de Chacón respondieron a una reacción contra sus cuestionamientos a la gestión de la entonces ministra. Aseguró que, si la jerarca consideraba que había cometido alguna irregularidad, correspondía presentar una denuncia ante las autoridades competentes.
Durante el debate también declaró William Barrantes, propietario del terreno mencionado en la controversia, quien negó mantener una relación de amistad con el exdiputado o haber conversado con él sobre la venta del inmueble.
El tribunal intervino durante el juicio para delimitar los hechos que podían discutirse, después de advertir que la representación del querellante estaba incorporando señalamientos distintos de los admitidos originalmente.
El proceso judicial enfrentó diversos aplazamientos antes de llegar a debate. En agosto de 2026, el tribunal declaró en rebeldía a Chacón y ordenó su captura después de que no compareciera a una audiencia programada.
Posteriormente, los jueces dejaron sin efecto esa orden tras recibir una incapacidad médica presentada por la defensa y solicitaron una valoración de Medicatura Forense para determinar si su ausencia estaba justificada.
Finalmente, el juicio comenzó el 23 de octubre y concluyó con la absolución de la exministra. La causa se tramitó bajo el expediente judicial 23-000010-0016-PE.