La operación e inversión de Recope representan alrededor del 5% del precio final de los combustibles. El resto depende principalmente del costo internacional, impuestos y otros componentes tarifarios.
Cuando una persona compra un litro de gasolina en Costa Rica, el dinero que paga se distribuye entre distintos componentes: el costo internacional del combustible, los impuestos, el transporte, las estaciones de servicio y la operación de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Aunque la empresa estatal es responsable de importar los combustibles terminados que consume el país y mantener la infraestructura necesaria para su abastecimiento, sus costos de operación e inversión representan aproximadamente el 5% del precio final que pagan las personas consumidoras.
Esta distribución responde a un modelo de servicio público basado en el principio de servicio al costo, mediante el cual los recursos reconocidos a Recope deben responder a las necesidades de operación, mantenimiento e inversión necesarias para garantizar el suministro.
A diferencia de un esquema empresarial basado en la generación de utilidades para accionistas, Recope opera bajo un modelo de regulación tarifaria en el que debe justificar los recursos necesarios para prestar el servicio ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
El modelo adquiere especial relevancia en un contexto internacional marcado por la volatilidad de los precios del petróleo, los conflictos geopolíticos y los riesgos para las cadenas de suministro. Sin embargo, trabajar al costo no significa que Costa Rica esté protegida de los aumentos internacionales, pues el país depende de la importación de combustibles terminados y está expuesto a las condiciones de esos mercados.
¿Qué significa que Recope trabaje al costo?
El principio de servicio al costo establece que las tarifas de los servicios públicos deben reconocer únicamente los recursos necesarios para su prestación y adecuado desarrollo.
En el caso de Recope, esto comprende actividades como la logística de importación de combustibles, su almacenamiento, trasiego y distribución, así como las inversiones reconocidas para mantener y desarrollar la infraestructura nacional.
La empresa no determina libremente cuánto dinero recibe por estas actividades. Sus necesidades de recursos están sujetas a la evaluación de Aresep, institución encargada de revisar los costos y establecer las tarifas conforme a las metodologías vigentes.
Esto significa que los gastos propuestos por Recope no se incorporan automáticamente al precio de los combustibles. La empresa debe presentar información técnica y financiera que respalde sus solicitudes, mientras que Aresep determina cuáles costos corresponde reconocer mediante las tarifas.
Karla Montero, presidenta de Recope.
La presidenta de Recope, Karla Montero, explicó que este principio también implica revisar periódicamente los gastos e identificar oportunidades para utilizar los recursos de manera más eficiente.
Trabajar al costo significa administrar responsablemente los recursos que necesitamos para cumplir nuestra función. Debemos comprar los combustibles, mantener la infraestructura y garantizar la operación del sistema, pero también revisar nuestros gastos e identificar dónde podemos ser más eficientes. Cada ahorro debe responder a una gestión responsable, sin poner en riesgo el abastecimiento”.
¿Cómo se distribuye el precio de los combustibles?
El precio que aparece en los surtidores de las estaciones de servicio no corresponde exclusivamente al combustible importado ni a los costos de Recope. Su composición incluye diferentes rubros, algunos determinados por las condiciones internacionales y otros establecidos mediante disposiciones legales y regulatorias.
Uno de los principales componentes es el costo de adquisición internacional, que depende de los precios que paga Recope por los productos terminados. A esto se suma la incidencia del tipo de cambio, pues las compras internacionales se realizan en dólares mientras los combustibles se comercializan en colones dentro del país.
Otro componente importante es el impuesto único a los combustibles, establecido por ley. También se incorporan los márgenes reconocidos para las estaciones de servicio y los transportistas, así como los costos operativos y de inversión de Recope.
Un ejemplo permite dimensionar cuánto representa cada componente. Según la estructura tarifaria correspondiente a octubre de 2026, un litro de gasolina súper tiene un precio de ₡764.
De ese monto, aproximadamente el 49% corresponde al costo de adquisición internacional y el 36% a impuestos. La operación e inversión de Recope representan el 4,4%, equivalentes a ₡33,69 por litro. El porcentaje restante corresponde a otros componentes de la estructura tarifaria.
La composición cambia según el producto. Para octubre de 2026, la gasolina regular tiene un precio de ₡719 por litro y el diésel de ₡785, conforme a la resolución RE-0052-IE-2026 de Aresep, cuyos precios entraron en vigor el 3 de octubre.
Los precios de los combustibles se revisan periódicamente mediante diferentes mecanismos regulatorios. La metodología extraordinaria considera factores como los precios internacionales de adquisición y el tipo de cambio, mientras que la metodología ordinaria permite revisar los costos operativos de Recope y de otros participantes de la cadena.
Un mismo precio sin importar la distancia
Una de las características del modelo costarricense es que los combustibles tienen precios regulados uniformes en las estaciones de servicio de todo el territorio nacional, independientemente de su ubicación geográfica.
Esto significa que una persona que compra gasolina en una comunidad alejada de los principales centros de abastecimiento paga la misma tarifa regulada que otra que adquiere el mismo producto en el Valle Central.
El sistema incorpora los costos de transporte mediante un margen reconocido dentro de la estructura tarifaria, en lugar de establecer un precio diferente para cada estación según su distancia de los planteles de distribución.
De esta manera, los costos logísticos se distribuyen bajo un esquema nacional sin trasladar directamente a las comunidades más alejadas un precio mayor debido únicamente a su ubicación.
El papel de Recope frente a las crisis internacionales
Costa Rica importa el 100% de los combustibles terminados que requiere para su abastecimiento, principalmente desde el mercado estadounidense.
Esto implica que las variaciones internacionales pueden repercutir en el precio de productos esenciales para el transporte público y privado, la movilización de mercancías, la agricultura, la aviación y otras actividades económicas.
Durante setiembre de 2026, por ejemplo, el mercado petrolero registró episodios de alta volatilidad y el precio del crudo de referencia West Texas Intermediate (WTI) superó los US$100 por barril a mediados de ese mes.
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Las tensiones geopolíticas, los riesgos para las rutas marítimas y los cambios en la oferta y la demanda internacional son algunos de los factores capaces de provocar estas fluctuaciones.
Frente a esas condiciones, Recope no controla los precios internacionales, pero sí le corresponde gestionar las compras de combustibles, contratar proveedores, planificar inventarios y mantener la infraestructura necesaria para reducir los riesgos de interrupciones en el abastecimiento.
La empresa cuenta con dos muelles en Moín, cuatro terminales de venta y distribución, cinco estaciones de bombeo y 418 kilómetros de poliducto que conectan Moín, en Limón, con Barranca, en Puntarenas. También participa en el abastecimiento de combustibles para cuatro aeropuertos internacionales.
Esta infraestructura permite recibir los productos importados, almacenarlos y trasladarlos hacia diferentes puntos del territorio nacional. Su funcionamiento exige inversiones y mantenimiento continuos para asegurar la disponibilidad del producto.
Sobre esta responsabilidad, Montero señaló:
Cuando los mercados internacionales atraviesan momentos de incertidumbre, Costa Rica necesita tener la capacidad de gestionar sus compras de combustibles y garantizar que el producto llegue al país. Esa es una de las principales responsabilidades de Recope: asegurar el abastecimiento que requiere la economía nacional, incluso cuando las condiciones externas cambian”.
Reducir gastos sin comprometer el abastecimiento
El principio de servicio al costo también implica revisar los recursos que la empresa necesita para desarrollar sus actividades.
Bajo este enfoque, Recope comunicó que solicitó reducciones por aproximadamente ₡30.000 millones en los recursos requeridos para su operación, mediante dos gestiones presentadas ante Aresep.
La primera se realizó en noviembre de 2025, cuando la empresa solicitó una reducción de ₡26.000 millones. La segunda fue presentada en octubre de 2026, por otros ₡4.000 millones.
Según las estimaciones de Recope, la solicitud presentada este año tendría un efecto cercano a ₡1 por litro de combustible. El ajuste, sin embargo, está sujeto al análisis y aprobación de Aresep, por lo que su presentación no implica una rebaja automática en el precio que pagan las personas consumidoras.
La empresa sostiene que estas solicitudes responden a una revisión de sus necesidades reales de operación y a la identificación de recursos que podrían reducirse sin afectar el mantenimiento de las instalaciones, las inversiones necesarias ni la continuidad del servicio.
Montero afirmó que la búsqueda de eficiencia debe mantenerse incluso cuando los principales movimientos en el precio de los combustibles provienen de factores externos a la institución.
En una coyuntura internacional que presiona el costo de los combustibles, nuestra responsabilidad es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para operar con eficiencia. Por eso revisamos las necesidades reales de nuestra operación y proponemos reducir los recursos que no requerimos, siempre con criterios técnicos. Queremos que cada colón reconocido en la tarifa tenga una justificación y responda a las necesidades del servicio”.
Aunque la operación e inversión de Recope representan una proporción relativamente pequeña del precio final, esos recursos forman parte de la estructura tarifaria aplicada a millones de litros de combustible comercializados en el país.
Bajo el principio de servicio al costo, los recursos reconocidos deben responder a las necesidades de operación, mantenimiento e inversión necesarias para sostener el abastecimiento nacional, mientras cualquier propuesta de reducción debe pasar por el análisis de la autoridad reguladora.