El presupuesto que destina el Gobierno es mucho más que una suma de ingresos y gastos. También puede interpretarse como una forma de establecer prioridades. De acuerdo con esto, el proyecto de Presupuesto Nacional para 2027 amerita ser analizado no solo por sus montos, sino también por lo que esos montos representan.
Según el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2027, presentado por el Ministerio de Hacienda ante la Asamblea Legislativa, el Ministerio de la Presidencia podrá contar con ₡13.883 millones en 2027, frente a los ₡11.886 millones contemplados para 2026. Dentro de ese incremento, aumentarán los recursos destinados a rubros como vehículos, equipos de comunicación y computadoras, además de la compra de un dron. El proyecto también contempla nueve plazas temporales para asesores, según la información publicada por El Observador.
Mientras el proyecto avanza, la propuesta presupuestaria asigna al Ministerio de Educación Pública (MEP) ₡2.752.287 millones, lo que significa una reducción del 0,7% frente al presupuesto vigente de 2026. El debate sobre la inversión educativa no se limita a las universidades. También alcanza a comunidades rurales, como las de la Zona Norte, Guanacaste, Puntarenas o Limón, donde persisten dificultades de acceso a la educación. La discusión debería girar en torno a una mayor accesibilidad, mejores recursos y más instituciones educativas.
Siguiendo esta línea, el proyecto mantiene la inversión educativa lejos del 8% del producto interno bruto establecido constitucionalmente. La propuesta del Gobierno indica que el presupuesto del MEP equivaldría a cerca del 4,9% del PIB, lo cual, desde esta perspectiva, evidencia que la educación no constituye una prioridad suficiente a nivel estatal.
A nivel general, esto debe analizarse dentro de una coyuntura de restricciones fiscales. Cada aumento y, a la vez, cada disminución requieren una explicación suficiente: qué problema pretenden resolver, qué necesidad atienden y qué resultados se pueden esperar para la sociedad.
No debemos caer en la afirmación de que cada colón adicional para el Ministerio de la Presidencia sea un colón menos para Educación. El presupuesto del Estado no funciona de una manera tan simple. Por esta razón, la discusión debe ser rigurosa y crítica, pero tratarse con cuidado: en el Estado costarricense, una parte del presupuesto del Ministerio de la Presidencia se dirige a dependencias como el Instituto Costarricense sobre Drogas, la Dirección de Inteligencia y Seguridad y la Unidad Especial de Intervención, según la distribución incluida en el proyecto presentado por el Gobierno.
La ciudadanía costarricense tiene derecho a conocer y pedir rendición de cuentas sobre por qué determinados sectores del Estado aumentan sus recursos mientras otros los disminuyen, así como cuáles criterios técnicos se utilizan para definir esas prioridades. Finalmente, el presupuesto todavía debe pasar por la Asamblea Legislativa para convertirse en ley. Sin embargo, desde ahora plantea una incógnita que conviene no esquivar: en un contexto en el que los recursos públicos son limitados, ¿qué considera el Estado suficientemente prioritario para aumentar su presupuesto y qué considera posible reducir?
Como dice el título, las prioridades también se leen en el presupuesto. Y explicarlas con claridad es parte de gobernar. Sin duda alguna, cada Gobierno que esté al mando debe rendir cuentas de sus decisiones.