Este pasado jueves ofrecí públicamente renunciar a las costas legítimamente ganadas en más de dos décadas de litigios si las instituciones involucradas desisten de las apelaciones contra la sentencia absolutoria del caso INS-Reaseguros.
Para eso hice un llamamiento formal y público a las entidades que presentaron apelaciones contra la sentencia que, de manera unánime, me absolvió en el caso INS-Reaseguros: si desisten de esas apelaciones, yo renuncio a las costas a las que tengo pleno y justo derecho por decisión unánime de un Tribunal, después de más de dos décadas de tener que defenderme en estrados de acusaciones y demandas sin fundamento.
Ese mismo día planteé ese ofrecimiento formalmente ante el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José, que conoce el caso INS-Reaseguros, y solicité que se pusiera mi oferta en conocimiento de los apelantes.
Busco poner punto final a un proceso judicial iniciado hace 25 años y evitar que el Estado continúe destinando recursos públicos a un caso en el que, según la sentencia absolutoria, no existe un solo hecho probado en mi contra. Un caso en el que solo el INS, en pagos y egresos adicionales a los gastos en sus funcionarios y abogados por contratación de servicios, viajes y aportes a otros entes, en su afán persecutorio, llevaba hace algunos meses ya dilapidados $7.632.516. Un caso en el que se presentaron escandalosas demandas de los actores civiles por decenas de millones de dólares y en el que el Tribunal Penal los condenó al pago de costas por la temeridad de esas acciones.
Volví a mi país a dar la cara ante los tribunales para defender mi nombre. No lo hice para buscar dinero, ni entonces ni ahora. Lo único que quiero es que se haga justicia, ver resuelto finalmente este caso en el resto de la vida que Dios disponga darme, tener paz y acabar con esta persecución.
En 2004, hace casi 22 años, renuncié voluntariamente al más alto cargo internacional que había ostentado hasta entonces un centroamericano y regresé, por decisión propia y libre y previo aviso al fiscal general, a Costa Rica para someterme a los tribunales nacionales frente a las acusaciones sin fundamento formuladas en mi contra.
13 años después fui absuelto en el caso ICE-Alcatel, mediante dos sentencias unánimes de tribunales de apelación con distinta integración y, posteriormente, por la Sala Penal. Aquel proceso se basó en señalamientos falsos y contradictorios, que fueron cambiando durante los años, de una persona que, por formularlos en coordinación con el Ministerio Público, obtuvo beneficios monetarios, penales y personales.
Durante ese mismo período fui involucrado, sin ningún sentido, en el caso de reaseguros, iniciado en 2001.
Veinticinco años después del inicio de ese proceso, en mayo de 2026, fui absuelto en una sentencia unánime que estableció que no hubo un solo hecho probado en mi contra y que, además, condenó al pago de las costas por la temeridad de las acusaciones y demandas.
Durante estos 25 años, el Estado ha destinado recursos humanos, institucionales y económicos al desarrollo de un proceso que ahora, tras la sentencia absolutoria, enfrenta cuatro nuevas apelaciones. Prolongar el caso en estas circunstancias no solo significa mantenerme durante más tiempo en una situación de permanente exposición judicial, sino también continuar destinando recursos públicos a un proceso que el Tribunal concluyó contundentemente a mi favor.
Además, la duración del proceso debe ser tomada en cuenta. La Sala Constitucional ya había determinado que se violó mi derecho a una justicia pronta y cumplida. No tiene sentido seguir prolongando esa violación.
Contra esa sentencia absolutoria fueron presentadas cuatro apelaciones. En este contexto, y también considerando que tengo 86 años y quiero ver en vida terminado ese proceso, hice esa propuesta pública que permite ponerle fin y evitar mayores costos para el país.
No estoy buscando una compensación económica. Estoy planteando que, si retirando las apelaciones podemos terminar este proceso, estoy dispuesto a renunciar a las costas. De esta manera, además, el Estado no tendría que seguir destinando recursos a un caso que ya fue resuelto mediante una sentencia absolutoria contundente.
Después de más de dos décadas de permanecer sometido a un proceso judicial, lo razonable es que esta sentencia absolutoria pueda poner fin a esta etapa y que no se prolongue indefinidamente una situación que ha implicado costos tanto personales como para el Estado.
Después de 22 años de sufrir pena de banquillo, no es justo que se quiera continuar con este proceso cuando los jueces han sido contundentes al señalar que no hay un solo hecho probado en mi contra. No quiero dinero. Quiero justicia y paz, quiero que esto termine y quiero que el Estado deje de gastar recursos en un caso que ya debería estar cerrado desde hace muchos años.