Costa Rica se ha mantenido con una puntuación entre 53 y 59 desde el inicio de esta medición internacional.
Este martes se presentaron los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, los cuales muestran que el país obtuvo una puntuación de 56 sobre 100, por lo que se volvió a registrar un retroceso, luego de haberse recuperado el año anterior alcanzando una puntuación de 58.
En este índice, que se calcula de manera comparada, el país alcanzó un puntaje máximo de 59 en la medición del 2017, pero se mantiene en la decena de los cincuenta, en la cual ha estado fluctuando desde el 2012, sin avances sostenidos.
La presentación de los resultados para el país estuvo a cargo de la Asociación Costa Rica Íntegra (CRI), el capítulo costarricense de Transparencia Internacional. Sobre los resultados obtenidos por el país, señalaron:
Debido a la carencia de acciones más contundentes contra la corrupción, no sorprende que el país baje, y que se encuentre alejado de los mejores puntajes del continente (Canadá, 75 o Uruguay, 73) y también del promedio del IPC que tienen las democracias plenas (73), pues es el grupo en el cual Costa Rica debería compararse por su trayectoria institucional".
Costa Rica Íntegra señaló que "esta disminución en nuestra calificación refleja una oportunidad perdida en el cuatrienio de gobierno que finaliza", y añadió:
La popularidad alta no fue aprovechada para enarbolar la bandera anticorrupción de la que se habló con frecuencia. Pese a ello, los avances son deficientes en iniciativas como la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC), el Estudio de Integridad de la OCDE, las recomendaciones de los informes de las convenciones internacionales anticorrupción y de otros informes similares".
El ente añadió que la ausencia de reglamentos a leyes claves, como la Ley de Protección de las Personas Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción contra Represalias Laborales (Ley 10.437) o la Ley Marco de Acceso a la Información Pública (Ley 10.554), son también deudas importantes que al parecer se han trasladado a la nueva administración.
Por su parte, espacios cívicos como los grupos multiactor de Gobierno Abierto, Datos Abiertos, Parlamento Abierto y Estándares de Transparencia para la Construcción (CoST), requieren un relanzamiento con compromiso explícito para su implementación e impacto.
La baja del IPC forma parte de otros indicadores relacionados con la democracia que tienden a empeorar para Costa Rica, particularmente la libertad de prensa y la independencia entre poderes del Estado.
La presidenta de Costa Rica Íntegra, Juany Guzmán León, explicó:
Estamos al frente de una nueva oportunidad, un nuevo gobierno, con una alta legitimidad, que reitera en la campaña electoral su compromiso en la lucha contra la corrupción. Pero para mejorar se requiere un plan claro, rendición de cuentas, respeto a las libertades fundamentales y priorizar acciones sustantivas”.
La Asociación aseguró que pondrá a la disposición de la nueva administración de gobierno, un conjunto de medidas que consideran son clave en la ruta de una cultura de integridad, de prevención de la corrupción y de fortalecimiento de la participación ciudadana en el seguimiento y el cumplimiento de los compromisos nacionales en estas materias.
Deterioro global
La publicación global del IPC llama la atención sobre un declive generalizado, incluso en las democracias más sólidas, haciendo énfasis en el caso de Estados Unidos que alcanzó el puntaje más bajo de su historia en el IPC (64), luego de debilitar la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), una norma clave que prohíbe el soborno corporativo a funcionarios extranjeros.
Al mismo tiempo, los recortes a la ayuda estadounidense destinada a financiar organizaciones de la sociedad civil en el exterior que fiscalizan a sus gobiernos, han debilitado los esfuerzos anticorrupción a nivel global. Líderes políticos de distintos países han interpretado esto como una luz verde para perseguir y restringir aún más a voces independientes, como ONG y periodistas.
El informe global del IPC dedica este año a la problemática del crimen organizado, y menciona en concreto a Costa Rica:
Con elecciones este año en Bahamas (64), Colombia (37), Perú (30) y Costa Rica (56), se requiere mayor transparencia en el financiamiento político y una aplicación más eficaz de la ley para prevenir y detectar la influencia corruptora del crimen organizado en las campañas electorales".
El informe añade:
Es fundamental fortalecer la cooperación en casos de corrupción transnacional y la regulación de contadores, banqueros y abogados que facilitan que personas corruptas y otros criminales oculten dinero ilícito. Solo así la región podrá fortalecer su resiliencia frente al crimen organizado y superar la desigualdad y la violencia que están desgarrando a sus sociedades”.