El expediente y el susto
— Feliz miércoles, querido país, ¿le entramos?
— Este martes la diputada oficialista Marta Esquivel Rodríguez denunció penalmente a la contralora general, Marta Acosta Zúñiga, en una nueva derivación del larguísimo expediente institucional alrededor del caso Barrenador. También tuvimos a personal técnico del MEP diciéndole a Costa Rica, con más evidencia que pirotecnia, que llevar estudiantes a cárceles para “prevenir” delincuencia juvenil no es precisamente una idea respaldada por la ciencia.
— Hay, entre ambas noticias, un frente común: cuando el Estado actúa por reflejo —por pleito, por impacto, por mensaje político, por gesto de autoridad— tarde o temprano aparece la pregunta incómoda: ¿dónde está el expediente?, ¿dónde está la evidencia?, ¿dónde está la técnica? “¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños?”.
— Empecemos con Marta contra Marta. Esta vez sí, ¡la otra Marta! Ya nos habíamos acostumbrado a que se peleara consigo misma, jejeje.
— La diputada oficialista presentó una denuncia penal contra la contralora general, Marta Acosta Zúñiga, por presunto peculado de servicios y, de paso, cualquier otro delito que determine el Ministerio Público. El reclamo gira alrededor de un punto técnico pero relevante: Esquivel sostiene que la Contraloría habría usado personal jurídico institucional para defender, a título individual, a seis funcionarios demandados personalmente en un proceso contencioso-administrativo.
— Dicho en tico: la diputada cuestiona que abogados de la Contraloría General de la República asumieran, simultáneamente, la representación de la institución y la defensa personal de funcionarios señalados en una demanda.
— Según Esquivel, una cosa es defender los intereses institucionales de la Contraloría y otra muy distinta es usar recursos públicos para representar gratuitamente a funcionarios frente a reclamos de eventual responsabilidad personal.
— Esa es la denuncia. Corresponderá al Ministerio Público determinar si tiene sustento penal, si hubo uso indebido de recursos, si la representación estaba amparada por normativa interna válida o si, por el contrario, no hay delito que perseguir. Hasta ahí, proceso puro y duro.
— Pero claro: nada de esto ocurre en el vacío...
— La denuncia llega con una cola política e institucional larguísima. El trasfondo inevitable es el caso Barrenador, derivado de la polémica contratación de diez áreas de salud de la CCSS adjudicadas a cooperativas, las posteriores intervenciones de la Contraloría sobre razonabilidad de precios y el conflicto que terminó marcando una parte importante del cierre de la administración de doña Marta (Esquivel) al frente de la Caja.
— La hoy diputada fue investigada y detenida en esa causa. La Contraloría fue una de las instituciones que sostuvo objeciones relevantes en torno al proceso. Y ahora, ya desde su curul, Esquivel denuncia penalmente a la contralora. Diay... ¡tal vez es solo una coincidencia!
— Dicho lo cual: que exista ese contexto no invalida automáticamente la denuncia. Si hubo un uso indebido de recursos públicos, debe investigarse. Punto. Pero tampoco podemos fingir que el contexto no existe. Porque existe. Y pesa.
— La propia Contraloría reaccionó sin entrar al detalle de los señalamientos y calificó la denuncia como “una acción más” contra la institución, sus funcionarios y la institucionalidad. La frase dice mucho. No prueba nada, pero ubica el clima político: la Contraloría interpreta el movimiento como parte de la amplia y constante ofensiva que ha sobrellevado recientemente contra su función de control.
— Entonces, de nuevo, volvemos al expediente...
— Si la denuncia tiene fondo, que el Ministerio Público investigue. Si hubo funcionarios públicos recibiendo defensa personal con recursos institucionales sin base legal suficiente, que se determine. Si la normativa interna de la Contraloría sí habilitaba esa representación porque los actos cuestionados fueron realizados en ejercicio de funciones públicas, que se explique. Si la denuncia es improcedente, que se archive. Pero lo que el país necesita no es otro episodio de guerra institucional a punta de titulares, sino claridad.
— Porque el problema de fondo es más grande que Marta contra Marta (la otra Marta).
— El país está acumulando conflictos entre figuras políticas, jerarcas investigados, órganos de control, instituciones autónomas, procesos penales, demandas contenciosas y constantes narrativas de persecución. En ese ambiente, sepan perdonar, cualquier denuncia puede ser dos cosas a la vez: un acto legítimo de rendición de cuentas o una herramienta de desgaste. La única forma madura, honesta y congruente de separar una cosa de la otra es con expediente, prueba y resolución fundada.
— ¿Mucho pedir?
— La brújula no puede marcar hacia la “intuición”, la “sospecha” o el resentimiento. Mucho menos hacia el aplauso de la barra o el calor del momento. Esto no se resuelve con “me cae mal la Contraloría” o “me cae mal Marta Esquivel”. Se resuelve con expediente.
— Pasemos, pues, del expediente al susto.
— Personal técnico de la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública cuestionó la propuesta de llevar estudiantes a centros penitenciarios como estrategia preventiva frente a la violencia juvenil. El criterio fue suscrito por profesionales en psicología, orientación, trabajo social y otras disciplinas, y responde a la idea planteada por la presidenta Laura Fernández Delgado de llevar estudiantes de “barrios peligrosos” al Centro de Alta Contención del Crimen Organizado para que vean lo que les esperaría si se vinculan con actividades delictivas.
— El mensaje político se entiende de inmediato: “miren cómo termina la vida si toman el mal camino”. El tema es que la política pública no debería diseñarse solo porque una imagen comunica fuerte. Por eso mismo, el personal técnico del MEP recordó que este tipo de intervenciones ya han sido probadas afuera con iniciativas como Scared Straight o los Juvenile Awareness Programs. La idea es vieja: exponer a adolescentes a entornos carcelarios para asustarlos y disuadirlos de cometer delitos. Suena intuitiva. Suena dura. Suena, para mucha gente, “lógica”.
— Pero la evidencia disponible no la respalda.
— El criterio técnico señala que las revisiones y estudios sobre estos programas no demuestran reducción de delincuencia juvenil y, en algunos casos, incluso advierten posibles efectos contraproducentes. El miedo puede provocar una reacción emocional inmediata, sí. Puede impactar. Puede incomodar. Puede asustar durante unas horas. Pero eso no significa que produzca cambios sostenidos en conducta, proyecto de vida, vínculos, salud mental, autorregulación, razonamiento moral o habilidades para enfrentar contextos de violencia.
— En otras palabras: asustar no es prevenir. Esto importa porque la prevención de violencia juvenil no se resuelve con una excursión al infierno. Se resuelve con escuela, deporte, cultura, salud mental, acompañamiento familiar, oportunidades, espacios seguros, redes comunitarias, educación técnica, empleo, identificación temprana de riesgos y presencia estatal sostenida. Todo eso es más lento, más caro, menos espectacular y menos útil para TikTok. Pero, diay... a diferencia de la cultura del shock, sí da resultados.
— Nótese que la respuesta a la carta que ofreció el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, fue más que sensata. Sánchez indicó a la Dirección de Vida Estudiantil que el criterio técnico será incorporado al análisis institucional en caso de que se plantee la iniciativa ya en “plan serio”. Precisamente por eso recalcó que todavía no existe metodología pedagógica, protocolo de implementación ni decisión administrativa alguna. También dijo que cualquier eventual programa en esa dirección tendría que contar con respaldo científico, técnico, pedagógico y jurídico.
— Caballero, me quito el sombrero.
— Eso es exactamente lo que corresponde. Que una presidenta proponga una idea no significa que el aparato técnico deba salir corriendo a ejecutarla como si fuera ocurrencia con rango de política pública. El MEP no administra sustos. Administra procesos educativos. Y los procesos educativos, especialmente con menores de edad, requieren muchísimo más que buena intención, sentido común punitivo o ganas de mandar un mensaje fuerte.
— Además, hay otro punto delicado: hablar de llevar estudiantes de “barrios peligrosos” a cárceles carga una señal social muy pesada. ¿Quién decide qué barrio es peligroso? ¿Quién decide qué estudiantes necesitan ser asustados? ¿Cómo se evita estigmatizar a jóvenes de determinadas comunidades como delincuentes en potencia? ¿Qué mensaje reciben esos estudiantes cuando el Estado les dice, de entrada, que deben ver una cárcel para entender su futuro posible?
— Ahí la propuesta deja de ser solo pedagógica y se vuelve profundamente política. Porque una cosa es trabajar prevención con comunidades en riesgo. Eso es necesario. Urgente. Indispensable. Otra cosa muy distinta es convertir a adolescentes de “barrios peligrosos” en audiencia cautiva de un teatro penitenciario.
— La violencia juvenil no nace porque a los jóvenes les falte conocer una celda. Nace de la exclusión, el abandono, la pobreza, la violencia intrafamiliar, la falta de oportunidades, el reclutamiento criminal, la ausencia de espacios seguros y comunidades donde el Estado aparece tarde, mal o solo con uniforme.
— Por eso la prevención no debería empezar con “vengan a ver la cárcel”. Debería empezar mucho antes de que la cárcel parezca una opción.
— La buena noticia, si la hay, es que el personal técnico del MEP hizo su trabajo. Puso evidencia sobre la mesa. Marcó límites. Recordó que no hay antecedentes institucionales formales que acrediten una estrategia nacional de este tipo. Propuso fortalecer programas existentes en educación, cultura, deporte y salud mental. Y pidió que el criterio sea considerado como insumo técnico para cualquier decisión.
— Eso es institucionalidad funcionando. No de forma espectacular ni llamativa. No con frase para tarima. No con reel para el Insta. Funcionando como tiene que funcionar: profesionales diciendo “ojo, esto no tiene respaldo suficiente”, antes de que el Estado monte una política pública sobre una intuición.
— Para cerrar, volvamos al frente común entre ambas noticias.
— En el caso Marta contra Marta, la pregunta es si una denuncia penal responde a un hecho verificable, jurídicamente sustentado, o si termina siendo otro capítulo de desgaste entre una figura política y un órgano de control.
— En el caso de las visitas estudiantiles a cárceles, la pregunta es si una propuesta presidencial resiste evidencia pedagógica y criminológica, o si apenas suena atractiva porque comunica mano dura.
— En ambos casos, el país debería desconfiar del reflejo automático. Desconfiar de la denuncia como espectáculo. Desconfiar del susto como prevención. Desconfiar de la idea de que un gesto fuerte equivale a una política pública fuerte.
— Mi gente, yo sé que estamos cansados, agotados y frustrados, pero, en nombre de todo lo que es sagrado, ojalá podamos recordar que el Estado no debería gobernar alimentado por adrenalina. Si convertimos controles institucionales en guerras personales y tratamos a los adolescentes de “ciertos barrios” como utilería para propaganda política, tenemos que, guste o no, poner las barbas en remojo.
— Y antes de que salten mis más fieles suscriptores —ustedes saben quiénes son—: ¡claro que hay que fiscalizar a la Contraloría! ¡Claro que hay que revisar el uso de recursos públicos! ¡Claro que hay que prevenir que jóvenes sean reclutados por estructuras criminales! ¡Claro que hay que hablar con crudeza del riesgo que enfrentan comunidades enteras!
— Pero hacerlo bien importa.
— Porque cuando se hace mal, el remedio puede salir peor que la enfermedad: una denuncia sin sustento erosiona controles; una intervención pedagógica mal diseñada estigmatiza jóvenes; una política pública basada en miedo reemplaza prevención por espectáculo... etc., etc., etc.
— Costa Rica necesita más expediente y menos vendetta. Más evidencia y menos susto. Más técnica y menos reflejo.
— Y sí, también necesita menos multiverso de Martas... pero eso, lamentablemente, no depende de la política pública. Eso ya es cosmología criolla. ¡Salud!
Bonus track: PLN rechaza plan de eurobonos del gobierno por $13.500 millones y condiciona una negociación.
Hidden track: Organizaciones piden condiciones dignas para personas Ngäbe-Buglé en cosechas de café.
Remix: Frente Amplio condiciona diálogo sobre eurobonos a descartar cambios en IVA de canasta básica.
Asamblea Legislativa
Congreso desactiva sus sistemas informáticos por intento de ciberataque
La Asamblea Legislativa suspendió este martes la sesión del Plenario y canceló las reuniones de siete comisiones después de que un intento de ciberataque obligara a la institución a desactivar sus sistemas informáticos como medida preventiva. La interrupción provocó la cancelación de las sesiones de las comisiones de Ambiente, Derechos Humanos, Gobierno y Administración, Asuntos Jurídicos, Asuntos Económicos, Asuntos Hacendarios y Asuntos Agropecuarios. Las reuniones previstas para el miércoles también quedaron en riesgo, pues sus órdenes del día deben publicarse con al menos 24 horas de anticipación.
Los detalles en Barra de Prensa.
Reporte Internacional
Parlamento francés aprueba prohibir redes sociales a menores de 15 años
El Parlamento de Francia aprobó este martes un proyecto de ley que prohíbe a los menores de 15 años acceder a las redes sociales, con lo que el país se convirtió en el primero de la Unión Europea en respaldar una restricción general de este tipo. Mientras tanto, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, anunció la salida de su jefe de gabinete, Francisco Domenech, y de la subjefa de gabinete, Itza García, en medio de investigaciones y señalamientos de presuntas irregularidades dentro de su administración. Por último, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, sufrió su primer revés político en el Congreso después de que el Senado rechazara al candidato que apoyaba para presidir esa cámara y eligiera a un legislador respaldado por sectores que hasta ahora permanecían enfrentados.
Los detalles en el Reporte Internacional.
La Jornada
Sofía Orozco conquista oro con su mejor marca en Tlaxcala
La paratleta costarricense Sofía Orozco Trejos ganó la medalla de oro en los 200 metros planos de la clase T37 durante la primera jornada del World Para Athletics Grand Prix Tlaxcala 2026. Además, Gilberth Solano recibió tres reconocimientos individuales después de la participación de Costa Rica en el III Final Four Masculino de Centroamérica. El jugador nacional terminó como mejor anotador, mejor servicio y mejor opuesto del certamen.
Los detalles en La Jornada.
Botonetas
— Exposición: El Centro Cultural de España en Costa Rica (CCE) inauguraró la exposición Perro Azul: la literatura como deporte extremo, una muestra dedicada a la trayectoria de Ediciones Perro Azul, editorial independiente que durante más de 26 años ha publicado algunas de las voces más representativas de la literatura costarricense contemporánea.
— Danza: La Comisión Nacional para la Salvaguarda del Swing y el Bolero Criollos (CONASBOL) realizará el espectáculo Latidos del Swing el próximo sábado 8 de agosto, a las 7:00 p.m., en el Teatro de la Danza, ubicado en el Centro Nacional de la Cultura (Cenac), con motivo del segundo aniversario de la organización.
— Santa Cruz: En el marco de la conmemoración del 202 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, el Centro Cívico por la Paz de Santa Cruz realizará una programación especial de actividades culturales que se llevará a cabo del 21 al 24 de julio en diferentes puntos del cantón.
— Cine: El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), por medio del Centro Costarricense de Cine y Audiovisual (CCCA), inició el proceso para conformar el Consejo de Cinematografía y Audiovisual, órgano colegiado creado mediante la Ley de Cinematografía y Audiovisual (Ley N.° 10657), vigente desde el pasado 15 de julio.
— Geología: El Área de Conservación Guanacaste (ACG) y la Universidad de Costa Rica (UCR) actualizaron dos aplicaciones gratuitas que permiten conocer de forma interactiva la historia geológica, la biodiversidad y la cultura del noroeste del país.