Un informe técnico delimitó la zona afectada dentro del Patrimonio Natural del Estado e identificó 827,3 m² dentro del área de protección hídrica del río.
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) documentó eliminación de sotobosque y regeneración natural, afectaciones a árboles, movimientos de tierra, terrazas, rellenos y estructuras de contención en terrenos ubicados cerca del río y la catarata de Montezuma, en Cóbano de Puntarenas. Las actuaciones surgieron a partir de varias denuncias, incluida una presentada mediante el Sistema Integrado para el Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (Sitada).
El informe técnico CARTA-SINAC-ACT-358-2026, elaborado el 11 de setiembre por la Oficina Subregional de Cóbano del Área de Conservación Tempisque, determinó que las intervenciones abarcaron aproximadamente 6.564,2 m². De esa superficie, 6.010,2 m² corresponden a terrenos privados y 554 m² a Patrimonio Natural del Estado. Dentro de la superficie privada, el Sinac identificó además unos 827,3 m² afectados dentro del área de protección hídrica asociada al cauce.
Las inspecciones comenzaron el 20 de julio de 2026, cuando funcionarios observaron corta y eliminación de vegetación, afectaciones a árboles, movimientos de tierra, conformación de terrazas y colocación de rellenos. El Sinac indicó que en el sector intervenido no constaba un permiso otorgado por su Oficina Subregional de Cóbano para la corta observada.
En una de las propiedades, los funcionarios encontraron una franja abierta en un terreno de pendiente pronunciada, de entre 10 y 20 metros de ancho por aproximadamente 70 metros de longitud, orientada hacia la cascada. Allí registraron eliminación de sotobosque y árboles mutilados, desramados o con daños en sus copas.
El informe también determinó que, aunque desde el aire algunas fincas mantenían una cobertura predominantemente arbórea, debajo del dosel existían sectores donde el sotobosque y otros componentes de los estratos inferiores habían sido eliminados o intervenidos. El Sinac identificó específicamente una zona del Patrimonio Natural del Estado con evidencias de intervención sobre la cobertura vegetal.
Sinac paralizó obras y remitió caso a autoridades judiciales
El 13 de agosto, Delfino.cr informó que el Sinac dio la orden de suspender las obras en una de las fincas donde se construían gaviones, mientras realizaba estudios para determinar si existió un eventual cambio de uso de la tierra. La institución explicó que adoptó la medida bajo un criterio precautorio.
El informe técnico-policial relacionado con el caso llegó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cóbano y posteriormente el Sinac remitió información adicional a la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental. La investigación judicial se tramita bajo la causa penal 26-000414-0832-PE.
La documentación surgió también a partir de una gestión de la diputada Norjelens María Lobo Vargas, quien solicitó al Área de Conservación Tempisque una copia certificada del expediente y de las actuaciones relacionadas con posibles afectaciones ambientales cerca del río y la catarata de Montezuma. La solicitud pidió, entre otros elementos, informes de inspección, fotografías, mapas, permisos, órdenes de paralización y detalles sobre eventuales remisiones al Ministerio Público.
Última inspección no detectó nuevas intervenciones
El Sinac realizó una última inspección el 8 de setiembre y encontró las áreas previamente intervenidas en condiciones similares a las observadas durante la visita anterior. El único cambio registrado fue la colocación de tierra para sembrar zacate sobre una terraza existente y no se documentaron nuevas labores de corta, eliminación de vegetación o intervenciones durante esa diligencia.
La institución aclaró además que la existencia previa de cobertura vegetal no permite por sí sola concluir que todas las intervenciones constituyeron un cambio de uso de suelo forestal. Para determinar ese extremo deben analizarse las condiciones anteriores del terreno y verificar si la cobertura cumplía los parámetros técnicos y legales para considerarse bosque.
Tras conocer los documentos, el grupo ecologista Bloque Verde cuestionó las intervenciones y sostuvo que el caso refleja una presión creciente del desarrollo inmobiliario sobre ecosistemas costeros. La organización también afirmó que existe un debilitamiento de los mecanismos de fiscalización ambiental y pidió fortalecer la vigilancia, prevención y sanción para evitar nuevos daños.