El país ha avanzado en reconocer el derecho a ser cuidado, pero no ha construido una política para quienes sostienen ese cuidado todos los días. La omisión ya no puede seguir tratándose como un asunto privado de las familias.
La discusión sobre los cuidados suele abordarse desde cifras nacionales y marcos legales. Conviene empezar por lo cercano. En Sabanilla, según las proyecciones del INEC, en 2026 viven 14.093 personas, de las cuales 3.311 tienen 60 años o más: el 23,5% de la población del distrito. Ese dato no es una nota demográfica menor. Es una advertencia sobre la presión que ya enfrentan los hogares, los servicios locales y, sobre todo, las personas que cuidan.
El contraste con la escala nacional es inquietante. Casi cuatro años después de su arranque, el Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos (Sinca) cubre apenas al 5% de las personas adultas mayores en situación de dependencia. La pregunta inevitable es quién cuida hoy al 95% restante. La respuesta es conocida e incómoda: cuidan las familias y, dentro de ellas, sobre todo las mujeres, muchas veces sin descanso, sin ingresos propios suficientes, sin protección social y sin reconocimiento institucional.
La Opinión Consultiva 31 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adoptada en junio y notificada en agosto de 2025, ofrece un marco claro. El derecho al cuidado no se reduce a recibir atención cuando se depende de otra persona: tiene tres dimensiones básicas, que son ser cuidado, cuidar y el autocuidado. Costa Rica ha avanzado casi exclusivamente en la primera. Nuestros programas se organizan alrededor de la población cuidado-dependiente, mientras las personas cuidadoras aparecen como apoyo instrumental y no como titulares de derechos. Cuidar a quienes cuidan es condición para garantizar el derecho completo, que hoy no se concreta en nuestro país.
Esa falla se expresa en tres tensiones. El universalismo declarado convive con una focalización real en hogares en pobreza. El financiamiento es de papel: sistemas con grandes objetivos y recursos inciertos o no ejecutados. Y, cuando la intervención pública no llega, el trabajo vuelve al hogar, donde se feminiza.
La coyuntura fiscal profundiza el dilema. El proyecto de presupuesto 2027 plantea reducciones relevantes a la Red de Cuido, al PANI y al IMAS, al que se encuentra vinculado el Sinca. Aunque Hacienda argumente que parte de esos montos corresponde a recursos incorporados por la Asamblea en 2026 que nunca se giraron, el efecto es el mismo: se consolida una base más baja para atender necesidades crecientes. A ello se suma la discusión sobre las jornadas 4x3. Avanzar hacia horarios extendidos sin fortalecer al mismo tiempo la oferta pública de cuidados significa trasladar esas horas adicionales a quienes ya sostienen la vida cotidiana en condiciones desiguales.
En el caso del cuidado de personas adultas mayores y en condición de dependencia, la política plantea territorializar el sistema nacional de cuidados mediante una estrategia con los gobiernos locales, propone las figuras de "Ciudades Cuidadoras" y "municipios solidarios" y define los Consejos Intersectoriales Regionales del área social (CIR Social) como el espacio donde los territorios canalizan sus necesidades de cobertura. A eso se suma una obligación anterior: el reglamento de la Ley 7600 exige a los gobiernos locales incorporar en sus planes operativos medidas que garanticen el acceso de las personas con discapacidad. El problema no es la ausencia de mandato. Es que ese mandato ha llegado a las municipalidades sin recursos ni acompañamiento.
En esa rendija nace el Programa Cantonal de Cuidar a Personas Cuidadoras, impulsado por el Concejo de Distrito de Sabanilla. Su primera mesa de trabajo, organizada en conjunto con el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED, se propuso convocar a los cuatro concejos de distrito, la Alcaldía, las áreas de planificación y financiera de la municipalidad, instituciones nacionales como IMAS-Sinca, Conapam, Conapdis, CCSS y MEP, el Ebais y el Área Rectora de Salud, organizaciones comunitarias y equipos universitarios de la Rietcu. Dos rasgos lo distinguen. El primero es su población objetivo: no las personas dependientes, sino quienes las cuidan, un giro que casi ninguna intervención pública costarricense ha dado. El segundo es su método: pilotaje en Sabanilla con proyección cantonal, un diagnóstico que antecede al diseño y el compromiso de que cada acuerdo tenga un producto, una persona responsable y un plazo.
Aquí aparece el punto decisivo. El programa nació en un concejo de distrito, la instancia más cercana a la gente y también la que menos recursos administra. Para dejar de ser una iniciativa distrital y convertirse en política cantonal necesita que la Municipalidad de Montes de Oca lo adopte formalmente: un acuerdo del Concejo Municipal, una responsabilidad asignada dentro de la estructura municipal y una partida presupuestaria, incluida la vía de los presupuestos participativos. Esa es la incidencia pendiente, y no es un trámite: define si el programa será una experiencia de buena voluntad o una obligación institucional sostenida en el tiempo.
La evidencia respalda el esfuerzo. El piloto de teleasistencia de Heredia, evaluado mediante un ensayo controlado aleatorio con 634 personas adultas mayores dependientes y sus cuidadoras, mejoró la calidad de vida, redujo el agotamiento de quienes cuidan y disminuyó las visitas hospitalarias. Pero deja una advertencia: si cada municipio replica estas experiencias únicamente con recursos propios, el derecho al cuidado terminará dependiendo del lugar donde se viva. Lo local puede organizar mejor el cuidado; lo que no debe hacer es municipalizar el déficit fiscal.
Por eso, el programa debe partir de premisas claras. La persona cuidadora es sujeto de derechos, y su tiempo, salud, ingreso, formación y posibilidad real de autocuidado tienen que incorporarse desde el diseño. Debe articularse con los instrumentos nacionales que ya existen, como el baremo de dependencia, Sinirube, las redes cantonales de Conapam y los servicios de salud, en lugar de sumar un fragmento más a un sistema fragmentado. Y debe evaluarse desde el inicio, porque el reconocimiento sin prestaciones corre el riesgo de quedarse en cortesía institucional frente a una carga estructural: lo que hace falta es respiro, ingresos, seguridad social, formación y acompañamiento.
Montes de Oca formó parte de la red de cantones amigables con las personas mayores. El paso siguiente es más exigente: volverse una ciudad cuidadora, capaz de reconocer que detrás de cada persona en situación de dependencia hay alguien que sostiene su vida, casi siempre una mujer y casi siempre sola. Si Costa Rica quiere tomarse en serio el derecho al cuidado, tiene que dejar de tratar a quienes cuidan como una reserva silenciosa e inagotable. Cuidar a quienes cuidan no es un favor: es una obligación democrática, y esta vez empieza en el cantón.