La decisión de la empresa de autobuses de dejar de operar la ruta 16 en San José constituye algo más que un problema empresarial o una dificultad puntual del transporte público. Lared anunció, mediante una imagen publicada en su perfil de Facebook, su salida argumentando los costos del combustible, la reducción de pasajeros regulares y la elevada proporción de personas adultas mayores (en adelante, PAM) entre sus usuarios. El servicio que dejará de prestarse comprende los ramales de barrio México, San Cayetano, Seminario y Escalante, y su suspensión está prevista a partir del 9 de octubre.
Esta situación permite observar un desafío que adquirirá mayor importancia conforme pase el tiempo: Costa Rica está envejeciendo rápidamente y sus servicios públicos deberán responder a esta población, mientras los mecanismos para financiar esas prestaciones enfrentan limitaciones fiscales.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), las personas de 65 años y más representaban el 11% de la población en 2024 y llegarán al 25% en 2050. Es decir, dentro de poco más de dos décadas, una de cada cuatro personas en Costa Rica será adulta mayor. Al mismo tiempo, la relación de dependencia de este grupo pasará de 16 personas mayores por cada 100 personas en edad de trabajar en 2024 a 39,2 en 2050. El fenómeno responde al aumento de la esperanza de vida y a una fecundidad que descendió de 3,26 hijos por mujer en 1990 a 1,23 en 2024.
Sin duda, este cambio demográfico tiene consecuencias directas sobre los servicios públicos, y el transporte constituye un ejemplo revelador. Actualmente, las PAM de 65 años o más no pagan pasaje en recorridos de hasta 25 kilómetros; en trayectos de más de 25 y menos de 50 kilómetros pagan el 50%, y en recorridos superiores a 50 kilómetros pagan el 75%.
Según Recio, en 2025 los autobuses movilizaron 349,2 millones de pasajeros, de los cuales 33,9 millones correspondieron a viajes de PAM. En las rutas urbanas donde la exoneración es total, este grupo representó aproximadamente el 10,3% de los usuarios. Asimismo, la Aresep estima que el efecto del esquema vigente puede representar alrededor de un 10% sobre la tarifa que pagan los pasajeros regulares de las rutas urbanas.
Esto permite comprender mejor el problema y reconocer que las PAM no son responsables del deterioro del transporte público. Por su parte, la Aresep identificó múltiples razones para el abandono de rutas, como el transporte informal, las condiciones viales, el rezago tarifario y los problemas operativos. Cabe mencionar, además, que esta misma institución identificó en febrero de este año 99 rutas en estado de abandono.
Entonces, la cuestión de fondo es: ¿quién debe financiar una política social que será utilizada por una proporción cada vez mayor de la población? En Costa Rica, el régimen de exoneración total o parcial de las tarifas de transporte público para las PAM no se financia mediante un pago directo del Estado por cada pasaje exonerado. Según la Aresep, los costos asociados con esta exoneración se incorporan al cálculo de las tarifas que pagan los demás usuarios del servicio. De esta manera, el sistema actual distribuye entre los pasajeros que pagan la tarifa completa parte del costo de transportar a quienes tienen derecho a una exoneración total o parcial. Por ello, si aumenta la proporción de pasajeros beneficiarios mientras los demás factores permanecen constantes, puede generarse una presión creciente sobre la base de usuarios que financia directamente el servicio.
Cuando una ruta desaparece, las PAM se encuentran entre las personas más perjudicadas, puesto que pierden el acceso al transporte gratuito o subsidiado y deben asumir el costo completo de otra alternativa. La Aresep documentó que, entre los principales motivos de viaje de las personas afectadas por el abandono de rutas, se encuentran las compras (65%), la atención de salud (53%) y los trámites (40%). De manera que el servicio de transporte público para las PAM cuyos ingresos son limitados constituye también una condición para conservar autonomía y acceder a servicios de salud, alimentación y otros servicios públicos.
Esta situación se agrava al observar el Régimen No Contributivo (RNC) de pensiones. Este programa constituye una red de protección fundamental para personas mayores y otros grupos en condición de vulnerabilidad que no cuentan con una pensión contributiva, ya sea porque no realizaron las cotizaciones suficientes o porque no cumplen los requisitos necesarios para acceder a este tipo de pensión. Sin embargo, la Defensoría de los Habitantes advirtió en 2025 que el monto de estas pensiones permanece congelado desde 2019 y que existen limitaciones presupuestarias que dificultan atender a toda la población potencialmente beneficiaria.
Asimismo, la tensión presupuestaria se profundizó en 2026, cuando la Contraloría General de la República reportó una reducción aproximada del 15,1% en los recursos asignados al RNC respecto del año anterior, mientras la CCSS estimó necesidades por aproximadamente ₡227.463 millones. La diferencia generó una brecha de recursos y contribuyó a que unas 32.000 solicitudes permanecieran pendientes.
Por tanto, la verdadera dimensión del problema es que el país está envejeciendo justo cuando mantener y ampliar los mecanismos de protección social se vuelve más necesario. Las PAM en condición de vulnerabilidad pueden enfrentar simultáneamente una pensión insuficiente o inexistente y la pérdida de una ruta de autobús que les permitía desplazarse gratuitamente.
El caso de la autobusera Lared debe leerse como un desafío estructural y no como un enfrentamiento entre las empresas autobuseras y las PAM. Costa Rica está entrando en una sociedad distinta, pues para 2050 se espera que una cuarta parte de su población tenga 65 años o más. Esto significa que las políticas de transporte, pensiones, salud y cuidados tendrán que adaptarse a una realidad demográfica que ya está ocurriendo.
La pregunta fundamental es: ¿cómo financiar de manera sostenible esos beneficios sin trasladar progresivamente el costo a otros usuarios ni poner en riesgo la viabilidad de servicios esenciales? El transporte y las pensiones muestran dos caras de un mismo desafío. Si aumenta la población mayor, disminuye proporcionalmente la población en edad de trabajar y, al mismo tiempo, se restringen los recursos públicos, el Estado deberá replantearse cómo financia su protección social.