El presidente municipal de Paraíso, Luis Diego Calderón Sánchez, publicó el artículo “El poder no tiene derecho a convertir la intolerancia en una forma de gobernar”. Su planteamiento parte de una preocupación que comparto: la democracia necesita respeto, diálogo, tolerancia, fiscalización y límites al ejercicio del poder.
Precisamente porque coincido con esa tesis, considero necesario extenderla al espacio donde las autoridades tienen el contacto más directo con la ciudadanía: los gobiernos locales.
El poder municipal también es poder. Y, por esa razón, los principios que reclamamos al Gobierno nacional deben aplicarse igualmente a las municipalidades.
La democracia no consiste únicamente en elegir autoridades. También implica que quienes ejercen cargos públicos tengan la capacidad de escuchar a quienes discrepan, responder a las críticas con argumentos y reconocer que la participación ciudadana no desaparece después de una elección.
Disentir también es participar
Calderón Sánchez señala que fiscalizar no es odiar, disentir no es traicionar y criticar al Gobierno no significa estar contra Costa Rica. Comparto esa afirmación. Pero llevarla a la práctica implica aceptar que una organización social, una persona con discapacidad o cualquier ciudadano pueda plantear cuestionamientos a una institución pública sin que ese ejercicio sea interpretado como una confrontación personal.
El desacuerdo forma parte de la democracia. Una municipalidad no tiene que estar de acuerdo con cada propuesta ciudadana. Tampoco una organización social tiene que coincidir con cada decisión municipal. Lo importante es que exista un espacio institucional para presentar argumentos, escuchar posiciones diferentes y buscar soluciones.
La calidad democrática de una institución no debería medirse por la cantidad de personas que están de acuerdo con ella, sino también por su capacidad para escuchar a quienes plantean una posición distinta.
La inclusión también es salud mental
Esta conversación cobra especial relevancia al acercarnos al Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que esta fecha busca crear conciencia sobre los problemas de salud mental y promover acciones para mejorarla.
La salud mental no puede reducirse a la atención de enfermedades o a los servicios médicos. También debemos considerar las condiciones sociales en las que las personas desarrollan su vida.
La OMS reconoce la salud mental como un derecho humano fundamental y destaca la importancia de la dignidad, la autonomía y la inclusión. Por eso, cuando hablamos de inclusión, también hablamos de construir espacios donde las personas puedan participar sin ser discriminadas, estigmatizadas o excluidas.
Una persona con discapacidad que solicita accesibilidad no está pidiendo un privilegio.
Una organización que solicita ser escuchada no está necesariamente buscando confrontación.
Un ciudadano que fiscaliza no está atacando a una institución.
En una democracia, esas acciones forman parte de la participación.
El poder debe saber escuchar
Aquí encuentro uno de los puntos más importantes del artículo de Calderón: la autoridad no debería medirse por cuánto logra callar a sus críticos, sino por su capacidad para escuchar, explicar y rendir cuentas. Estoy de acuerdo. Y precisamente por eso considero que este principio debería convertirse en una práctica cotidiana en nuestras municipalidades.
Los gobiernos locales tienen una enorme responsabilidad en la construcción de comunidades inclusivas. Son las instituciones más cercanas a la ciudadanía y, por ello, también tienen una oportunidad privilegiada para demostrar que la democracia puede ser cercana, accesible y humana.
Esto requiere abrir canales efectivos de participación para las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, las organizaciones sociales y todos aquellos sectores que históricamente han encontrado obstáculos para hacer escuchar sus necesidades.
No se trata de que una autoridad acepte automáticamente cada petición. Se trata de que cada ciudadano tenga la certeza de que será escuchado y de que recibirá una respuesta fundamentada.
Paraíso puede dar el ejemplo
Desde mi perspectiva, Paraíso tiene la oportunidad de convertir este debate en una experiencia positiva. El llamado a rechazar la intolerancia no debería quedarse en el discurso nacional. Puede convertirse en una política local de diálogo permanente.
Una municipalidad que escucha fortalece la democracia. Una municipalidad accesible fortalece los derechos humanos. Una municipalidad que permite disentir sin descalificar fortalece la convivencia. Y una municipalidad que incorpora la salud mental dentro de una visión más amplia de bienestar contribuye a construir una comunidad más humana.
No planteo estas ideas como una confrontación con el presidente municipal de Paraíso. Al contrario, tomo sus propias palabras como punto de partida para una conversación que considero necesaria.
Si coincidimos en que el poder tiene límites, debemos reconocer también que la ciudadanía tiene derechos. Si sostenemos que fiscalizar no es odiar, debemos aceptar la fiscalización; si disentir no es traicionar, debemos proteger el derecho a disentir.
Y si coincidimos en que Costa Rica necesita más humanidad, respeto y diálogo, debemos comenzar por practicar esos valores en nuestras propias comunidades.
Una democracia que cuide a las personas
El próximo 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental nos ofrecerá una oportunidad para hablar de bienestar, dignidad e inclusión. Pero también debería servirnos para preguntarnos qué tipo de espacios públicos estamos construyendo.
La salud mental y la democracia tienen algo importante en común: ambas requieren respeto por la dignidad de las personas.
Necesitamos autoridades capaces de escuchar, ciudadanos capaces de cuestionar con argumentos, organizaciones sociales capaces de proponer e instituciones capaces de reconocer que una crítica bien fundamentada puede ser una oportunidad para mejorar.
Coincido con el presidente municipal de Paraíso en que el poder pasa, pero los valores que sostienen nuestra democracia deben permanecer.
Agregaría solamente algo: esos valores deben sentirse también en cada municipalidad, en cada comunidad y en cada relación entre la ciudadanía y sus instituciones.
Porque una democracia verdaderamente saludable no es aquella en la que todos pensamos igual. Es aquella en la que podemos pensar diferente, participar en igualdad de condiciones y seguir tratándonos con respeto.