La Contraloría ordenó al ministro de Educación Pública definir e implementar cambios para adaptar la estructura y los procesos de preinversión a las reglas del Sistema Nacional de Inversión Pública.
La Contraloría General de la República (CGR) presentó los resultados de una auditoría, los cuales señalan que el Ministerio de Educación Pública (MEP) presenta incumplimientos en la gestión de la fase de preinversión de sus proyectos de infraestructura educativa, debido a debilidades en la definición de responsabilidades, la evaluación de alternativas y el seguimiento de los proyectos.
El informe señala:
La gestión de la fase de preinversión de los proyectos de infraestructura educativa del MEP incumple el marco normativo y técnico aplicable. Existen debilidades en la definición de responsabilidades y puntos de decisión, así como en la formulación, evaluación y seguimiento de los proyectos, lo que limita la generación de información suficiente y trazable para sustentar las decisiones de inversión".
La auditoría analizó la gestión realizada entre el 22 de marzo y el 31 de diciembre de 2025, luego de la entrada en vigencia de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). La Contraloría también revisó 11 proyectos que concluyeron la fase de preinversión durante ese periodo, con una inversión estimada conjunta de ₡2.793 millones.
Según la Contraloría, el MEP cuenta con instrumentos para identificar y diagnosticar necesidades de infraestructura, pero estos no incorporan de manera integral las metodologías que exige el SNIP para las etapas de perfil, prefactibilidad y factibilidad.
El informe señala que el Ministerio concentra sus análisis principalmente en las características técnicas y constructivas de las obras, como el tipo de infraestructura, el tamaño y la ubicación, pero no incorpora sistemáticamente elementos como objetivos, alternativas de solución, costos, riesgos, análisis de mercado, variables ambientales y evaluaciones socioeconómicas.
La Contraloría también encontró que el MEP no definió procedimientos para realizar las evaluaciones económico-sociales, cualitativas y de impacto macroeconómico que establece la normativa según el tipo de proyecto. Para analizar costos, el Ministerio utiliza principalmente estimaciones basadas en el costo de la obra gris de planos prototipo, sin aplicar indicadores previstos para comparar distintas alternativas de inversión.
Sin criterios comunes para decidir si un proyecto debe avanzar
La auditoría determinó además que el MEP no definió ni formalizó de manera integral las responsabilidades, actividades y puntos de decisión que deben aplicarse durante la preinversión.
Como consecuencia, según el ente contralor, no existen parámetros institucionales comunes para determinar cuándo un proyecto puede avanzar, suspenderse o postergarse. La asignación de responsables también depende de criterios como la carga laboral y la ubicación geográfica, pero esos criterios tampoco están formalizados.
La Contraloría señaló además que la Dirección de Infraestructura Educativa manifestó que no cuenta con capacidad instalada para atender la totalidad de las demandas y requerimientos de los centros educativos y que el MEP tampoco estableció mecanismos de coordinación con la Dirección de Planificación Institucional para gestionar las etapas de perfil, prefactibilidad y factibilidad.
La CGR también detectó ausencia de mecanismos sistemáticos de seguimiento. El Ministerio no cuenta con una herramienta institucional que integre la información de los proyectos durante toda la fase de preinversión ni con una programación que permita monitorear actividades, entregables, plazos, recursos y rutas críticas.
En los 11 expedientes revisados, la Contraloría tampoco encontró evidencia, cuando correspondía, del aval técnico que certifique la finalización de las etapas de perfil, prefactibilidad y factibilidad ni de la declaratoria de viabilidad necesaria para avanzar a la fase de inversión.
Para la CGR, estas deficiencias impiden al MEP asegurar que los proyectos seleccionados constituyan la mejor alternativa para resolver las necesidades de infraestructura de cada comunidad educativa y aumentan el riesgo de que las obras requieran posteriormente ajustes, modificaciones, rediseños o reprocesos que afecten costos y plazos.
Contraloría gira disposiciones al MEP
La Contraloría ordenó al ministro de Educación Pública, José Leonardo Sánchez Hernández, definir e implementar, junto con las direcciones de Infraestructura Educativa y Planificación Institucional, cambios para adaptar la estructura y los procesos de preinversión a las reglas del SNIP.
El MEP deberá presentar, a más tardar el 15 de marzo de 2027, una certificación sobre la definición y oficialización del cronograma para realizar esos cambios. Para el 15 de junio de 2027 deberá acreditar la incorporación de los elementos de formulación y evaluación exigidos por el SNIP.
La Contraloría también ordenó establecer mecanismos de seguimiento y control que incluyan la inscripción de los proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, la programación de los proyectos y la emisión de los avales técnicos correspondientes. El Ministerio deberá acreditar la definición de ese mecanismo antes del 31 de mayo de 2027 y presentar en enero de 2028 informes sobre el avance de su implementación.