Costa Rica ha conseguido algo que generaciones anteriores apenas podían imaginar: vivir más. Los avances de la medicina y la salud pública han prolongado nuestra existencia, mientras nacen menos niños. Esta transformación desafía a los sistemas de salud y pensiones, pero también plantea una pregunta poco discutida: ¿está preparado nuestro sistema de licencias para una sociedad cada vez más longeva?
Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), las personas de 65 años o más representaban cerca del 11% de la población en 2024 y serán aproximadamente una cuarta parte en 2050. Es una conquista que exige adaptar las políticas públicas, no restringir derechos por anticipado.
Cumplir 65, 75 u 85 años no convierte a nadie en un conductor peligroso. El envejecimiento es diferente en cada persona: alguien de 90 años podría conservar las condiciones necesarias para manejar, mientras otra persona mucho más joven puede perderlas por una enfermedad o una limitación visual, motora o cognitiva.
La edad no es un diagnóstico. Tampoco debería ser una sentencia de retiro del volante.
En Costa Rica no existe una edad máxima para renovar la licencia. El artículo 92 de la Ley de Tránsito vincula los plazos ordinarios de renovación al historial de puntos: con cuatro o menos, la vigencia puede alcanzar seis años. Se exige, además, un dictamen médico, regulado por normativa del Colegio de Médicos.
No partimos de cero, pero cabe preguntarse si las evaluaciones detectan oportunamente los cambios que afectan la conducción y si permiten respuestas individualizadas. El dictamen médico es importante, aunque no sustituye por sí solo la actualización teórica ni la comprobación práctica. Conducir exige observar, interpretar, decidir y reaccionar ante escenarios que cambian.
Un debate que ya tuvimos
En el año 2023, el Cosevi examinó recomendaciones preliminares del Viceministerio de Salud relacionadas con el envejecimiento poblacional. Se consideraban valoraciones psicológicas cada dos años desde los 70 y evaluaciones médicas anuales desde los 80. No se convirtieron en requisitos obligatorios; en 2024, medios informaron que la iniciativa se había archivado tras las objeciones de organizaciones de personas mayores.
Ese antecedente invita a replantear el debate. Antes de imponer controles por cumpleaños, debemos preguntarnos qué capacidades corresponde verificar, cómo hacerlo y con qué evidencia.
La investigación científica muestra que determinadas funciones visuales, cognitivas y motoras pueden predecir mejor algunos riesgos que la edad por sí sola. También exige distinguir entre provocar un siniestro y sufrir lesiones graves: las personas mayores pueden ser físicamente más vulnerables sin ser responsables del hecho. Incluso las comparaciones de siniestralidad se distorsionan si ignoramos cuántos kilómetros recorre cada conductor. La evidencia sobre controles de renovación más estrictos es, además, mixta. Algunos estudios encuentran beneficios y otros no. Por eso, importar automáticamente las reglas de Florida, España o Japón no sería una respuesta rigurosa para Costa Rica.
Sin embargo, la prevención sigue siendo indispensable. Y aquí cabe una aspiración más ambiciosa, quizá utópica ante nuestras limitaciones: ¿por qué no estudiar la reevaluación periódica, teórica y práctica, de todos los conductores acreditados, sin distinción de edad?
Obtenemos una licencia demostrando conocimientos y destrezas que, por regla general, no volvemos a examinar formalmente durante décadas. Entretanto cambian las normas, las vías, los vehículos y nuestras propias capacidades. Una acreditación continua, proporcional y accesible podría promover la actualización y detectar necesidades específicas. También permitiría estudiar soluciones menos restrictivas, como condiciones para conducir de día o vehículos adaptados, cuando sean legal y técnicamente procedentes. Pero su eficacia, costo y viabilidad tendrían que estudiarse antes de imponer nuevas pruebas: no queremos sustituir un riesgo por burocracia.
La tecnología abre otra oportunidad. El frenado automático, las alertas de colisión y las asistencias para mantener el carril pueden ayudar a prevenir errores, aunque no reemplazan la responsabilidad humana. La inteligencia artificial podría ampliar esas funciones y, más adelante, los vehículos verdaderamente autónomos podrían permitir desplazarse a personas que ya no estén en condiciones de conducir. No es una solución general disponible hoy: exige seguridad demostrada, regulación, accesibilidad y precios razonables.
El Cosevi publica información de conductores por grupos de edad. Conviene aprovecharla y complementarla con datos de licencias vigentes, responsabilidad en siniestros y exposición al tránsito. Las políticas serias necesitan conocer el problema antes de decidir cómo intervenir.
Tampoco podemos ignorar el costo humano de abandonar el volante. Una revisión científica encontró una asociación entre dejar de conducir y síntomas depresivos, aunque no demuestra causalidad. Cuando el transporte público ofrece opciones insuficientes, perder la licencia puede significar también perder independencia, relaciones sociales y acceso a servicios.
Costa Rica debe fortalecer la calidad de los dictámenes, evaluar opciones de seguimiento individualizado, estudiar la acreditación continua y aprovechar responsablemente las nuevas tecnologías. Las adaptaciones o licencias condicionadas, cuando sean seguras y procedentes, pueden ser mejores alternativas que una prohibición tajante.
No necesitamos decidir a qué edad alguien deja de merecer el volante. Necesitamos permitir que las personas conduzcan mientras conserven las aptitudes necesarias y ofrecer movilidad digna cuando ya no puedan hacerlo.
Envejecer con autonomía y circular con seguridad no son objetivos contrarios: son responsabilidades que el Estado debe aprender a garantizar juntas.









