Costa Rica Íntegra, Accesa y Sulá Batsú señalan falta de convocatorias de comisiones, atrasos en el Plan de Acción y ausencia de reglamentación de la Ley Marco de Acceso a la Información Pública.
Tres organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre lo que consideran un “debilitamiento y deterioro sostenidos” de la agenda de Gobierno Abierto en Costa Rica, al cumplirse 15 años de la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés).
La Asociación Costa Rica Íntegra, capítulo de Transparencia Internacional; la Asociación Centro Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta (Accesa); y la Cooperativa Sulá Batsú señalaron problemas en el funcionamiento de espacios de participación, seguimiento de compromisos y acceso a la información pública.
Las tres organizaciones participan como representantes de la sociedad civil en instancias vinculadas con esta agenda y pidieron a la institucionalidad pública renovar su compromiso con los principios de Gobierno Abierto.
Entre los principales señalamientos, indicaron que la Comisión Nacional de Estado Abierto (CNEA) y la Comisión Nacional de Datos Abiertos (CNDA) sesionan de manera esporádica desde hace cerca de cinco años, situación que, según las organizaciones, dificulta la organización y el cumplimiento de acuerdos.
Adicionalmente, el comunicado señala que una modificación publicada el 2 de junio de 2026 trasladó al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) la presidencia y coordinación de ambas comisiones, pero sostiene que desde entonces no se convocó ninguna sesión.
Cuestionan seguimiento al Plan de Acción
Las organizaciones también señalaron dificultades para monitorear los compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo en el V Plan de Acción de Estado Abierto 2023-2027.
Según el comunicado, la falta de funcionamiento regular de la CNEA retrasó la elaboración del reporte de medio periodo y la consulta ciudadana correspondiente.
También cuestionaron atrasos en la implementación de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción y señalaron que dejó de convocarse al grupo de apoyo conformado por representantes de la sociedad civil.
En el ámbito legislativo, las organizaciones sostienen que la Comisión Institucional de Parlamento Abierto (CIPA) mantiene paralizado su trabajo después de que se pospusiera la juramentación de sus integrantes, incluidos representantes de la sociedad civil y la academia.
Según el pronunciamiento, esta situación limitó el avance en el desarrollo e implementación de la Política de Parlamento Abierto.
Reglamentación de ley de acceso a información continúa pendiente
Las organizaciones también cuestionaron la falta de reglamentación de la Ley Marco de Acceso a la Información Pública (Ley 10.554), aprobada en 2024.
El comunicado señala que el plazo para emitir el reglamento venció el 1 de mayo de 2025 y recuerda que la Sala Constitucional, mediante la sentencia 2026-11637, dio un ultimátum de dos meses al Ministerio de la Presidencia para que el Poder Ejecutivo cumpliera con esa obligación que, a la fecha, continúa pendiente.
Organizaciones citan indicadores internacionales
Como parte de su argumentación, el pronunciamiento cita distintos indicadores internacionales sobre libertad de prensa, espacio cívico y calidad democrática.
Según los datos recogidos en el documento, Costa Rica pasó del puesto 8 en 2022 al 38 en 2026 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras.
El comunicado también cita al CIVICUS Monitor, que clasifica el espacio cívico costarricense como “estrecho”, y el Informe de Enfoque País de Costa Rica de la iniciativa Supporting an Enabling Environment for Civil Society (SEE), que otorgó al país una calificación de 2,6 sobre 5 en 2026 en el apartado de Estado abierto y receptivo, frente a 3 puntos en 2025. El comunicado añade:
A esto se suman el informe El Estado Global de la Democracia 2026 de IDEA Internacional, que registra retrocesos interanuales en tres de los cuatro pilares democráticos que mide para el país, y el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit, que advierte del riesgo de que Costa Rica pierda su estatus de "democracia plena" si persiste la actual dinámica de polarización y desconfianza institucional".
Las tres organizaciones pidieron a la actual administración y a las instituciones públicas reactivar los espacios de participación vinculados con la Alianza para el Gobierno Abierto y fortalecer el acceso a la información, los datos abiertos y la rendición de cuentas.