La iniciativa modifica las leyes que regulan bebidas alcohólicas y productos de tabaco e incorpora una causal de abandono aduanero idéntica a otra que el Ejecutivo propuso una semana antes.
El diputado y jefe de la fracción oficialista, Nogui Acosta Jaén, presentó un proyecto de ley (expediente 25.756) que propone agilizar la disposición de bebidas alcohólicas y productos de tabaco decomisados o retenidos por las autoridades.
La iniciativa establece como plazo central 45 días naturales para distintas actuaciones y crea una nueva causal de abandono aduanero para mercancías que permanezcan decomisadas o retenidas sin que su legítimo titular cumpla las obligaciones correspondientes ni solicite o tramite su destinación.
La exposición de motivos sostiene que la reforma busca evitar que mercancías decomisadas permanezcan durante meses o años bajo custodia de las autoridades, además de fortalecer el combate al contrabando, reducir riesgos asociados con productos ingresados irregularmente al país y proteger la recaudación tributaria.
La nueva causal de abandono aduanero ya había sido incluida en otro proyecto presentado recientemente por el Poder Ejecutivo, el expediente 25.736, ingresado a la corriente legislativa el 24 de agosto. Ambas iniciativas proponen incluir un nuevo inciso al artículo 56 de la Ley General de Aduanas para declarar abandonadas las mercancías decomisadas o retenidas después de 45 días si su titular no cancela las obligaciones correspondientes ni solicita o tramita su destinación, siempre que no exista un proceso judicial pendiente.
Ese proyecto plantea una reforma amplia a la legislación aduanera, mientras que la iniciativa presentada por Acosta incorpora además cambios específicos en las leyes que regulan las bebidas alcohólicas y los productos de tabaco.
Cambios para bebidas alcohólicas
La Ley de Creación del Registro Fiscal de Importadores, Fabricantes y Distribuidores de Bebidas Alcohólicas (Ley 8707) permite actualmente decomisar bebidas alcohólicas cuando, entre otros supuestos, no se hayan pagado los derechos o impuestos aduaneros correspondientes o se comercialicen productos provenientes de proveedores no inscritos en el registro respectivo.
La legislación vigente establece que debe finalizar el proceso mediante una resolución judicial o administrativa antes de que la autoridad ordene la destrucción o devolución de las bebidas decomisadas.
El proyecto permitiría una vía adicional para mercancías bajo control aduanero: cuando hayan transcurrido más de 45 días naturales sin que una persona legitimada solicite o tramite su destinación, el Servicio Nacional de Aduanas podría ordenar su destrucción u otra forma de disposición legalmente aplicable.
La reforma también incorporaría expresamente la retención de las mercancías y ampliaría algunos de los lugares y circunstancias en los que Aduanas o la Policía de Control Fiscal pueden intervenir.
Cambios para productos de tabaco
El proyecto también modificaría el artículo 33 de la Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud (Ley 9028).
Actualmente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y las municipalidades pueden decomisar productos de tabaco que se encuentren ilícitamente en el país. Los bienes deben remitirse a la autoridad judicial en un plazo de tres días y, una vez finalizado el proceso, el legítimo propietario dispone de tres meses para reclamarlos antes de que se ordene su destrucción.
La reforma añadiría al Servicio Nacional de Aduanas y a la Policía de Control Fiscal entre las autoridades facultadas para actuar y permitiría también intervenir productos que incumplan obligaciones tributarias, requisitos no arancelarios o normas de etiquetado.
Para productos decomisados o retenidos por las autoridades aduaneras, se aplicaría la nueva vía de 45 días. Para los casos que continúen sometidos al procedimiento judicial, el plazo para que el propietario reclame los bienes después de terminado el proceso se reduciría igualmente de tres meses a 45 días naturales.
El expediente fue presentado el 1 de setiembre y ahora deberá ser asignado a una comisión legislativa para iniciar su trámite.