La exdiputada debe comparecer a una indagatoria por el caso Financiamiento Jaguar. La alerta permite advertir a las autoridades si es detectada en un puesto migratorio, pero no constituye una orden de captura ni un impedimento para salir del país.
La Fiscalía General de la República emitió una alerta migratoria para localizar y citar a la exdiputada Pilar Cisneros Gallo, luego de que el Ministerio Público intentara notificarla tanto en su vivienda como por teléfono sin conseguirlo.
Cisneros debe comparecer a una declaración indagatoria dentro de una causa vinculada con el presunto financiamiento irregular de la campaña electoral de 2022 que llevó a Rodrigo Chaves Robles a la Presidencia de la República.
La alerta fue emitida el 2 de setiembre dentro del expediente 26-000077-0033-PE y solicita informar a la autoridad judicial si Cisneros pretende ingresar o salir del país por algún puesto migratorio.
La medida no constituye una orden de captura ni un impedimento de salida del país. El Ministerio Público aclaró además que el documento tampoco dispone que Migración deba reportarle cada movimiento migratorio de la exlegisladora.
Se aclara que el documento emitido no indica ni requiere que cada entrada y salida del país de la señora Cisneros deba ser informada a la Fiscalía”.
¿Qué implica una alerta migratoria?
Una alerta migratoria y un impedimento de salida son medidas distintas. En una resolución de 2024, la Sala Constitucional analizó el funcionamiento de este tipo de alertas a partir del protocolo aplicado por la Dirección General de Migración y Extranjería. Según el procedimiento descrito ante la Sala, cuando una persona con una alerta es detectada en un puesto migratorio, los funcionarios pueden verificar su identidad, determinar cuál autoridad emitió la alerta y comunicarse con ella para recibir instrucciones.
Ese procedimiento puede detener temporalmente el trámite migratorio mientras se realiza la consulta, pero la existencia de una alerta, por sí sola, no autoriza a impedir que la persona salga del territorio nacional. Para prohibir la salida del país se requiere una medida cautelar ordenada por una autoridad judicial competente. Tampoco se ha informado que exista actualmente una orden de captura contra Cisneros.
En el caso de la exdiputada, la alerta responde, según la Fiscalía, a la necesidad de localizarla para practicarle una citación que hasta ahora no ha podido ser notificada.
¿Por qué necesita la Fiscalía indagar a Cisneros?
La declaración indagatoria no implica que la persona imputada esté obligada a responder preguntas o declarar contra sí misma.
El Código Procesal Penal establece que, cuando existen motivos suficientes para sospechar que una persona participó en un delito, debe dársele la oportunidad de rendir declaración.
Antes de hacerlo, la autoridad debe informarle detalladamente cuáles hechos se le atribuyen, su posible calificación jurídica y un resumen de los elementos de prueba existentes. La persona tiene derecho a contar con defensa técnica y también puede abstenerse de declarar sin que su silencio sea utilizado en su contra.
La realización de ese acto procesal es necesaria para que una eventual acusación pueda continuar hacia la etapa intermedia del proceso. El artículo 309 del mismo código establece que una acusación no puede trasladarse al tribunal del procedimiento intermedio sin que previamente se le haya dado a la persona imputada la oportunidad de rendir declaración.
Por ello, la Fiscalía no necesita que Cisneros acepte declarar sobre los hechos, pero sí debe conseguir comunicarle formalmente la imputación y ofrecerle la oportunidad de ejercer ese derecho.
El origen del caso Financiamiento Jaguar
La investigación se remonta a la campaña electoral de 2022 y a denuncias sobre la existencia de estructuras de financiamiento paralelas a las cuentas oficiales del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Las investigaciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y posteriormente del Ministerio Público se han concentrado principalmente en dos mecanismos: el fideicomiso Costa Rica Próspera y movimientos realizados mediante cuentas personales de Sofía Agüero Salazar, quien trabajó durante la campaña como asistente de Chaves.
Un informe técnico concluido por el TSE determinó la existencia de movimientos por aproximadamente ₡112 millones relacionados con Costa Rica Próspera y ₡136 millones mediante las cuentas vinculadas a Agüero. El informe electoral señaló posibles irregularidades y trasladó información al Ministerio Público para la determinación de eventuales responsabilidades penales.
La existencia de irregularidades electorales señaladas por el TSE no equivale a una condena penal. La determinación de eventuales delitos y responsabilidades corresponde a los tribunales de justicia.
En junio de 2025, la Fiscalía presentó una acusación penal contra siete personas que en ese momento gozaban de inmunidad: Rodrigo Chaves Robles, Stephan Brunner Neibig, Arnoldo André Tinoco, Pilar Cisneros Gallo, Luz Mary Alpízar Loaiza, Paola Nájera Abarca y Waldo Agüero Sanabria.
La Fiscalía sostuvo entonces que tenía elementos para atribuir presuntos delitos contemplados en los artículos 273, 274 y 275 del Código Electoral, relacionados con contribuciones y financiamiento electoral ilícitos. Los hechos permanecen sujetos a resolución judicial y las personas señaladas mantienen su presunción de inocencia.
El caso se tramita actualmente en piezas distintas
La investigación conocida como Financiamiento Jaguar no se encuentra concentrada actualmente en un único expediente.
Mientras Chaves y Brunner continúan ocupando cargos que les otorgan inmunidad, otras personas investigadas dejaron de tener fuero y sus situaciones pueden tramitarse mediante el procedimiento penal ordinario.
En julio pasado, Delfino.CR informó que una de las investigaciones ordinarias se tramita bajo el expediente 22-000210-0276-PE, donde figuran personas sin inmunidad y se han acumulado varias causas relacionadas con el financiamiento electoral.
La alerta contra Cisneros, sin embargo, fue emitida dentro del expediente 26-000077-0033-PE. La información divulgada hasta ahora por el Ministerio Público no detalla cuál es la relación procesal exacta entre ese expediente y las otras piezas del caso Financiamiento Jaguar.
Otros tres exdiputados ya fueron indagados
El Ministerio Público confirmó que otras tres personas investigadas que ya no cuentan con inmunidad comparecieron a declaración indagatoria. Según informó La Nación, se trata de los exdiputados Waldo Agüero Sanabria, Luz Mary Alpízar Loaiza y Paola Nájera Abarca, esta última actual presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (JPS). Cisneros perdió la inmunidad parlamentaria al concluir el periodo constitucional 2022-2026, por lo que su situación ya no debe tramitarse bajo las reglas especiales aplicables a integrantes de los supremos poderes.
La Fiscalía indicó además que el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, no dirige actualmente esta parte de la investigación, precisamente porque el expediente en el que se emitió la alerta no involucra en este momento a personas con inmunidad. La comunicación enviada a Migración fue firmada por la fiscala adjunta Edith Morera Rodríguez.
Hasta el momento de esta actualización, Cisneros no había emitido públicamente una versión sobre los intentos de la Fiscalía por localizarla ni sobre la alerta migratoria.
La investigación ordinaria de Financiamiento Jaguar también atraviesa actualmente una disputa sobre sus plazos. La Fiscalía apeló una orden judicial que le dio seis meses para concluir la pesquisa y solicitó que la causa sea tramitada bajo las reglas de crimen organizado, solicitud que deberá discutirse judicialmente.