Kattia Calvo defendió la inauguración del CACCO y arremetió contra la Defensoría de los Habitantes, el fiscal general, miembros del Poder Judicial y quienes cuestionan las condiciones de reclusión en alta contención.
La diputada oficialista Kattia Calvo Cruz, del Partido Pueblo Soberano, afirmó este miércoles 14 de octubre que está "harta de oír los discursos sobre derechos humanos" y lanzó una serie de cuestionamientos contra el fiscal general, la defensora de los Habitantes y quienes han recurrido a la Sala Constitucional para cuestionar las condiciones de reclusión en el sistema penitenciario costarricense.
Las declaraciones se produjeron durante el espacio de control político del plenario legislativo, horas después de que el Gobierno inaugurara el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), una ampliación del complejo penitenciario La Reforma con capacidad para 5100 personas privadas de libertad.
Calvo, quien anteriormente trabajó como oficial y supervisora de la Policía Municipal de San José, celebró la apertura de las instalaciones y lamentó que algunas personas cuestionen el proyecto o no compartan el entusiasmo del Gobierno.
Lamento mucho que algunos lo lamenten. Lamento mucho que algunos no lo celebren. Lamento mucho que la mezquindad política vaya más allá del compromiso y el juramento que hicimos cuando asumimos estas curules".
La legisladora dirigió entonces sus críticas contra las autoridades que han intervenido en denuncias sobre posibles violaciones de derechos fundamentales dentro de las cárceles y contra quienes han acudido a la justicia constitucional para cuestionar el funcionamiento del nuevo establecimiento.
Yo estoy exactamente harta de oír los discursos sobre derechos humanos; al fiscal acusando de tortura en los centros penales, llevándole teleprompter a los extraditables; de la des-defensora [sic.] de los Habitantes, que por lo visto se acordó que era defensora, pero de los criminales más que de los habitantes; del magistrado ese, o el catedrático, o el otro, presentando recursos de amparo en contra de la apertura del CACCO. ¡Qué irresponsabilidad, qué falta de respeto y qué falta de todo!"
Críticas al fiscal general y a la defensora de los Habitantes
Los cuestionamientos de Calvo se producen después de varias controversias entre el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio Público y la Defensoría de los Habitantes sobre las condiciones de reclusión en los espacios de alta contención.
El pasado 13 de agosto, el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, documentó y remitió a las autoridades competentes las denuncias de presuntos actos de tortura formuladas por Gilbert Bell Fernández, conocido como "Macho Coca", y Gabriel Lozano Bonilla, alias "Compadre", antes de que ambos fueran extraditados a Estados Unidos.
Las manifestaciones fueron remitidas a la Defensoría de los Habitantes, al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y a las fiscalías correspondientes para su valoración. La actuación del fiscal consistió en recibir y trasladar las denuncias, sin que ello equivaliera a tener por demostrados los hechos denunciados.
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, cuestionó públicamente la actuación del fiscal general y criticó que prestara atención a los señalamientos formulados por ambos extraditados.
Más recientemente, la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, rechazó los señalamientos de Aguilar, quien la había calificado como defensora de los delincuentes después de que su institución cuestionara un video del ministerio sobre el traslado de reclusos a alta contención.
En aquella oportunidad, Cruickshank sostuvo que la defensa de los derechos fundamentales no implica respaldar las conductas delictivas de las personas privadas de libertad y recordó que la institución debe velar por los derechos de todos los habitantes.
También explicó que sus cuestionamientos no estaban dirigidos contra las medidas legítimas de seguridad, sino contra posibles actuaciones arbitrarias y tratos degradantes bajo custodia del Estado.
La Defensoría ha sostenido que las decisiones de ubicar a una persona en alta contención deben responder a valoraciones técnicas y jurídicas de los órganos penitenciarios competentes, en lugar de depender exclusivamente de la voluntad de una autoridad política.
Calvo denuncia extorsiones y abusos dentro de las cárceles
Durante su intervención, la diputada sostuvo que las discusiones sobre derechos humanos suelen dejar de lado las situaciones que enfrentan otras personas privadas de libertad, especialmente aquellas sometidas a amenazas, extorsiones y abusos por parte de internos que ejercen poder dentro de los establecimientos penitenciarios.
Calvo utilizó reiteradamente el término "jachudos", un costarriqueñismo con el que se identifica a reclusos que imponen su autoridad sobre otros internos.
Entonces es muy fácil criticar las medidas, el orden, el rigor y la disciplina que hay que imponerle a los jachudos, porque ninguno de ustedes sabe lo que es un jachudo, ni ha tenido que ver un familiar, o un amigo, o un conocido privado de libertad soportando las cosas que soportan los privados de libertad".
La legisladora afirmó que algunos de estos internos cobran a sus compañeros por servicios y artículos que el propio sistema penitenciario suministra gratuitamente.
Los jachudos cobran por el uso de un colchón. Los jachudos cobran por lavar ropa. Y el privado de libertad puede decir: "No, yo puedo lavar mi ropa". "No, señor, no puede lavar su ropa. Usted le paga a él para que la lave". El jachudo los obliga a pagar para comer la comida que el sistema les da".
También denunció que algunos reclusos son obligados a transportar drogas dentro de los centros penitenciarios y que sus familiares reciben presiones para introducir sustancias ilícitas y dispositivos telefónicos, bajo amenazas contra su integridad.
Calvo agregó que existen personas privadas de libertad sometidas a abusos sexuales y explicó que dentro de las cárceles se utiliza el término "cantimploras" para referirse a algunas de estas víctimas.
A partir de esos señalamientos, cuestionó que quienes defienden los derechos de los reclusos no se pronuncien, a su criterio, sobre las personas que sufren esos abusos.
De esos privados de libertad no hay nadie que hable de los derechos humanos. ¿O es que solamente los jachudos tienen derechos humanos?".
Calvo defendió el traslado de reclusos considerados de alta peligrosidad al CACCO como una forma de impedir que continúen ejerciendo control sobre otros presos.
El CACCO marca una diferencia porque no permite más jachudos. Se acabaron los jachudos. En el centro penal manda Adaptación Social, manda el Ministerio de Justicia y manda la Policía Penitenciaria, no los jachudos".
Acusa a instituciones de tener vínculos con los "jachudos"
La diputada elevó sus cuestionamientos al sugerir que los internos que ejercen poder dentro de las cárceles podrían contar con aliados en distintas instituciones públicas y en el propio Congreso.
Calvo mencionó expresamente a la Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes, la Universidad de Costa Rica (UCR) y al fiscal general, pero sin identificar a personas concretas ni pruebas:
Y si los jachudos tienen aliados en este plenario, y tienen aliados en la Defensoría de los Habitantes, y tienen aliados en la Universidad de Costa Rica y en el fiscal general, qué lamentable".
Sus declaraciones también hicieron referencia a los recursos judiciales presentados contra la apertura del CACCO. Entre ellos figura un recurso de amparo interpuesto por el exmagistrado y catedrático Ricardo Zeledón Zeledón, quien cuestionó la puesta en funcionamiento del centro y los eventuales traslados de personas privadas de libertad, al considerar que podrían vulnerarse derechos fundamentales.
Arremete contra diputada del PUSC y miembros del Poder Judicial
Durante su discurso, Calvo también dirigió comentarios contra la diputada Abril Gordienko López, jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), después de percibir una reacción de su compañera legisladora mientras explicaba las condiciones que, según dijo, enfrentan las personas privadas de libertad.
La oficialista cuestionó lo que consideró una actitud de indiferencia frente a la situación penitenciaria y utilizó una referencia a Punta Leona para descalificar a Gordienko.
Yo sé que hay gente que le da risa. Claro que le da risa. Desde Punta Leona no hay ningún problema con lo que pase en La Reforma, ni con lo que pase en las cárceles, en Puesto Diez, ni en Cocorí, ni en ninguno de los otros puestos. Hija del privilegio".
Posteriormente, Calvo retomó los cuestionamientos contra los jerarcas judiciales que no asistieron a la inauguración del CACCO y vinculó su ausencia con las controversias entre el Gobierno y el Poder Judicial.
La legisladora comparó a los magistrados ausentes con niños que se niegan a asistir a una celebración por diferencias personales y los acusó de haber alcanzado acuerdos políticos con diputados para asegurar su permanencia en los cargos.
Ni uno fue, ni siquiera los que aspiran aquí a ser reelectos. ¿Por qué? Porque ya transaron con ustedes y saben que no van a tener los 38 votos para no reelegirse. Entonces, ¿qué más les da? ¿Qué más les da? ¿Qué les importa? ¿Qué les importa?".
Calvo no identificó a los magistrados que supuestamente alcanzaron esos acuerdos ni señaló con cuáles diputados habrían negociado. Tampoco aportó elementos que respaldaran la existencia de tales negociaciones.
En otro momento, la diputada calificó de vergonzosa la ausencia judicial y criticó nuevamente la actuación del fiscal general durante las denuncias formuladas por "Macho Coca".
Qué vergüenza, de verdad, que el Poder Judicial. Qué desilusión y qué asco de que cuando había que ir a hablar con Macho Coca, ahí corrió el fiscal, con teleprompter y con prensa y con todo su papel y su show ridículo. Pero hoy, para inaugurar la Cárcel de Alta Contención Contra el Crimen Organizado, no había un magistrado, ni uno".
Los cuestionamientos coincidieron con los formulados durante la inauguración por la presidenta Laura Fernández Delgado y el ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, quienes también criticaron a las autoridades judiciales ausentes.
Cuestionamientos a la Contraloría y respaldo al Gobierno
En la parte final de su intervención, Calvo destacó los anuncios del Gobierno sobre programas de vivienda y educación dirigidos a oficiales de policía, así como las medidas para garantizarles cobertura de defensa legal cuando enfrenten procesos relacionados con el ejercicio de sus funciones.
La diputada criticó a la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, por las objeciones que el órgano fiscalizador formuló a la contratación de una póliza de responsabilidad civil y defensa legal para funcionarios policiales.
La Contraloría había advertido que las instituciones públicas no pueden utilizar recursos estatales para asumir determinadas responsabilidades personales de sus funcionarios sin una habilitación legal suficiente. A raíz de esa controversia, el Gobierno impulsó una reforma a la Ley General de Policía.
El expediente 25.311, que busca establecer respaldo legal para esa cobertura, fue aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa este martes 13 de octubre.
Calvo sostuvo que las objeciones de la Contraloría obligaron al Gobierno a buscar una vía legislativa para mantener el respaldo a los oficiales y acusó a sus críticos de desconocer los riesgos del trabajo policial.
Llévense eso de tarea. Reflexionen ustedes en su casa y únanse a la lucha contra el crimen organizado. No son solo palabras; también tienen que ser hechos".