Hay una diferencia sustancial entre gobernar en medio del conflicto y convertir el conflicto en una forma de gobierno. Costa Rica lleva tiempo atravesando esa frontera. La llegada de Laura Fernández a la Presidencia no significó una ruptura con la administración anterior: parte de su equipo proviene del gobierno de Rodrigo Chaves y el propio exmandatario continúa dentro del Ejecutivo al frente de los ministerios de Hacienda y de la Presidencia. Esta continuidad se refleja en la percepción ciudadana: según el CIEP-UCR, el 64,4% considera que Chaves tiene mucha influencia en las decisiones del nuevo Gobierno, configurando lo que el estudio denomina un “presidencialismo dual”.
Más allá de los nombres, lo relevante es la dinámica política. Durante la administración Chaves, la confrontación constante con otros poderes, instituciones y medios dejó de ser un episodio excepcional para convertirse en la tónica de la conversación pública. El actual Gobierno ha mantenido esa lógica. En mayo, la mandataria calificó de “comunistas” y “vagabundos” a diputados por oponerse a una reforma eléctrica. En julio, llamó “golpistas” a cuatro magistrados tras una resolución sobre la permanencia de suplentes.
El problema de esta narrativa no es solo su tono, sino sus consecuencias institucionales. Cuando la disputa trasciende el desacuerdo sobre una política pública y presenta a los órganos de control como obstáculos, emerge la verdadera dimensión del desgaste. Si bien cada conflicto individual con la Asamblea, la Fiscalía o el Poder Judicial puede tener una explicación puntual, la acumulación altera la naturaleza del debate: las instituciones consumen tiempo y recursos defendiéndose, mientras el Ejecutivo conserva la iniciativa para imponer nuevos temas en la agenda.
Esta dinámica se observa claramente en la dimensión presupuestaria e institucional. El Ministerio de Hacienda estableció una rebaja de ₡23.721,8 millones al presupuesto del Poder Judicial para 2026, asignando al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) aproximadamente el 40% de ese ajuste. Asimismo, mediante el Decreto 45870-MSP, el Gobierno declaró secreto de Estado una amplia gama de información en materia de seguridad, extendiendo la reserva a partidas presupuestarias, contrataciones y expedientes administrativos. Aunque la seguridad nacional exige resguardar cierta información operativa, extender el secreto a la fiscalización financiera erosiona el control democrático.
Ahí radica el impacto de la “guerra del desgaste”. Una institución obligada a responder querellas, interponer recursos y justificar continuamente su accionar destina capacidades operativas a defender su propio espacio. La confrontación deja de ser meramente retórica para generar costos institucionales reales. El objetivo no requiere de una conspiración compleja: basta con mantener a los contrapesos permanentemente ocupados en reaccionar.
Sin embargo, una estrategia de desgaste solo triunfa si la oposición carece de una agenda propia. Durante años, buena parte del bloque opositor se ha limitado a la reacción: denunciar el decreto publicado o responder al discurso pronunciado. Aunque la capacidad de respuesta es necesaria, resulta insuficiente. El desafío no es la diversidad ideológica, sino la falta de coordinación básica en asuntos institucionales clave. Cuando bancadas de partidos como el PLN, Frente Amplio, PUSC y Agenda Ciudadana presentaron conjuntamente una acción de inconstitucionalidad contra el decreto de secreto de Estado, demostraron que la articulación es viable. No requirieron unificarse ideológicamente, sino identificar puntos de coincidencia en la defensa de las reglas del juego democrático.
Existe, además, un factor determinante: la sociedad costarricense no gravita exclusivamente en la dicotomía entre chavismo y antichavismo. El CIEP reveló que el 75% de las personas consultadas no se identifica con ninguna de estas dos etiquetas, mientras que las preocupaciones cotidianas se concentran en la seguridad, los ingresos, el empleo, la educación y el costo de vida. En el mismo estudio, un 64% valora positivamente la gestión de Fernández y un 69% respalda al Gobierno. Es perfectamente coherente que un sector de la población apoye al Ejecutivo en términos generales y, simultáneamente, mantenga dudas sobre decisiones específicas o demande soluciones concretas.
Esta realidad exige superar una política fundamentada únicamente en la indignación. La defensa institucional debe traducirse en impactos tangibles para la ciudadanía: hablar del presupuesto judicial implica explicar las capacidades operativas para investigar delitos; defender la transparencia equivale a garantizar el control sobre los impuestos; y respaldar la separación de poderes significa asegurar que ningún gobernante actúe sin contrapesos.
Con un oficialismo que conserva un respaldo firme y estructurado, asumir que el desgaste gubernamental ocurrirá de forma natural es un error de apreciación. Acumular denuncias no le devolverá la iniciativa a la oposición si no es capaz de traducir la crítica en una propuesta relevante para la ciudadanía.
Para recuperar la iniciativa política, es indispensable construir alianzas respetando las diferencias, estructurar una agenda enfocada en las necesidades materiales de la población y diseñar mecanismos preventivos de defensa institucional. La contienda política en Costa Rica continuará siendo intensa; el desenlace dependerá de si las fuerzas democráticas logran fijar el rumbo del debate en lugar de vivir a la espera del próximo conflicto.