Otros 17 imputados deberán cumplir medidas cautelares distintas; las disposiciones judiciales estarán vigentes hasta el 23 de junio de 2027.
El Juzgado Penal de Limón ordenó este miércoles 30 de setiembre prisión preventiva contra 37 personas investigadas en el caso Riverside, una causa relacionada con una presunta organización dedicada al crimen organizado y que las autoridades vinculan con la estructura que encabezaba Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”.
La resolución mantendrá a las 37 personas en prisión preventiva hasta el 23 de junio de 2027. El juzgado también impuso medidas cautelares distintas a la prisión contra otras 17 personas, con vigencia hasta esa misma fecha.
La decisión coincide con la petición que la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial presentó a inicios de agosto, cuando solicitó un año de prisión preventiva para 37 investigados y medidas distintas para los otros 17.
El Poder Judicial identificó entre quienes recibieron prisión preventiva a personas de apellidos León, Sojo, Corrales, Romero, Coto, Botti, Ardón, Marín, Martínez, Kelly, Mc Lean, Pizarro, Slack, Collado, Vaz, Gordon, López, Segura, Scoby, Córdoba, Wray, Marchena, Cámeron, Calero, Angulo, Lara, Mena, Pinnock, Spencer, Gutrie y Weir, con varios apellidos repetidos entre diferentes imputados.
Las medidas cautelares distintas de la prisión preventiva alcanzan, por su parte, a personas de apellidos Maxwell, Talavera, Sánchez, Campos, Cuendis, Castillo, Prendergast, Villalobos, Minat, Jerez, Wray, Arroyo, Gutiérrez y Vaz, también con algunos apellidos correspondientes a más de una persona.
El caso Riverside, expediente 24-000911-0063-PE, investiga una presunta estructura a cuyos integrantes la Fiscalía atribuye, según su grado de participación, delitos de tráfico nacional e internacional de drogas, tráfico de armas, tenencia de explosivos, introducción de drogas a centros penitenciarios, legitimación de capitales y asociación ilícita. Entre las personas investigadas figuran cuatro hijos de López Vega.
La investigación desembocó el 23 de junio anterior en el operativo que el Ministerio Público calificó como el más grande de su historia. Las autoridades ejecutaron simultáneamente 97 allanamientos en cinco provincias, entre ellos intervenciones en propiedades relacionadas con la organización, oficinas municipales y módulos de centros penitenciarios, con participación de más de 100 fiscales, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y otros cuerpos policiales.
La Fiscalía indicó entonces que la investigación había relacionado con la presunta organización decomisos superiores a 500 kilogramos de cocaína y 200 kilogramos de marihuana. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) también colaboró con las autoridades costarricenses durante las diligencias.
Las autoridades sostienen que la estructura continuó funcionando incluso después de que Costa Rica extraditó a Edwin López Vega a Estados Unidos el 20 de marzo anterior. López Vega enfrenta en Texas un proceso relacionado con presunto tráfico internacional de drogas y conspiración.
La definición de las medidas cautelares cerró una audiencia que se prolongó durante varios meses debido al número de personas investigadas y al volumen del expediente. A mediados de setiembre, el juzgado había mantenido provisionalmente privadas de libertad a 54 personas hasta este 30 de setiembre mientras analizaba individualmente la situación cautelar de cada una.