Las empresas distribuidoras deberían facilitar el acceso a los incentivos para mejorar la eficiencia energética. Los números dan motivos para hacerlo: según Cepal, entre 2023 y 2024 las ventas de electricidad correspondientes a la tarifa de media tensión B crecieron un 15,1%, frente al 4,8% nacional. Ante esa señal, convertir el acceso en una carrera de obstáculos parece una curiosa estrategia comercial: el cliente toca la puerta y la institución se esmera en explicarle las virtudes del portón.
Esa es mi crítica. Costa Rica necesita que sus empresas produzcan más y aprovechen mejor la electricidad; dificultarles un incentivo para lograrlo resulta difícil de justificar. Ya señalé en este medio la incertidumbre que distintas interpretaciones han generado alrededor de esa tarifa. Reconocer el aporte histórico de las distribuidoras también implica pedirles que estén a la altura de las necesidades actuales.
Conviene explicar de qué hablamos. La tarifa de media tensión B, conocida como TMTb, contempla condiciones para determinados usuarios empresariales. Los pliegos tarifarios permiten eximir de los mínimos de consumo y potencia a quienes acrediten una certificación ISO 50001 y acciones de eficiencia energética, manteniendo los demás requisitos. Esa norma ayuda a organizar y comprobar cómo una empresa gestiona su energía. La puerta existe; el reto es que se pueda atravesar.
Los datos comerciales tampoco autorizan a prometer maravillas. El crecimiento de las ventas no demuestra una mayor rentabilidad para las distribuidoras y puede incluir clientes trasladados desde otras tarifas. Aun con esa cautela, que el segmento crezca a más de tres veces el ritmo nacional merece atención. Sus ingresos nominales también aumentaron un 23,1%, según Cepal.
Hay más señales de interés. Los datos de Aresep muestran que los abonados de la TMTb pasaron de 305 en diciembre de 2023 a 398 en diciembre de 2025 y a 412 en agosto de 2026. Son servicios eléctricos, no necesariamente empresas distintas, y no todos ingresaron por certificación. Pero la tendencia es clara.
La Encuesta ISO 2025 registra, por su parte, 148 certificados ISO 50001 en Costa Rica, frente a 46 en 2024. En la comparación con proveedores participantes en ambos años, el aumento fue de aproximadamente un 222%, frente al 23% mundial. Certificados y empresas no son equivalentes, y la cobertura del registro puede variar. Aun así, el salto merece atención: la gestión energética está despertando interés empresarial.
¿Por qué debería importarle esto a quien nunca ha leído un pliego tarifario? Porque el país necesitará más electricidad para sostener empleos, inversiones y servicios. El Plan de Expansión de la Generación 2024-2040 del ICE plantea tres escenarios: respecto de 2023, la demanda anual crecería aproximadamente un 31%, un 47% o un 58% para 2040. Incluso en el más moderado habrá bastante más gente sentada a la mesa eléctrica. La pregunta es cómo servirles sin encarecer demasiado el almuerzo.
El desafío ya es concreto: el ICE reportó una demanda nacional de 12.995 gigavatios hora en 2025. A ello se suma el Plan Nacional de Descarbonización, que plantea una flota de vehículos ligeros con un 30% de participación eléctrica en 2035. Sustituir combustibles exige preparar el sistema. Las metas ambientales necesitan algo más que una bonita presentación: necesitan dónde enchufarse.
La eficiencia puede ayudarnos. Una empresa que moderniza su refrigeración o elimina consumos innecesarios puede producir lo mismo con menos electricidad. Si, además, reduce su demanda durante las horas de mayor consumo, alivia la presión sobre el sistema. Eso puede moderar inversiones y dejar espacio para nuevas actividades económicas.
Para dimensionarlo, Cepal reporta que las categorías general e industrial consumieron conjuntamente 6.797 gigavatios hora en 2024. Si redujeran ese consumo un 10%, el ahorro rondaría los 680 gigavatios hora anuales: aproximadamente un 5,8% de las ventas nacionales. Es un ejercicio ilustrativo, no un ahorro garantizado ni una estimación de Cepal.
El propio ICE reconoce que administrar la demanda puede reducir las necesidades de generación y capacidad. También advierte que sus proyecciones ya incorporan implícitamente esos efectos. Cualquier programa adicional debe demostrar cuánto aporta por encima de lo previsto. No podemos contabilizar dos veces el mismo ahorro, por mucho entusiasmo que nos produzca.
Por eso, facilitar estos incentivos debe acompañarse de requisitos claros, criterios consistentes y resultados medidos. Las distribuidoras tienen la oportunidad de ayudar a que sus clientes sean más competitivos y a que el país crezca con mayor seguridad energética. Pedirles eficiencia mientras se les dificulta acceder al incentivo es como recomendarles ejercicio y amarrarles los cordones entre sí.
Verificar requisitos es necesario. Persistir en interpretaciones restrictivas que frustran el propósito del incentivo merece otro nombre, mucho más costarricense: cabezonada institucional.
Costa Rica ya cuenta con una base eléctrica valiosa, metas ambiciosas y organizaciones dispuestas a mejorar. Aprovechar esa combinación exige que la eficiencia tenga un lugar efectivo en las decisiones del sector.
Porque, a este paso, vamos a descarbonizar hasta la carreta, pero primero habrá que conseguirle el visto bueno al buey.