La auditoría concluyó que el órgano carece de una hoja de ruta estratégica, controles suficientes para dar trazabilidad a sus decisiones y mecanismos formalizados para informar sobre los resultados de su gestión.
La Contraloría General de la República (CGR) presentó los resultados de una auditoría sobre la gestión del Consejo Superior de Educación (CSE), en la que determinó un incumplimiento generalizado en aspectos significativos del marco normativo y técnico aplicable debido a deficiencias en su conducción estratégica, la trazabilidad de sus decisiones y la rendición de cuentas.
La Contraloría analizó la gestión del Consejo entre el 1.º de enero de 2024 y el 30 de junio de 2026. La revisión se concentró en la forma en que el CSE ejerce la dirección general de la enseñanza oficial y en sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y no evaluó el contenido ni la pertinencia de las políticas educativas aprobadas.
La Contraloría determinó que el Consejo no cuenta con una visión definida de mediano y largo plazo, objetivos ni metas anuales propias que permitan ordenar y priorizar su gestión.
Según el informe, la dinámica de trabajo se concentra principalmente en analizar y resolver las propuestas que remite el Ministerio de Educación Pública (MEP), sin que el Consejo disponga de una agenda estratégica propia que oriente y priorice su actuación de acuerdo con las necesidades del sistema educativo.
El gerente del Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades, Humberto Perera Fonseca, explicó:
Se concluyó que la entidad incumple aspectos significativos del marco normativo y técnico aplicable, por cuanto el Consejo carece de una conducción estratégica de su gestión institucional y de controles que aseguren la trazabilidad de sus decisiones, así como de mecanismos formalizados de transparencia y rendición de cuentas”.
El informe añade:
La ausencia de una visión de mediano y largo plazo, de instrumentos técnicos que orienten y den trazabilidad a sus decisiones y de mecanismos estructurados de transparencia y rendición de cuentas limita su capacidad para ejercer una conducción estratégica y proactiva de la enseñanza”.
La auditoría también detectó debilidades en la documentación que respalda las decisiones del Consejo.
Aunque el CSE publica formalmente las actas de sus sesiones, la Contraloría determinó que los dictámenes elaborados por sus comisiones carecen de estándares documentales mínimos que permitan garantizar uniformidad en el sustento técnico y seguir con claridad el proceso mediante el cual se adoptan los acuerdos.
La CGR indicó que la ausencia de criterios sobre los insumos técnicos mínimos provoca que la conformación de los expedientes y la solicitud de criterios dependan de la discrecionalidad del personal técnico asignado o de quienes integran las comisiones.
Sin informe anual de rendición de cuentas
La auditoría determinó además que el Consejo no cuenta con un informe anual formalizado de rendición de cuentas que consolide y haga accesibles los resultados de su gestión.
Según el ente contralor, esa información se encuentra dispersa entre actas y correspondencia, sin integrarse en un documento que permita conocer de forma estructurada los principales resultados de la labor desarrollada.
El Consejo tampoco ha establecido mecanismos periódicos para informar a la ciudadanía y a la comunidad educativa sobre el cumplimiento de sus acuerdos ni sobre los efectos de sus decisiones.
Aunque las sesiones quedan documentadas en actas públicas, la Contraloría tampoco encontró mecanismos para divulgar de manera estructurada el trabajo de las comisiones del CSE, donde se analizan las propuestas educativas y las reformas normativas antes de que lleguen al pleno del Consejo.
El CSE indicó a la Contraloría, mediante un oficio remitido el 18 de septiembre, que recientemente puso en funcionamiento herramientas de control y bases de datos para dar seguimiento a sus acuerdos, consultas y proyectos.
Contraloría ordena cambios
La CGR ordenó al Consejo elaborar, oficializar e implementar instrumentos de control que incorporen una visión estratégica y vinculen sus objetivos y metas con los recursos necesarios para ejecutarlos.
El CSE deberá acreditar la elaboración y oficialización de esos instrumentos a más tardar el 31 de mayo de 2027 y presentar un informe sobre su implementación antes del 30 de noviembre de ese mismo año.
La Contraloría ordenó además establecer regulaciones internas que permitan hacer efectiva la independencia de criterio y la objetividad de quienes integran el Consejo, incluyendo mecanismos para gestionar conflictos de interés y mitigar eventuales presiones externas.
La normativa vigente ya establece que las personas integrantes del CSE deben actuar con plena independencia de criterio y no por delegación. El señalamiento de la CGR apunta a la ausencia de controles y procedimientos internos que permitan garantizar ese mandato en la práctica.
Esas regulaciones deberán quedar elaboradas y oficializadas a más tardar el 30 de julio de 2027. El Consejo tendrá que presentar informes sobre su implementación en diciembre de 2027 y marzo de 2028.