En algún momento, casi todas las personas en Costa Rica se han hecho al menos una de estas preguntas frente a una obra pública: ¿cuándo va a estar lista?, ¿cuánto dinero del Estado se está invirtiendo?, ¿por qué se atrasó?, ¿quién decidió cambiar el diseño o el plazo?, ¿cómo se mide si esa obra quedó bien hecha y si realmente responde a las necesidades para las que fue pensada?
Son preguntas razonables. No requieren conocimientos técnicos ni especialización. Tienen que ver con tiempo, dinero público, calidad de vida y acceso a servicios. El problema es que, aunque estas preguntas son comunes, responderlas no lo es. Incluso cuando existe información pública, encontrarla, entenderla y usarla sigue siendo difícil para la mayoría de las personas.
Costa Rica cuenta con plataformas, registros y marcos legales que obligan a publicar información sobre infraestructura pública. Esto es una fortaleza que no debe minimizarse. Sin embargo, en la práctica, esa información suele estar dispersa, fragmentada o presentada de forma que no facilita responder preguntas concretas sobre el avance, el costo, la calidad o el impacto de una obra. La transparencia existe, pero los datos que el país brinda a sus habitantes no siempre son aprovechados, lo que dificulta que la transparencia funcione como un mecanismo de mejora continua y no se quede en una mera publicación de datos.
Este diagnóstico no surge de una percepción aislada. En los últimos años, el país ha sido evaluado de manera sistemática para medir qué tan transparente y utilizable es la información sobre infraestructura pública. A través del Índice de Transparencia en Infraestructura, aplicado en 2021, 2023 y 2025, CoST ha realizado un ejercicio que muestra que el control ciudadano depende de que las personas se apropien de la información disponible para exigir rendición de cuentas a la institucionalidad y a quienes les representan. Ese uso de la información es lo que realmente mueve la aguja y transforma el país.
Los resultados muestran un patrón consistente. Costa Rica ha avanzado en normativa, procedimientos y capacidades institucionales. Es relativamente sencillo acceder a información sobre adjudicaciones iniciales y contratos. Mucho menos claro resulta entender cómo evolucionan las obras una vez que inician su ejecución, qué decisiones se toman en el camino, por qué se modifican costos o plazos y quién asume esas decisiones, así como cómo esos cambios afectan los resultados finales.
Las consecuencias de esta debilidad se sienten fuera de los informes y los sistemas. Se traducen en tiempo perdido en tráfico, obras viales que se extienden durante años, edificios públicos clausurados por problemas constructivos o administrativos, centros educativos cerrados o funcionando de forma limitada. Todo esto impacta directamente la calidad de vida de las personas y la confianza en la gestión pública.
El inicio de una nueva administración en mayo de 2026 abre una oportunidad que va más allá de los planes de gobierno y las promesas electorales. Costa Rica ya cuenta con datos, diagnósticos y aprendizajes acumulados sobre cómo se gestiona la infraestructura pública. Las administraciones no parten de cero, gestionan sobre lo existente, y su responsabilidad es mejorar lo que ya está en marcha. En ese contexto, el reto no es producir más información, sino aprovechar mejor los datos disponibles para fortalecer el control ciudadano y asegurar que las decisiones públicas respondan a necesidades reales.
Aquí se abren dos frentes que deben avanzar de forma paralela. Por un lado, instituciones públicas más proactivas, que publiquen información clara, completa y comparable, pensada para el control ciudadano, la rendición de cuentas y la mejora continua, no solo para cumplir requisitos formales. Por otro lado, una ciudadanía más informada y exigente, incluyendo academia, medios y organizaciones, capaz de aprovechar esos datos para hacer mejores preguntas y elevar el debate público sobre infraestructura.
Este enfoque supone un cambio relevante en la forma de entender la política pública. Implica pasar de reaccionar ante los problemas a anticiparlos, de cumplir mínimos de transparencia a usar la información como herramienta de gestión, y de discutir infraestructura únicamente en campañas a asumirla como un componente permanente del bienestar colectivo.
La infraestructura pública no es un tema técnico ni abstracto. Es una de las formas más directas en que el Estado impacta el tiempo, la movilidad, el acceso a servicios y la calidad de vida de las personas. Costa Rica tiene información suficiente para elevar el estándar de su política pública en este ámbito. Sin un uso efectivo de la información, la transparencia se queda en datos que existen, pero no se utilizan, limitando su capacidad de prevenir problemas y mejorar la gestión pública. La pregunta no es si hay datos disponibles, sino qué tan en serio estamos dispuestos a usarlos.
La Iniciativa de Transparencia de la Infraestructura, CoST, es una iniciativa internacional presente en Costa Rica que promueve mayor transparencia en la inversión pública en infraestructura, el fortalecimiento del control ciudadano y el uso de información para impulsar mejores políticas públicas y mejores vidas. Para conocer más sobre sus aportes en el país y los resultados del Índice de Transparencia en Infraestructura aplicados en 2021, 2023 y 2025, puede consultarse el sitio web.
La información está disponible. Convertirla en mejores decisiones públicas es una oportunidad que el país no debería desperdiciar.