Hay demasiadas cosas pasando en Costa Rica como para seguirles el ritmo a todas, pero hay una contradicción que a mí de verdad me tiene pensando. Llevamos rato hablando de combatir el crimen organizado, de endurecer medidas, de enfrentar la violencia, de responder al narcotráfico. El problema es que casi no se habla de lo otro: de cómo evitar que la gente más vulnerable termine cayendo ahí.
Porque si una persona crece con pocas oportunidades, con una educación cada vez más cuesta arriba y con un panorama económico asfixiante, se vuelve fácil entender por qué tantos jóvenes ven en esas redes una salida más cercana que ponerse a estudiar durante años sin ninguna garantía. No basta con perseguir a los que ya están metidos. También habría que preguntarse por qué sigue habiendo tanta gente disponible para ser reclutada.
Por eso me llama muchísimo la atención lo que está pasando en Limón. Hace unos meses se celebró por todo lo alto la aprobación de la reforma que abre el camino para desarrollar la marina y la terminal de cruceros. Se habló de turismo, de comercio, de crecimiento económico y de oportunidades para la provincia. Y, sinceramente, ojalá a Limón le lleguen inversiones, porque bastante las necesita.
El problema es que, mientras se vende esa idea de futuro y desarrollo, el Tecnológico de Costa Rica está advirtiendo que su Centro Académico de Limón podría enfrentar un cierre técnico por un recorte presupuestario propuesto por Hacienda. Entonces uno se queda pensando: ¿cuál es realmente la prioridad?
No estamos hablando de algo menor. Se trata de ₡492,9 millones destinados al funcionamiento del Centro Académico de Limón. La universidad dijo que tuvo que sostener operaciones con fondos propios, pero eso claramente no es algo que pueda hacerse para siempre. Si ese recorte se aprueba, el TEC dice que no podría seguir funcionando igual. Por un lado, se anuncia una obra que supuestamente traerá progreso; por el otro, se pone en riesgo la formación de las personas que deberían poder beneficiarse de ese mismo progreso.
Y lo de Limón ni siquiera está aislado. Los rectores de las cinco universidades públicas salieron juntos a advertir sobre el impacto de varias modificaciones presupuestarias que impulsa el oficialismo. Según ellos, lo que está en juego ronda los ₡26.000 millones entre 2026 y 2027. La UNA habló de 417 nuevos cupos en distintas carreras y sedes regionales que podrían no abrirse, incluyendo proyectos en Nicoya, Liberia, Coto y Sarapiquí.
La UCR mencionó afectaciones para proyectos regionales, incluida su presencia en Paraíso. La UNED advirtió problemas para cerrar el año y recibir más estudiantes. La UTN incluso habló de eventuales riesgos de insolvencia en 2028. Y aunque todo eso todavía está en discusión, lo que preocupa no son solo las cifras, sino lo que esas cifras significan en la práctica: menos cupos, menos carreras, menos presencia universitaria fuera del Valle Central y más obstáculos para gente que ya de por sí la tiene difícil.
Claro, del otro lado dicen que no hay que alarmarse tanto, que las propuestas aún no se aprobaron y que las consecuencias no serían como las plantean los rectores.
Hacienda, además, dijo que parte del ajuste responde a diferencias favorables en el tipo de cambio. Está bien, eso se puede discutir. Pero entonces también hace falta decir con claridad cómo se supone que se van a sostener esas oportunidades con menos recursos. Si las propias universidades públicas están diciendo que podrían perder capacidad para operar o crecer en las regiones, lo mínimo es tomárselo en serio.
Y aquí es donde vuelvo a lo de la marina. Yo no estoy diciendo que esa inversión sea mala. Ojalá funcione y ojalá traiga cosas buenas para Limón. Lo que cuestiono es otra cosa: la idea de que basta con atraer proyectos para hablar de desarrollo. No es lo mismo crear empleo que crear movilidad social.
Los resultados de PISA 2025 muestran que solo el 30% de los estudiantes costarricenses evaluados alcanzó el nivel mínimo de competencia en Matemáticas. O sea, siete de cada diez no lo lograron. En abril de este año, solo 13 de 1.123 personas aprobaron el examen del Colegio de Abogados. Y en la segunda convocatoria del Colegio de Médicos, aprobaron 221 de 497 aspirantes. Son pruebas distintas, sí, y también valdría la pena revisar cómo se están diseñando y aplicando. Pero, incluso con ese matiz, debemos cuestionar lo que está pasando con la formación académica en este país.
Durante años, una de las razones por las que nuestro país ha sido atractivo para la inversión extranjera es precisamente el nivel educativo de su población. Y ahora estamos viendo cómo se ponen en riesgo las instituciones que ayudan a sostener esa fortaleza. Esto es especialmente significativo para quienes no pueden pagar una universidad privada o mudarse a otra provincia para estudiar.
Por eso, no tiene lógica celebrar estos proyectos de inversión masivos mientras las universidades tienen que luchar por los recursos necesarios para seguir funcionando. La marina puede traer turismo, comercio y empleo a Limón, pero, a como vamos, los habitantes tendrán que conformarse con los trabajos mal pagados de la industria porque no tienen cómo prepararse para trabajar en los puestos técnicos.
Queremos menos violencia, menos narcotráfico y menos jóvenes involucrados en estas actividades, pero seguimos poniendo obstáculos a la educación, la principal herramienta que tenemos para prevenir estas situaciones. No podemos pretender que las personas salgan adelante solamente a punta de esfuerzo cuando el Estado les usurpa el derecho universal a hacerlo.