Hablar de convenciones colectivas en el sector público costarricense no siempre es sencillo. Es uno de esos temas sobre los que casi todos tenemos alguna opinión y que, con frecuencia, asociamos inmediatamente con salarios, incentivos o beneficios económicos de naturaleza salarial.
No es extraño que así sea. La remuneración es una condición esencial de cualquier relación de trabajo y, naturalmente, uno de los temas que mayor interés genera cuando trabajadores y patronos se sientan a negociar.
Conviene decirlo con claridad: lo salarial, en principio, no es un tema ajeno a la negociación colectiva. Todo lo contrario. Si esta permite que ambas partes participen en la determinación de las condiciones de trabajo, resulta difícil pensar en una condición más directamente relacionada con el trabajo que su remuneración.
Sin embargo, la realidad jurídica de buena parte del sector público costarricense ha cambiado. Particularmente, para quienes se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley Marco de Empleo Público, el espacio para negociar aspectos remunerativos se encuentra hoy fuertemente restringido, por no decir vedado.
Podemos discutir —y seguramente seguiremos haciéndolo por algún tiempo— sobre la conveniencia, la extensión y los efectos de esas restricciones. Podemos preguntarnos si, tratándose de un derecho fundamental, hemos encontrado el punto adecuado de equilibrio entre la sostenibilidad de las finanzas públicas, la necesidad de controles y la autonomía que debe existir al ejercer el derecho de negociación colectiva.
Reconocer que existen límites no significa necesariamente estar de acuerdo con todos ellos. Del mismo modo, cuestionar su alcance tampoco supone negar la necesidad de controles, responsabilidad fiscal o mecanismos que prevengan abusos.
En el sector público, el ejercicio de la negociación colectiva exige equilibrio. La sostenibilidad económica y el uso responsable de los fondos públicos son intereses legítimos que deben protegerse. También lo es preservar una utilidad real para un derecho fundamental como la negociación colectiva. Encontrar un punto de equilibrio entre estos intereses forma parte de una discusión jurídica y social que sigue abierta.
Pero mientras esa discusión continúa y el marco jurídico subsiste, hay una pregunta mucho más práctica que vale la pena plantearnos, particularmente desde aquellas instituciones públicas sujetas a estas restricciones y desde las organizaciones sindicales que participan en sus procesos de negociación colectiva: “¿Y mientras tanto, qué hacemos? ¿Dejamos de negociar porque no podemos abordar temas salariales? ¿O empezamos a mirar con mayor atención todo aquello que sí puede construirse mediante el diálogo?”.
Esta última posibilidad merece, al menos, intentarse. Porque si algo ha cambiado profundamente en los últimos años es el mundo del trabajo: el teletrabajo, la inteligencia artificial, la desconexión digital, la capacitación, la salud ocupacional, la conciliación de la vida laboral y familiar, la transformación tecnológica, la prevención del acoso, la productividad y las nuevas tendencias laborales plantean desafíos que necesitan respuestas.
Quizá allí exista una oportunidad que, en algunos casos, no se está aprovechando suficientemente. No porque la remuneración haya dejado de ser importante ni porque corresponda sustituir la discusión salarial por otras materias. Se trata, sencillamente, de no permitir que las restricciones existentes en un ámbito terminen paralizando todo el potencial de la negociación colectiva.
Una convención colectiva puede establecer procedimientos para resolver conflictos antes de que terminen judicializados; crear mecanismos de capacitación frente a los cambios tecnológicos; ordenar la implementación de nuevas modalidades de trabajo o establecer reglas claras para situaciones que, sin regulación, generan incertidumbre tanto para la Administración como para las personas trabajadoras.
Aquí aparece, entonces, un elemento que vale la pena considerar: no todo lo que mejora las condiciones laborales necesariamente aumenta el gasto público. Tal vez por eso, mientras seguimos discutiendo como país cuáles deberían ser los límites de la negociación colectiva, también deberíamos prestar mayor atención a los espacios que el marco actual todavía deja abiertos, no para conformarnos con ellos ni para abandonar discusiones pendientes, sino para aprovecharlos.
Eso exige administraciones dispuestas a entender la negociación como una herramienta de gestión y no como un espacio al que se llega únicamente para explicar por qué algo no es posible. Exige también organizaciones sindicales capaces de incorporar a sus agendas los nuevos desafíos del trabajo y de reconocer la existencia de límites que no dependen de las partes sentadas en la mesa. Y exige instituciones que procuren un equilibrio razonable entre los distintos intereses y derechos involucrados.
La discusión sobre cuánto debe permitirse negociar seguirá abierta y es importante que así sea. Pero no necesitamos esperar a resolverla para hacer algo útil con los espacios que tenemos hoy en una mesa de negociación. Mientras tanto, negociemos.