Criterio técnico de la UCR recomienda reforzar controles y sustento científico. En detalle, instan a precisar cómo se financiarán los subsidios, monitorear su impacto sobre la pesca ilegal y fortalecer la recopilación de datos antes y después de cada período de veda.
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) se posicionó a favor de aprobar el expediente 25.603, Ley para garantizar la sostenibilidad social en los períodos de veda pesquera, pero llamó a fortalecerlo con ciencia y mecanismos de control.
La iniciativa impulsada por la liberacionista, Norjelens Lobo Vargas, propone reformar el artículo 36 de la Ley de Pesca y Acuicultura. A través de los cambios, busca que las personas con licencias y permisos de pesca vigentes, que no puedan trabajar durante una veda, accedan a una compensación sin que esta dependa exclusivamente de encontrarse en condición de pobreza o de carecer de otras fuentes de ingreso.
El proyecto también plantea coordinar al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Ministerio de Hacienda para determinar quiénes recibirían los recursos y ejecutar los pagos.
Para valorar la propuesta, el Consejo Universitario solicitó criterio especializado al Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar), que manifestó conformidad general con la iniciativa, aunque recomendó introducir ajustes antes de aprobarla.
UCR pide más evidencia y reglas claras
Uno de los principales señalamientos del pronunciamiento, votado el 25 de agosto en la sesion ordinaria n.° 7021, del Consejo Universitario de la UCR, consiste en que el proyecto debería incorporar estudios especializados, estadísticas y evidencia empírica que permitan estimar sus efectos socioeconómicos. El Cimar también propuso analizar experiencias nacionales e internacionales de ayudas económicas durante vedas para identificar resultados, dificultades y buenas prácticas.
En su criterio emitido el 20 de agosto, la UCR cuestionó además que la iniciativa deje para una etapa posterior la definición de procedimientos y mecanismos de control sin establecer suficientes parámetros desde la propia ley. Por eso recomienda fijar criterios mínimos que permitan conocer desde la discusión legislativa cómo funcionarían los controles y cuáles podrían ser los efectos de la reforma.
Otro punto corresponde al financiamiento de investigaciones científicas sobre las especies sujetas a veda. El proyecto contempla utilizar recursos provenientes de la asignación de la capacidad de pesca del atún, pero el criterio universitario recomienda precisar qué porcentaje de esos ingresos se destinaría a investigación y analizar si esa fuente resulta suficiente y sostenible.
La universidad también propone que los estudios utilizados para determinar las compensaciones los elaboren profesionales con experiencia técnica pertinente, de manera que tanto la identificación de beneficiarios como, cuando corresponda, el monto que reciban respondan a criterios objetivos relacionados con las pérdidas ocasionadas por la veda.
Monitorear pesca ilegal y efectos de las vedas
El criterio advierte que las compensaciones económicas deberían acompañarse de mecanismos para determinar qué ocurre con las poblaciones de especies explotadas y con la pesca ilegal durante los períodos de restricción. La UCR propone evaluar periódicamente si las medidas cumplen su propósito y utilizar esa información para ajustar la gestión pesquera.
También recomienda reforzar la vigilancia, control y fiscalización durante las vedas para prevenir actividades ilegales, incluso aquellas que eventualmente pudieran involucrar a personas beneficiarias de los subsidios. Después de cada período, las autoridades deberían elaborar informes sobre cumplimiento, incidencias detectadas y efectividad de los controles aplicados.
La propuesta universitaria plantea además crear registros sistemáticos sobre las personas beneficiarias y los subsidios entregados, así como mejorar la recopilación de información sobre capturas realizadas antes y después de las vedas. Incluso sugiere valorar si la entrega de las ayudas puede vincularse con el suministro de información útil para monitorear las pesquerías o con la participación en actividades de interés social definidas técnicamente.
Adicionalmente, la UCR recomienda complementar las ayudas económicas con alternativas que permitan diversificar las fuentes de ingreso de las comunidades pesqueras durante los períodos en que no pueden realizar su actividad habitual y reducir así su dependencia exclusiva de la pesca.