El gravamen, por no prohibir importaciones producidas con trabajo forzado, entrará en vigor este viernes.
El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, impuso un arancel adicional del 12,5% a las importaciones procedentes de Costa Rica, tras concluir que el país no estableció ni aplica efectivamente una prohibición para impedir el ingreso de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzado.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) anunció este jueves la medida, que entrará en vigor a partir de las 12:01 a. m., hora del este (ET), de este viernes 24 de julio. El gravamen corresponde a una acción adoptada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
El arancel del 12,5% se sumará a los demás derechos aduaneros aplicables a cada producto, salvo las excepciones contempladas en la resolución. La medida alcanzará las mercancías que ingresen para consumo o salgan de almacenes aduaneros desde su entrada en vigor.
La disposición no afectará las mercancías que ya estuvieran cargadas y en tránsito hacia Estados Unidos antes de la entrada en vigor del arancel, siempre que ingresen para consumo antes del 28 de julio y cumplan las demás condiciones señaladas por las autoridades estadounidenses.
La resolución tampoco aplicará a determinados productos comprendidos en los anexos de la decisión. Entre las exclusiones figuran ciertos textiles y prendas de vestir que cumplen las reglas de origen y pueden ingresar libres de impuestos bajo el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR).
La medida contra Costa Rica forma parte de una investigación más amplia que la USTR inició el 12 de marzo contra 60 de los principales socios comerciales de Estados Unidos. En conjunto, esas economías representaron más del 99% de las importaciones estadounidenses de mercancías durante 2024, según la oficina comercial.
La investigación buscó determinar si las políticas de esos países para controlar la entrada de bienes producidos mediante trabajo forzado resultaban insuficientes y afectaban el comercio estadounidense. La USTR solicitó consultas con los gobiernos investigados, recibió cerca de 500 comentarios y réplicas y escuchó el testimonio de casi 60 personas durante las audiencias públicas.
En junio, la oficina estadounidense concluyó que 54 de las 60 economías investigadas, entre ellas Costa Rica, no habían establecido ni aplicado efectivamente una prohibición a las importaciones producidas con trabajo forzado. En los otros seis casos —Canadá, Ecuador, la Unión Europea, Indonesia, México y Pakistán— reconoció la existencia de algún tipo de prohibición, pero cuestionó su aplicación.
A partir de esas conclusiones, Estados Unidos planteó dos niveles de aranceles. Las economías que contaban con alguna prohibición, habían asumido compromisos en acuerdos comerciales o disponían de controles parciales quedaron expuestas a un gravamen del 10%, mientras que para las demás propuso una tarifa del 12,5%.
Costa Rica quedó en el segundo grupo porque Washington consideró que no tenía una prohibición específica para impedir el ingreso de productos fabricados mediante trabajo forzado. El Gobierno estadounidense mantuvo esa clasificación en su decisión final, pese a los alegatos que presentó el país durante el periodo de consulta.
La oficina estadounidense distinguió entre las normas internas que prohíben el trabajo forzado y las disposiciones aduaneras que bloquean el ingreso de productos fabricados bajo esas condiciones en otras partes del mundo. Según su razonamiento, una prohibición laboral dentro del territorio nacional solo alcanza a los productores locales y no evita que ingresen mercancías elaboradas mediante explotación laboral en otros países.
La USTR argumentó que esa ausencia de controles permite que empresas que utilizan trabajo forzado reduzcan artificialmente sus costos y compitan en condiciones ventajosas contra productores que respetan las normas laborales. También sostuvo que esas mercancías pueden desplazarse hacia países sin prohibiciones específicas y, posteriormente, llegar a Estados Unidos u otros mercados.
La ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos Gallo, presentó el 6 de julio los alegatos del Gobierno costarricense para solicitar que Estados Unidos excluyera al país de la medida. La posición se preparó en coordinación con cámaras empresariales, asociaciones sectoriales y compañías nacionales.
Trejos pidió que Washington mantuviera las condiciones de acceso preferencial acordadas bajo el CAFTA-DR y sostuvo que la investigación no aportó pruebas de que las exportaciones costarricenses se fabriquen mediante trabajo forzado. También argumentó que las cadenas productivas nacionales complementan la producción estadounidense.
“Costa Rica no está aquí para sustituir la producción estadounidense, sino para fortalecerla mediante cadenas regionales de suministro más seguras, diversificadas y competitivas”, manifestó Trejos en la respuesta remitida a la USTR.
La ministra afirmó que los productos costarricenses forman parte de cadenas regionales integradas y contribuyen a la seguridad, diversificación y competitividad del abastecimiento estadounidense. Costa Rica también alegó que la imposición del arancel afectaría las condiciones de acceso negociadas entre ambos países mediante el CAFTA-DR.
Los argumentos del Gobierno costarricense no evitaron la aplicación del gravamen.
Reacción empresarial
Tras conocerce la noticia, la la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras) señaló que nuestro país debe continuar con el fortalecimiento de las condiciones internas para atender los altos costos de producir en el país, con el fin de impulsar la inversión, el crecimiento económico y la creación de más empleo.
Azofras indicó en un comunicado de prensa:
Costa Rica debe robustecer las condiciones que respaldan su atractivo como destino de inversión. Esto implica atender retos estructurales como los altos costos de la electricidad y las cargas sociales, el comportamiento del tipo de cambio, la disponibilidad de talento y la infraestructura, así como mecanismos legales que brinden seguridad jurídica para operar 24 horas, los siete días de la semana. Estos factores inciden directamente en que el costo final de los productos elaborados en el país, permita vender esos bienes en los mercados internacionales a precios finales más competitivos”.
El ente gremial aseguró que estos esfuerzos son fundamentales para mantener el liderazgo en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), la generación de empleo de calidad y el desarrollo de sectores estratégicos.