La coalición sostiene que el Gobierno estadounidense utilizó la lucha contra el trabajo forzoso como pretexto para sustituir gravámenes anulados por la Corte Suprema.
Una coalición de 25 estados demandó este lunes al Gobierno del presidente Donald Trump por la nueva ronda de aranceles estadounidenses, que incluye un gravamen adicional del 12,5% sobre parte de las importaciones procedentes de Costa Rica. Los demandantes alegaron que la Administración creó una nueva justificación legal para sustituir los impuestos aduaneros que la Corte Suprema anuló en febrero.
Los gravámenes entraron en vigor el 24 de julio y alcanzan a cerca de 60 economías, además de la Unión Europea, con tasas que oscilan entre el 10% y el 12,5%. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) argumentó que los países afectados no adoptaron o aplicaron de manera efectiva prohibiciones contra la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
En el caso costarricense, la USTR fijó una tasa adicional del 12,5% sobre los productos que ingresen al mercado estadounidense, aunque estableció una serie de excepciones. La decisión no señala que las exportaciones nacionales utilicen trabajo forzoso, sino que cuestiona las medidas de Costa Rica para impedir el ingreso a su territorio de mercancías producidas bajo esas condiciones.
La disposición excluye determinados productos contemplados en los anexos oficiales y parte de las exportaciones textiles. Los artículos textiles y de confección costarricenses que ingresen libres de impuestos bajo el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (Cafta-DR) no deben pagar el nuevo arancel.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabeza la demanda presentada junto con estados como California, Colorado, Illinois, Massachusetts, Michigan, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Pensilvania, Virginia y Washington. “Después de perder ante la Corte Suprema, la Administración intenta otra vez aumentar ilegalmente los impuestos a las familias y las empresas con una nueva ronda de aranceles”, dijo James.
After losing at the Supreme Court, the federal administration is again trying to raise taxes on families and businesses with another round of illegal tariffs.
The president doesn't have the power to impose sweeping tariffs. @GovKathyHochul and I are suing.
Again.
— NY AG James (@NewYorkStateAG) August 3, 2026
La Corte Suprema determinó en febrero que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 no autorizaba al presidente a imponer aranceles. Ese fallo obligó al Gobierno a devolver dinero a importadores que habían pagado los gravámenes y llevó a Trump a recurrir temporalmente a un arancel mundial del 10%, que venció el 24 de julio.
Para la nueva ronda, el Gobierno utilizó la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite adoptar sanciones contra países que incurran en prácticas comerciales consideradas injustas. Los estados demandantes sostienen que la Administración no justificó adecuadamente sus conclusiones para cada economía ni explicó cómo los aranceles conseguirán que los países modifiquen sus políticas sobre trabajo forzoso.
La Casa Blanca defendió la medida y afirmó que Estados Unidos utiliza una facultad legal para enfrentar prácticas que perjudican su comercio. “Estados Unidos utiliza su autoridad legal para lograr la eliminación de actos, políticas y prácticas irrazonables que perjudican el comercio estadounidense”, declaró el portavoz Kush Desai.
La demanda de los estados se suma a otras dos acciones judiciales presentadas en julio por pequeñas empresas estadounidenses, que también cuestionan los aranceles adoptados bajo la Sección 301.