El debate sobre el financiamiento de las tarifas de autobús y sus exoneraciones no puede dejar en segundo plano la limitada capacidad económica de las personas adultas mayores.
El debate sobre lo que cuesta a las empresas de autobuses el transporte gratuito de las personas adultas mayores debería comenzar con la siguiente pregunta: ¿cuánto dinero tiene una persona adulta mayor para sobrevivir y cuánto puede permitirse pagar por el transporte?
En las últimas semanas se ha hablado del impacto económico que representa la exoneración de pasajes para este sector de la población.
Es importante aclarar que no existe una decisión o un documento formal que nos permita asegurar que el Gobierno eliminará ese beneficio. Pero la discusión sobre su financiamiento sí salió a la luz y merece que le prestemos atención porque revela una forma de abordar el transporte público en la que pareciera que los costos de los operadores ocupan el centro de la conversación, mientras la capacidad económica de las personas usuarias queda en segundo plano.
No se trata de que ignoremos que las empresas deben cubrir sus costos operativos ni de pretender que presten un servicio con pérdidas.
Se trata de recordar que el Estado debería proporcionar un servicio de transporte público y que sus objetivos no pueden limitarse a la rentabilidad de los operadores.
Para comprender por qué hablar sobre esto es tan importante, solo hay que considerar la situación económica de esta parte de nuestra población. En Costa Rica, la pensión ordinaria del Régimen No Contributivo (RNC) es de ₡82.000 mensuales. No es un ingreso extra para darse algún gusto. Para muchas personas es su único sustento económico.
Estas cifras nos muestran un panorama alarmante.
Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de 2025, la línea de pobreza urbana se ubicó en ₡127.150 mensuales por persona, mientras que el costo de la canasta básica alimentaria fue de ₡61.189. Esto significa que los ₡82.000 de una pensión no contributiva están ₡45.150 por debajo de la línea de pobreza urbana.
Hagamos un cálculo sencillo: imaginemos que una persona que recibe una pensión del RNC tiene casa propia, no paga alquiler ni debe asumir una hipoteca. Si destinara ₡61.189 a cubrir el costo de la canasta básica alimentaria, le quedarían apenas ₡20.811 para atender todas las demás necesidades del mes. Ese dinero tendría que alcanzar para artículos de higiene, servicios públicos, medicamentos que deba comprar, ropa e imprevistos.
Si además necesita trasladarse varias veces por semana, ¿de dónde saldría el dinero para los pasajes?
La canasta básica es un indicador de referencia esencial, pero no representa todo lo que una persona necesita para vivir. Precisamente por eso el ejercicio resulta tan revelador. Incluso antes de considerar el resto de los gastos indispensables, el ingreso ya es insuficiente frente a los parámetros oficiales de pobreza.
A esto se suma que no todas las personas adultas mayores tienen una pensión. El análisis de José Francisco Pacheco Jiménez, elaborado a partir de la ENAHO de 2024, estimó una población de 789.832 personas adultas mayores. De ellas, 418.480 recibían una pensión contributiva, 150.253 recibían una pensión del Régimen No Contributivo y 221.600 no recibían ninguna de las dos. Esto significa que aproximadamente el 28% de los adultos mayores no cuentan con protección económica bajo estos regímenes.
Son más de 221.000 personas que llegan a la vejez sin ninguna protección económica. Y es una etapa de la vida en la que aumentan las necesidades de atención médica y movilidad.
Algunas de ellas deben continuar trabajando y otras dependen de familiares o de ingresos ocasionales. Frente a esta realidad, es un deber de la ciudadanía exigir al Estado que abra esta discusión si existe una mínima posibilidad de eliminar las exoneraciones.
La exoneración no es un regalo de las empresas autobuseras, sino un beneficio establecido por ley. El artículo 33 de la Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas, Ley 3503, dispone que las personas mayores de 65 años viajen gratuitamente en recorridos de hasta 25 kilómetros, paguen el 50% en trayectos de más de 25 y menos de 50 kilómetros y el 75% en recorridos superiores.
Este beneficio responde a una realidad social en la que la movilidad es necesaria para ejercer otros derechos. Una persona que no puede pagar el transporte termina por renunciar a una cita médica, dejar un trámite sin hacer o dejar de participar en actividades cotidianas. Eliminar este derecho significaría un retroceso enorme en nuestro Estado social de derecho. Por eso, cualquier discusión sobre su financiamiento debería comenzar por medir las consecuencias para las personas beneficiarias y no solo por calcular las cifras de los operadores.
Tampoco se puede perder de vista la calidad del servicio que reciben las personas usuarias. El transporte en autobús se ha convertido en uno de los grandes problemas del país y no solo genera molestias, sino que también ha cobrado vidas.
Aunque la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó durante 2026 aumentos extraordinarios justificados por el incremento en los precios internacionales de los combustibles, las deficiencias no desaparecieron.
La Contraloría General de la República, en su auditoría operativa sobre el servicio de autobús, documentó fallas importantes de accesibilidad y calidad. De una flota de 4.765 unidades, 237 no tenían rampa o carecían de información sobre ella. Las inspecciones detectaron defectos en rampas, elevadores, pasamanos y agarraderas. Además, el 40,07% de los encuestados reportó una percepción negativa sobre la comodidad del servicio. Aunque estos datos corresponden a evaluaciones específicas, demuestran problemas estructurales que requieren atención urgente.
Pensemos en una persona de 80 años que debe abordar una unidad. ¿Encuentra una rampa funcional, pasamanos seguros o un asiento disponible? La accesibilidad implica utilizar el servicio de manera segura y digna. No podemos hablar de calidad mientras los adultos mayores asuman riesgos al viajar ni evaluar a una empresa solo por sus costos sin medir el cumplimiento de sus obligaciones. Cuando los costos operativos suben, existen mecanismos ágiles para revisar tarifas, pero cuando los usuarios enfrentan esperas prolongadas o unidades incómodas, los mecanismos para exigir mejoras no han sido efectivos.
La sostenibilidad financiera de los operadores importa, pero la calidad y la capacidad de pago deben ser parte de la ecuación.
Existe también un tema de transparencia ineludible. El sector empresarial tiene intereses legítimos, pero estos deben someterse a controles estrictos para evitar conflictos de interés. Aunque el artículo 128 del Código Electoral prohíbe las contribuciones de personas jurídicas a partidos políticos, es vital fiscalizar los aportes de personas físicas vinculadas a sectores económicos con intereses en las decisiones del Estado.
La ciudadanía tiene derecho a conocer quién financia la política y a exigir independencia en la gestión pública.
Al país le urge replantear la forma en que entiende el transporte público y esto exige una fiscalización periódica de las unidades, del cumplimiento de los horarios y de la calidad del servicio. También requiere que los usuarios y trabajadores participen de forma efectiva en las decisiones y que el Estado evalúe si el modelo actual garantiza eficiencia.
Debemos discutir alternativas de gestión porque ningún modelo de operación puede estar por encima del derecho a un servicio digno.
El transporte público existe para satisfacer una necesidad colectiva, no para que las personas se adapten a las necesidades económicas de las empresas. Tratar a quien vive con ₡82.000 mensuales de la misma forma que a quien recibe una pensión alta es ignorar las brechas económicas que existen en la vejez.
Aunque aún no hay una propuesta formal para cambiar la exoneración, debemos discutir su financiamiento porque, para miles de personas, este beneficio representa la única posibilidad real de mantenerse conectadas con sus comunidades.
El transporte público debe mejorar, y ese cambio debe empezar por priorizar a nuestros adultos mayores.
