La iniciativa busca dar respaldo legal a un seguro que el Gobierno contrató en 2024 y cuya continuidad quedó cuestionada por la Contraloría.
La Asamblea Legislativa aprobó este martes por unanimidad en primer debate, un proyecto de ley para que el Estado financie una póliza de responsabilidad patrimonial y defensa legal para funcionarios policiales que enfrenten denuncias o demandas judiciales por actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.311, fue presentada por el gobierno de Rodrigo Chaves Robles en noviembre de 2025, después de que la Contraloría General de la República (CGR) advirtiera que las instituciones públicas carecen de autorización legal para financiar seguros de responsabilidad civil destinados a proteger el patrimonio personal de sus funcionarios.
El proyecto pretende incorporar un nuevo inciso al artículo 79 de la Ley General de Policía para establecer como derecho de los miembros de los cuerpos policiales protegidos por esa legislación la suscripción de una póliza estatal que cubra determinadas responsabilidades económicas y los gastos de representación legal derivados de su trabajo. La iniciativa todavía requiere aprobación en segundo debate y su posterior sanción y publicación para convertirse en ley.
¿Qué cubriría la póliza?
De acuerdo con el texto actualizado del proyecto, la póliza cubriría la responsabilidad patrimonial de los funcionarios en procesos contencioso-administrativos, civiles o penales, así como los gastos de representación legal en esas instancias, cuando resulten imputados o demandados como consecuencia del ejercicio directo de sus funciones policiales, incluidas las actividades conexas y preparatorias.
Sin embargo, la propuesta establece que únicamente podrán acogerse a la cobertura las actuaciones u omisiones propias de la función policial que impliquen una intervención directa frente a una persona o sus bienes. Esta delimitación busca restringir el seguro a situaciones relacionadas con las operaciones policiales y no extenderlo indiscriminadamente a cualquier actuación administrativa de los funcionarios.
El proyecto dispone que la cobertura de responsabilidad patrimonial tendrá un límite de hasta 50 salarios base, mientras que los gastos de representación legal podrán cubrirse hasta por 25 salarios base. La aseguradora deberá establecer un límite único combinado, un monto máximo agregado anual y los deducibles correspondientes, de acuerdo con criterios actuariales.
La protección tampoco sería absoluta. El texto excluye los casos en los que el funcionario actúe bajo los efectos del alcohol o drogas ilícitas, así como actuaciones que se aparten de instrucciones, protocolos o procedimientos institucionales y cuya conducta sea evidentemente contraria al ordenamiento jurídico.
También quedarían fuera de la cobertura los hechos relacionados con delitos o infracciones sexuales, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. El análisis sobre la aplicación de estas exclusiones deberá realizarse antes de determinar si el reclamo está amparado por la póliza.
Asimismo, cuando el seguro asuma los gastos de representación legal, la Procuraduría General de la República quedaría eximida de sus responsabilidades de acompañamiento, seguimiento, asesoría y defensa del funcionario, conforme a las disposiciones de su ley orgánica.
La advertencia de la Contraloría que motivó el proyecto
El origen de la iniciativa se remonta a la póliza de responsabilidad civil y defensa legal que el Gobierno anunció en marzo de 2024, contratada con el Instituto Nacional de Seguros (INS), para brindar protección económica a los oficiales que enfrentaran procesos judiciales como consecuencia de sus actuaciones policiales.
Según informó entonces Casa Presidencial, el seguro permitía cubrir daños y perjuicios ocasionados a terceros durante el ejercicio de las funciones policiales, así como gastos de defensa legal derivados de las demandas presentadas contra los oficiales.
La continuidad de esa cobertura quedó cuestionada después de que la Contraloría emitiera el oficio preventivo DJ-2275, del 12 de noviembre de 2025, dirigido a jerarcas, direcciones jurídicas, auditorías internas y proveedores institucionales de la Administración Pública.
En ese documento, el órgano fiscalizador sostuvo que las instituciones únicamente pueden contratar seguros para proteger sus propios riesgos patrimoniales y que no resulta jurídicamente válido utilizar fondos públicos para asumir responsabilidades personales de sus funcionarios sin respaldo en el ordenamiento jurídico.
La Contraloría afirmó expresamente:
Cualquier póliza de responsabilidad civil, financiada con fondos públicos, cuyo beneficiario directo sea el funcionario en lo personal y no la administración, carece de sustento legal, siendo contrario a los principios de legalidad financiera, razonabilidad, justicia y prevalencia del interés general".
El oficio recordó que los funcionarios públicos deben responder personalmente por las actuaciones realizadas con dolo o culpa grave, mientras que las instituciones estatales tienen un régimen distinto de responsabilidad por los daños ocasionados a terceros durante su funcionamiento.
La Contraloría también aclaró que la posibilidad legal de contratar seguros con el INS no autoriza automáticamente cualquier tipo de cobertura, pues el gasto debe responder a necesidades institucionales reconocidas por el ordenamiento jurídico.
Tras conocerse el criterio, el entonces presidente Chaves anunció la elaboración de un proyecto de ley para proporcionar el respaldo normativo que consideraba necesario para mantener la protección de los policías. La propuesta fue presentada al Congreso el 19 de noviembre de 2025.
Durante aquella conferencia de prensa, Chaves criticó a la contralora general, Marta Acosta Zúñiga, y acusó a la institución de obstaculizar una medida que su administración consideraba necesaria para proteger a los funcionarios encargados de combatir la delincuencia.
Contraloría también cuestionó la constitucionalidad del proyecto
La controversia no terminó con la presentación de la iniciativa. En un nuevo pronunciamiento, identificado como DFOE-GOB-0092 y fechado el 2 de marzo de 2026, la Contraloría examinó el proyecto de ley a solicitud de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa y formuló objeciones sobre su compatibilidad con la Constitución Política.
En ese documento, el órgano contralor señaló que el ordenamiento costarricense distingue entre la responsabilidad patrimonial objetiva de las instituciones públicas y la responsabilidad personal de sus funcionarios, quienes deben responder con su propio patrimonio cuando actúan con dolo o culpa grave.
A partir de esa distinción, concluyó que establecer una póliza estatal para proteger personalmente a los funcionarios podría contradecir el régimen constitucional de responsabilidad pública.
Por lo tanto, la propuesta de establecer una póliza para cubrir gastos de defensa y responsabilidad civil de los funcionarios policiales resulta palpablemente contraria al bloque de constitucionalidad".
La Contraloría también cuestionó que el proyecto pretendiera trasladar al erario obligaciones que, según su interpretación, deben recaer directamente sobre las personas responsables de determinadas conductas.
Otro de sus argumentos fue que el personal policial ya dispone de mecanismos legales de representación jurídica, como la Dirección Policial de Apoyo Legal del Ministerio de Seguridad Pública y, cuando corresponda conforme a sus requisitos, los servicios de la Defensa Pública del Poder Judicial.
Además, advirtió que la exposición de motivos no incorporaba información estadística suficiente sobre la cantidad de policías que enfrentan procesos judiciales, los gastos legales que deben asumir ni el impacto económico que representaría para el Estado financiar la nueva cobertura.
La institución también señaló que el proyecto no contenía estudios de sostenibilidad financiera ni una estimación de los recursos necesarios para atender el gasto permanente que generaría el seguro.
En sus conclusiones, la Contraloría reiteró que las pólizas financiadas con fondos públicos deben proteger los intereses patrimoniales de las instituciones y no utilizarse para trasladar al Estado responsabilidades individuales. No obstante, reconoció como legítimo el objetivo de fortalecer las condiciones laborales de los cuerpos policiales y recomendó valorar medidas relacionadas con equipamiento, remuneraciones e infraestructura.
Por su parte, la Procuraduría General de la República, mediante la opinión jurídica PGR-OJ-049-2026 del 13 de abril, también planteó reparos sobre la viabilidad técnica y financiera de la iniciativa, así como sobre la necesidad de determinar si las coberturas propuestas respondían a riesgos institucionales o personales. La institución advirtió, además, sobre la posible duplicidad de mecanismos públicos de defensa legal.