Quinta edición de programa reunió a jueces, fiscales, investigadores, autoridades pesqueras y policías para fortalecer la detección de infracciones y el manejo de evidencia.
Más de 175 jueces, fiscales, investigadores, autoridades pesqueras y miembros de cuerpos policiales recibieron formación especializada durante los últimos cinco años para atender casos de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en Costa Rica.
La cifra se alcanzó con la quinta edición del Curso de Especialización en Derecho Penal Ambiental, que se desarrolla entre el 25 de junio y el 24 de julio. Las sesiones dedicadas específicamente a delitos pesqueros se realizaron los días 16 y 17 de julio en Punta Leona, con la participación de 26 personas.
La capacitación busca coordinar el trabajo de las instituciones que intervienen desde la detección de una actividad sospechosa en el mar hasta la investigación penal y el uso de la evidencia ante los tribunales.
El fiscal ambiental, Alejandro Alpízar, explicó:
Esta capacitación permite que las instituciones comprendan su papel dentro del proceso y trabajen con criterios y procedimientos comunes, para que la información y la evidencia obtenidas en el mar puedan utilizarse correctamente durante la investigación y aplicación de la justicia”.
El programa incluyó contenidos sobre derecho del mar, normativa internacional, protocolos de abordaje e interdicción, inspecciones portuarias, decomiso y custodia de equipos, manejo de evidencia y procedimientos de investigación.
Las personas participantes también analizaron casos ocurridos en sus regiones, observaron demostraciones de equipos y artes de pesca y realizaron ejercicios de realidad virtual. Esta herramienta simuló el abordaje de una embarcación sospechosa para practicar la identificación de posibles irregularidades y la recolección de pruebas sin movilizar embarcaciones reales.
El fiscal adjunto ambiental, José Pablo González, indicó que la formación no se limita al estudio de las normas:
No se trata únicamente de conocer la legislación, sino de saber identificar una posible infracción, documentarla adecuadamente y coordinar la respuesta institucional”.
La coordinadora de la Fiscalía Adjunta de Puntarenas, Maricris Soto, señaló que los ejercicios permitieron conocer terminología pesquera, tipos de embarcaciones, artes de pesca y especies protegidas, además de aplicar esos conocimientos a situaciones que las autoridades podrían enfrentar durante sus funciones.
El curso lo impulsaron la Fiscalía Agrario Ambiental del Ministerio Público, la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, la Federación Costarricense de Pesca Turística (Fecop), el Servicio Nacional de Guardacostas y Humane World for Animals. También contó con especialistas de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Global Fishing Watch e Incopesca.
El comunicado facilitado por los organizadores menciona entre las prácticas ilegales el ingreso de embarcaciones extranjeras a áreas protegidas, la captura de especies durante periodos de veda y la pesca de pez vela con palangre y carnada viva dentro de las primeras 30 millas de la costa. Adicionalmente, la información afirma que esta última actividad provoca la muerte de unas 19.000 piezas al año y afecta a la pesca turística y deportiva, cuyo valor económico calcula en $520 millones anuales.