Carlo Díaz documentó los señalamientos de los extraditados y los remitió a las instituciones competentes; Gabriel Aguilar reprochó que el fiscal estuviera “tan preocupado” por ellos.
El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, documentó este 13 de agosto las denuncias de presuntos actos de tortura formuladas por Gilbert Bell Fernández, conocido como “Macho Coca”, y Lozano Bonilla, conocido como “Compadre”, antes de que ambos fueran extraditados a Estados Unidos.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público, durante el procedimiento de entrega a las autoridades de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Bell y Lozano denunciaron presuntos actos de tortura durante su estancia en prisión. Tras esto, Díaz Sánchez ordenó remitir la documentación a la Defensoría de los Habitantes, al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y a las fiscalías correspondientes, para que las denuncias "sean conocidas y valoradas por las instancias competentes”.
Horas después, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, cuestionó al fiscal por atender los testimonios en una publicación en su perfil de Facebook. El jerarca, sin embargo, no respondió de manera puntual a los señalamientos concretos formulados por los extraditados. La publicación indica:
Para el fiscal general de la República, Carlo Israel Díaz Sánchez, la noticia del día y su gran preocupación fue que “pobrecito” “don Gilbert” que, según él, habría sido “torturado” y que son “hechos sumamente graves”. Tan preocupado está que lo denunciará. Mientras Costa Rica combate al narcotráfico, es lamentable escuchar al mismísimo fiscal general tan preocupado por quienes han sembrado violencia, droga y muerte en nuestro país".
Declaraciones de "Macho Coca" y "Compadre"
Bell aseguró que durante el tiempo que permaneció recluido enfrentó restricciones para acceder a cobijas, pasó cerca de 100 días sin luz y sufrió dificultades para recibir una alimentación acorde con sus padecimientos de diabetes y celiaquía.
También afirmó haber perdido 45 kilos, denunció la presencia de ratas y cucarachas en las instalaciones y sostuvo que sufrió un deterioro de su salud física y mental durante su permanencia en el centro penal.
Bell cuestionó además las condiciones para mantener contacto con sus familiares y aseguró que las llamadas estaban limitadas a aproximadamente 10 minutos por semana.
Asimismo, afirmó que durante los días previos a su extradición funcionarios llegaban periódicamente durante la noche para verificar su condición, lo que interrumpía repetidamente su sueño, según dijo.
Vea, yo le doy gracias a los Estados Unidos que me está llevando de este país. En este momento le doy gracias que me llevan, me están salvando mi vida”.
Lozano Bonilla también denunció interrupciones constantes durante la noche. Aseguró que agentes de la Unidad Especial de Intervención (UEI) se aproximaban a las celdas cada 30 o 45 minutos, portaban armas y utilizaban luces intensas para observar a las personas recluidas. Según Lozano, esas actuaciones constituían tortura.
La Fiscalía General dirigió este jueves la entrega de Bell Fernández y Lozano Bonilla a las autoridades de Estados Unidos, en un procedimiento realizado con participación de autoridades judiciales, cuerpos policiales y la DEA. Ambos fueron requeridos por el Distrito Sur de Nueva York dentro de un proceso relacionado con presunto tráfico internacional de drogas desde Costa Rica.
Defensoría abrirá investigación
En horas de la tarde de este jueves, la Defensoría de los Habitantes informó que abrirá una investigación sobre las denuncias de los extraditados, quienes permanecieron en el Centro Nacional de Atención Específica, dentro del Circuito de Alta Contención del Sistema Penitenciario Nacional.
La Defensoría recordó que Costa Rica forma parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de su Protocolo Facultativo, instrumentos que obligan al Estado a prohibir de manera absoluta la tortura y que no permiten invocar circunstancias excepcionales para justificarla.
Como primera medida, la institución formalizará una intervención para investigar los testimonios aportados por la Fiscalía. Posteriormente, valorará realizar una inspección para recabar pruebas sobre las condiciones materiales de detención, la situación de las personas recluidas y los protocolos de custodia aplicados por la Policía Penitenciaria.